Guatemala

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La situación de la libertad de expresión no muestra mejoría debido al clima de violencia general contra los periodistas y al manto de impunidad que lo rodea, particularmente cuando se repite consistentemente en organismos estatales el estribillo que al periodista “se le paga o se le pega". En este período dos periodistas fueron asesinados: Marco Antonio Estrada Orla, corresponsal de Telediario de Canal 3 en Chiquimula, hecho ocurrido el 5 de junio de 2009, y Rolando Santis, de Telecentro 13 en ciudad de Guatemala, asesinado el 1 de abril de 2009. Los casos siguen en investigación por parte de las autoridades gubernamentales, pero están ligados a temáticas y circunstancias que acechan como parte del crimen organizado y a su infiltración en los aparatos de seguridad y justicia del país. Estrada trabajaba en la región oriental del país, donde los carteles de la droga operan impunemente, mientras que Santis había finalizado un reportaje, incluidas entrevistas con algunos jefes de maras que acechan en la ciudad de Guatemala. Ellos han muerto en la línea del trabajo, pero son muchos los comunicadores que continúan acechados por esas y otras fuerzas del crimen organizado por lo que se ven forzados a aumentar sus medidas de protección. Por otra parte, hay que dejar señalado el creciente ambiente de inseguridad y amenazas que viven los corresponsales de prensa en el interior del país. Existen dos fuentes para estas amenazas; el narcotráfico en varios departamentos donde opera el crimen organizado y las autoridades locales que son señaladas de corrupción. La prensa y el gobierno de Guatemala mantienen una tensa relación, hasta ahora sin fuertes confrontaciones, aunque existe una tendencia gubernamental de premiar y castigar con publicidad oficial a la prensa, según su línea editorial. Cualquier denuncia de actos de corrupción en el gobierno encuentra comentarios de altos funcionarios con el fin de pretender el desacreditar a la prensa, como si se tratara de información con intereses políticos y/o ideológicos. En cuanto al secuestro que sufrió José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, el 7 de octubre uno de sus captores fue condenado a 14 años y otro a ocho, por el delito de robo agravado, detención ilegal, estafa y lesiones leves. No se ha aclarado la autoría intelectual ni el móvil del hecho. En otro caso relevante, debido a las declaraciones realizadas por Rodrigo Rosenberg, hechas en un vídeo póstumo, donde acusó al presidente Alvaro Colom y algunos de sus funcionarios de que serían responsables de muerte si algo le sucedía, una persona fue acusada por causar pánico a través de la red social Twitter. Por su comentario en la red social twitter, Jean Anleu Fernández, en la que escribió que la "primera acción real: sacar el pisto de Banrural, quebrar al banco de los corruptos" – en referencia a las mismas declaraciones del abogado Rosenberg en las que ligaba a ese banco con los asesinatos de Khalid Mussa y su hija Marjorie - fue acusado de causar pánico financiero, siendo detenido el 14 de mayo. Le asignaron una fianza de 50.000 quetzales y un año de arresto domiciliario. Sin embargo el 10 de julio un juez ordenó que se archivara provisionalmente el caso. Otro caso, ligado a ese tema, fue el de Marta Yolanda Díaz-Durán, columnista de Siglo XXI, quien acusó al vicepresidente Rafael Espada de haberse reunido con Rosenberg unos días antes de su muerte, lo cual desmintió categóricamente el funcionario, quien sin embargo inició una acción judicial penal contra la periodista, a pesar de existir en el país una ley específica en materia de libertad de expresión, la cual manda que ese tipo de demandas deben ser por medio de un tribunal de imprenta.

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