Honduras

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En este período la práctica del ejercicio periodístico se realizó en un ambiente de amenazas, intimidaciones y acciones judiciales, en el que se produjeron cierre de medios de comunicación, agresiones físicas contra periodistas y la emisión de normas jurídicas que limitaron la libertad de prensa. En este semestre se registraron tres asesinatos de periodistas: El 13 de marzo fue secuestrado el político del Partido Liberal y periodista Bernardo Rivera cuando se dirigía a la aldea La Protección, municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara. Sus restos fueron encontrados el 9 de julio en la comunidad de Buena Vista, Florida, Copán. La Policía no ha logrado establecer las verdaderas causas del asesinato. Rivera, fue diputado en la legislatura pasada y cuando fue secuestrado se dedicaba al cultivo de café. El 31 de marzo fue asesinado el corresponsal de Radio Cadena Voces, Santiago Rafael Munguía. Le dispararon en ocho ocasiones. Según informes policiales, el asesinato ocurrió en el barrio Medina de San Pedro Sula, luego de que recibiera una llamada en su teléfono celular. Hasta el momento se desconocen las causas del asesinato. El 3 de julio fue asesinado Gabriel Fino Noriega, de 51 años, corresponsal de Radio América, en San Juan Pueblo, Atlántida. El hecho se produjo cuando salía de Radio Estelar, donde dirigía un programa. Informes recabados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos establecen que el asesinato tendría relación a sus denuncias sobre juegos de azar irregulares en las ferias de la comunidad. La libertad de expresión registró en los últimos meses un lamentable deterioro, sobre todo después de el golpe de estado del 28 de junio, que condujo a la deposición del presidente Manuel Zelaya Rosales. La labor periodística se volvió difícil, bajo condiciones excepcionales, en medio de la suspensión de garantías constitucionales, las amenazas, agresividad e intimidación de grupos de simpatizantes de los dos bandos en conflicto. Nadie se escapó de los ataques a los medios de comunicación. Fueron víctimas los fotógrafos, camarógrafos, personal técnico, reporteros, editores y hasta directores y presidentes de medios. Los bandos en conflicto desataron una campaña de desprestigio y persecución contra medios independientes, editores y periodistas, desplegada particularmente por los simpatizantes de Zelaya. Abundaron insultos contra dueños de medios y periodistas utilizándose cualquier espacio disponible, desde Internet, hasta las paredes de edificios públicos y privados. Los ataques se registraron también antes del golpe de Estado del 28 de junio, siendo sometidos los medios de comunicación a severos ataques por diferentes figuras públicas, incluido el Presidente, ministros y funcionarios. Zelaya solía cuestionar a los medios independientes, calificándolos de “poderes fácticos” en las llamadas asambleas del Poder Ciudadano, donde promovía su proyecto de “la cuarta urna”, declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Sus funcionarios de alta confianza, Patricia Rodas, canciller; Enrique Flores Lanza, secretario del Despacho Presidencial y Milton Jiménez Puerto, asesor de Casa Presidencial, solían arremeter contra los periodistas. El gerente interino de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, llevó a los tribunales a media docena de periodistas por denunciar actos de corrupción. El periodista Nelson García, jefe de redacción de Diario La Prensa de San Pedro Sula todavía enfrenta en las Cortes de Justicia una querella por difamación y calumnia interpuesta por el Sr. Chimirri. García será llevado a juicio oral el 13 de noviembre por divulgar dudosos antecedentes del ex funcionario. La discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial, también fue una manera de agredir a los medios que denunciaban actos de corrupción pública. A partir del segundo semestre de 2008 hasta junio de 2009, según informes de la SIP, el Ejecutivo emprendió una cruzada contra los medios independientes, atacándolos, cuestionándolos y descalificándolos. En una oportunidad, Zelaya advirtió a una periodista radial que agradeciera que él no era Hugo Chávez, de lo contrario ya se hubiera cerrado su radio. También reprochó y persiguió a instituciones del Estado que no alentaban su proyecto político para convocar a una asamblea constituyente. Mayo y junio ya presagiaban una tempestad contra los medios. El 15 de mayo el periodista Tomás Armando Villanueva Menjívar, quien presta sus servicios para canal 10, y tiene una columna en diario El Heraldo, denunció ser objeto de seguimiento y amenazas por parte de agentes del Estado. Ese día, sujetos no identificados secuestraron al periodista Andrés Torres, de 72 años, director del programa nocturno “Tegucigalpa de Noche”, que se transmite por la cadena radial HRN, después de un crudo enfrentamiento del Poder Ejecutivo con grupos que le adversaban, sobre una encuesta para llamar a la instalación de una asamblea constituyente. Fue liberado 18 días después. Los responsables se quedaron con un cuantioso rescate e impunes. Torres atribuyó su secuestro a la delincuencia común. El 8 de junio varios hombres armados ingresaron a las oficinas de Hondudiario, tras romper a balazos la puerta de entrada. Dentro de la oficina procedieron a cortar los cables que daban acceso a Internet. Fue el segundo atentado en menos de 15 días. El director Arístides Aceituno, atribuyó el hecho a funcionarios del gobierno de Zelaya. El 25 de junio el periodista Fernando Berríos, jefe de Redacción de diario El Heraldo, denunció que dos hombres armados contactaron a una empleada del diario, con quien le enviaron un mensaje advirtiéndole que ya conocían a su familia y los lugares que frecuentaba. El 27 de junio el subdirector de El Heraldo, Carlos Mauricio Flores, denunció amenazas de muerte que recibió por correo electrónico y mensajes de texto en su teléfono celular. Entre el 23 y 27 de junio, Renato Álvarez, presentador del programa “Frente a Frente”, que se transmite todas las mañanas por los canales 5 y 7 denunció que sufrió amenazas y hostigamiento por parte de grupos que apoyan la asamblea nacional constituyente. El 27 de junio, un denominado “comando ciudadano”, circuló en Internet la lista de 11 periodistas señalándolos como “enemigos del pueblo hondureño” y pidiendo que se actuara contra ellos. En la lista aparecen: Renato Álvarez, Canal 5, Frente a Frente; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Armando Villanueva, Canal 10; Luis Edgardo Vallejo, director de Radio América; Juan Carlos Barahona, director de la emisora HRN; Carlos Mauricio Flores, subdirector de El Heraldo; Fernando Berríos, jefe de Redacción de El Heraldo; Rodrigo Wong Arévalo, Canal 10; Adán Elvir, director de La Tribuna; María Antonia Martínez de Fuentes, directora de La Prensa y Danilo Izaguirre, periodista de HRN. La mañana del domingo 28 de junio, agentes de las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones de varios medios de comunicación electrónicos, momentos después de que fuera capturado y sacado del país el presidente Zelaya. La acción se realizó en la capital, Tegucigalpa, en El Progreso y en Yoro, contra medios afines a la política del presidente depuesto, tales como Radio Globo y Canal 36. A varios medios les suspendieron sus transmisiones, unos por ocupación militar y otros por los cortes de energía eléctrica. Mientras tanto, algunos periodistas fueron amenazados de muerte, otros fueron agredidos, tanto por manifestantes como por agentes de la seguridad pública. Las operaciones de Radio Globo fueron suspendidas por unas horas. Sin embargo, periodistas y el dueño de Canal 36, Esdras López, abandonaron las instalaciones ante la presencia militar, retomando las transmisiones tres días después. Las señales de los canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa, y La Cumbre y la Televisora de Aguán, Canal 5, del departamento de Colón también fueron interrumpidas por militares. Minutos después de la captura de Zelaya, el Canal 8, medio oficial, también salió del aire por 24 horas, y cuando comenzó a operar normalmente lo hizo con distinto personal y diferente programación. También fue militarizado el Canal 66, Maya TV, donde se transmite el programa “Hable como Habla”, que dirige Eduardo Maldonado, periodista de confianza de Zelaya. El canal mantuvo su programación, pero fue interrumpida por cortes de energía. La Radio Progreso, de la ciudad El Progreso, Yoro, también fue ocupada por militares. La periodista Mercedes Arbesú, narró que el 28 de junio varios militares entraron a la fuerza al local, suspendieron las transmisiones y forzaron a los empleados a abandonar la radio. Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento de La Paz también sufrieron ocupación militar. Varios sistemas de cable, por instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), tuvieron que sacar del aire varios canales sobre los que se adujo que mantenían una parcialidad en los hechos e incitaban al caos, entre ellos CNN, Telesur y Cubavisión. Simpatizantes del presidente destituido propinaron una golpiza el 28 de junio al fotógrafo Jhony Magallanes, de El Heraldo. También atacaron a tres periodistas de Canal 42, a quienes golpearon y les quebraron sus cámaras. Ese mismo día, el fotógrafo de diario La Tribuna, Juan Ramón Sosa fue agredido cuando cubría una manifestación de personas seguidoras de Zelaya. También fue detenido el caricaturista Allan McDonald por soldados que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material de dibujo. Luego fue dejado en libertad. Posteriormente, varios programas radiales también fueron cancelados, específicamente aquellos de organizaciones gremiales o gubernamentales en los que se expresaba apoyo a la restitución de Zelaya. Radio América canceló el programa “Voces Contra el Olvido” que dirigía personal del Comité de Familiares, Detenidos y Desaparecidos de Honduras desde hacía 10 años. El 22 de julio, Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, relató que se le comunicó que por órdenes superiores se suspendía el programa. La emisora Radio Cadena Voces sacó del aire, el 11 de julio, los programas sabatinos “Tiempo de hablar” y “La bullaranga” del Centro de Derechos de la Mujer y del Centro de Estudios de la Mujer, respectivamente, en el momento en que las invitadas se preparaban para iniciar el diálogo “en resistencia contra el golpe de Estado”. La represión contra los medios fue notoria después del 28 de junio, produciéndose ataques a televisoras, radioemisoras y medios escritos con una línea editorial independiente que exigían respeto al estado de derecho. El 30 de junio, una bomba fue colocada en el local de Radio América, ubicada en la colonia Alameda, Tegucigalpa. Según los periodistas Juan Bautista Vásquez y José Marcos Durón, el hecho se dio de noche, mientras regía el toque de queda, por lo que estaba suspendida la programación. El 4 de julio, un sujeto no identificado lanzó una granada contra las oficinas de Canal 11, de Tegucigalpa, en el predio del centro comercial donde opera el canal, dañando paredes, puertas y ventanas. Ese mismo día, Nahún Palacios, director de la televisora del Aguán, Canal 5, denunció que militares entraron a las oficinas y decomisaron su equipo de trabajo. El 31 de julio, abogados de las Fuerzas Armadas presentaron un escrito ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) pidiendo la suspensión de la frecuencia de Radio Globo, por ser utilizada para la comisión de delitos como la sedición mediante la incitación a la insurrección. El 3 de agosto, desconocidos atacaron con un artefacto explosivo de baja potencia las instalaciones de Canal 6, en San Pedro Sula, sin causar daños materiales ni humanos. El 14 de agosto, cuatro personas encapuchadas y fuertemente armadas, atacaron y quemaron un vehículo del diario capitalino La Tribuna, que viajaba hacia Juticalpa, Olancho. Tras atar de manos al conductor, los sujetos prendieron fuego al vehículo lleno de ejemplares del periódico. El 15 de agosto, personas no identificadas lanzaron cinco bombas molotov contra el frente del edificio de diario El Heraldo, en Tegucigalpa. El 24 de agosto, los transmisores del Canal 36 ubicados en el cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, fueron atacados con ácido corrosivo, dañándolos temporalmente. Ese mismo día se registró otro atentado contra el programa “Hable como Habla”, hubo modificaciones y adulteraciones del voltaje de la energía eléctrica, lo que dañó equipos electrónicos del estudio de televisión, explicó su director, Eduardo Maldonado. Entre julio y agosto las instalaciones de la Corporación Televicentro, desde donde operan los canales 3, 5 y 7, con espacios noticiosos, fueron agredidas por simpatizantes de Zelaya. Durante marchas de protesta lanzaron piedras y pintaron mensajes intimidatorios contra los periodistas, ejecutivos y editores. Lo mismo ocurrió con la emisora de cobertura nacional Radio América y los medios escritos La Tribuna y El Heraldo, en Tegucigalpa y La Prensa, en San Pedro Sula. Los simpatizantes de Zelaya realizaron marchas, lanzando piedras y/o pintando las paredes de esos medios con mensajes intimidatorios. A finales de septiembre, el gobierno de Roberto Micheletti aprobó en Consejo de Ministros un decreto que establecía el estado de excepción, agravando aún más el nivel de la libertad de prensa y expresión en el país. El 26 de septiembre, fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 124-2009 con el cual se restringía cinco garantías constitucionales: libertad personal; libre emisión de pensamiento; libertad de asociación y de unión; libre circulación y los derechos de los detenidos. Tras la repulsa internacional y nacional, el gobierno derogó el decreto el 17 de octubre, aunque mantuvo la clausura de Radio Globo y el Canal 36 hasta el 19 de octubre. También después del 28 de junio se siguieron produciendo innumerables agresiones contra periodistas: El 30 de junio de 2009 fue golpeado y agredido por la fuerza pública el periodista Nahún Palacios, en Tocoa, Colón. El 1 de julio, el periodista Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán fue agredido por varios manifestantes, de la denominada “resistencia contra el golpe”. El 2 de julio también fue agredido por la fuerza pública el fotógrafo del Diario de Hoy de El Salvador cuando cubría una marcha de simpatizantes de Zelaya en la capital Tegucigalpa. Igual en San Pedro Sula fue agredido el comunicador Rommel Gómez. El 11 de julio, seis miembros del equipo de la cadena Telesur fueron detenidos por la Policía, por andar en un carro con reporte de robo, según aseveraciones policiales. En la madruga del siguiente día fueron dejados en libertad y puestos a disposición de José Armando Laguna, embajador venezolano en Tegucigalpa. Al día siguiente los periodistas venezolanos Eduardo Silvera, Pedro Quezada, Franklin Maldonado, Larri Sánchez, Madelin García, Alexander Salazar, Hedor Lanten, María José Díaz, Adriana Sivoni, Clayyban Saint y Fredy Quintero, abandonaron Honduras por su cuenta. El 15 de julio, el periodista Allan Adális Martínez denunció que se quedó sin trabajo por calificar de golpista al régimen de Roberto Micheletti, en su programa radial “Libre Expresión” en la Radio Alegre de Tocoa, Colón. Carlos Hernández, propietario de la radio dijo que la separación de Martínez se debió a que no acataba órdenes de pautar anuncios de la marcha por la paz que se realizaría el 18 de julio en la Plaza Central de Tocoa. El 26 de julio, el periodista Martín Rodríguez y el fotógrafo Henry Carvajal, ambos de La Tribuna, fueron agredidos por manifestantes que protestaban en una de las calles del departamento de El Paraíso. El 27 de julio, simpatizantes de Zelaya agredieron al fotógrafo de El Heraldo, Juan Antonio Flores. El 30 julio, durante un desalojo de un grupo que se había tomado una vía pública en la entrada a la capital, la periodista Karen Méndez, de Telesur, fue empujada y amenazada de muerte por agentes policiales, mientras otros agentes golpearon al camarógrafo, Roger Guzmán. Los camarógrafos José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, ambos del programa “Hable como Habla” de canal Maya TV, fueron golpeados por la Policía Nacional. Juan Carlos Cruz, de la estatal Radio Nacional, fue golpeado y arrestado por la Policía el 31 de julio, cuando filmaba un enfrentamiento entre policías y jóvenes, en un sector de Comayagüela. El 5 de agosto, el reportero gráfico de Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue atacado por agentes de la Policía, cuando cubría el desalojo de manifestantes frente a la Universidad Nacional Autónoma. El 10 de agosto, miembros de la Guardia de Honor Presidencial no permitieron que la periodista de Radio Globo, Lilieth Díaz y el reportero de Canal 36 Alan Fiallos, ingresaran a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que tenían problemas con sus acreditaciones. El 11 de agosto, la presentadora de televisión Rosángela Soto, quien labora para el noticiero Hoy Mismo, que se transmite por Canal 3, fue amenazada a muerte públicamente por un manifestante que participaba en la quema de un bus y de un restaurante, ubicado en el bulevar Centroamérica. El 12 de agosto, el camarógrafo de Canal 36, Richard Esmith Cazula fue golpeado cuando filmaba manifestaciones exigiendo la restitución de Zelaya. El 12 de agosto fue agredido el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, en Tegucigalpa. En otro incidente, el director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, también sufrió amenazas de parte de simpatizantes de Zelaya. El 13 de agosto, Gustavo Cardoza fue detenido y golpeado por la Policía, cuando transmitía en directo para Radio Progreso el desalojo de un grupo de manifestantes en el sector de Choloma, Cortés. El 3 de septiembre, las Fuerzas Armadas denunciaron ante el Ministerio Público al periodista David Romero Ellner, de Radio Globo por delitos de difamación, responsabilizándolo de haber acusado públicamente al general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, de ser el autor material de la destrucción de los transmisores de Canal 36 y Radio Globo. El 23 de septiembre las ONG españolas Federación Internacional de Derechos Humanos de España (FIDH) y la Asamblea Pro Derechos Humanos, organizaciones que se presume han simpatizado con Zelaya, acudieron ante el Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para denunciar, entre otras personalidades hondureñas, a varios editores de medios de comunicación. El escrito acusa a estos editores de haber contribuido a la campaña de persecución política en sus medios de comunicación contra quienes se han opuesto al golpe de estado. Se mencionan a Carlos Flores Facussé de La Tribuna, José Rafael Ferrari de Emisoras Unidas y Televicentro y Jorge Canahuati Larach de La Prensa y “otros empresarios dueños de medios de comunicación radiales y/o televisivos, como altos responsables religiosos, que se habrían hecho igualmente corresponsables del crimen de persecución política. La acción además de arbitraria y de no haber seguido los procesos correctos y sin sustento, se ha visto como una más de las acciones intimidatorias de la facción de Zelaya de la cual podría, si sigue su curso, convertirse en un precedente funesto contra la libertad de expresión.

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