Nicaragua

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En este período, el gobierno siguió tratando de silenciar a los medios de comunicación independientes mediante la represión, la negación de información y el hostigamiento constante. El conflicto político originado por el gobierno sandinista en la búsqueda de la reelección, fue el hecho más trascendente del semestre. Después de fracasar el presidente Daniel Ortega en conseguir los votos necesarios en la Asamblea Nacional, única instancia facultada para reformar la Constitución, los magistrados que responden al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitieron el 19 de octubre una sentencia que declara inaplicable el Art. 147 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección continua del Presidente, así como la posibilidad de ser electo para un tercer período. Esta sentencia irregular se suma al masivo fraude de las elecciones municipales en noviembre del 2008, hecho que además de afectar la economía debido a que desmotivó las inversiones internacionales y que gobiernos extranjeros cortaran la ayuda económica, aumentó el número de amenazas contra la labor periodística. Los analistas prevén que los años que faltan para las elecciones nacionales serán tormentosos para los medios independientes y para aquellos que se oponen a la reelección de Ortega. El 17 de octubre, días antes de la sentencia, los gobernantes nucleados en el ALBA, acordaron crear un mecanismo de seguimiento de los medios de comunicación, con la finalidad de enfrentar la “guerra mediática” y revisar leyes sobre comunicación e información. El obispo de Chontales, monseñor René Sándigo, en una declaración de octubre en Miami parece haber resumido lo que sucede en el país: “Nicaragua se ha estancado en su proceso democrático, se percibe un ambiente de condicionamientos a los medios de comunicación, a las instituciones privadas, a la Iglesia, condicionamientos que no necesariamente son represiones directas, pero que de alguna manera perjudica la buena andanza de la nación”. El 19 de junio fue cancelada la frecuencia de la Radio la Ley de Sébaco, ciudad a 107 kilómetros al norte de Managua. Más de 30 civiles armados decomisaron los equipos, acción que contradice el Art. 68 de la Constitución que prohíbe decomisar equipos de medios y a la Ley 670, que prorrogó todas las licencias hasta que no se apruebe una nueva legislación sobre telecomunicaciones. La SIP declaró que sorprendía el uso de la fuerza y que el cierre pudiera ser una represalia contra el dueño de la radio Santiago Aburto, por críticas al gobierno desde su programa en Radio Corporación. El 8 de agosto el periodista Mario Sánchez Paz, comunicador de la Coordinadora Civil, y otros miembros de esa organización fueron víctima de agresiones físicas de parte de turbas simpatizantes del gobierno, reforzadas por empleados de la alcaldía de Managua y de otras instituciones del Estado. En el incidente fueron golpeados también Irvin Larios, Luisa Molina, Adolfo Acevedo. A Mario Sánchez, quien tomaba fotos de las agresiones, le rompieron la nariz. La Policía no lo auxilió. En otra demostración de intolerancia a la prensa independiente, el gobierno motivó la creación de un “Foro de periodistas sandinistas”, en el que participaron muchos informadores simpatizantes del oficialismo. Dicho foro se ha reunido varias veces para discutir cómo enfrentar lo que ellos llaman “La Dictadura mediática”. El primer foro fue en septiembre, con la presentación de la periodista Consuelo Sandoval, cuya exposición fue enviada por internet, con una carta de la primera dama Rosario Murillo con el título: “Enemigos de Nicaragua y los periodistas”. En la misma, se indica que los “patrones de los medios de comunicación se han convertido en enemigos acérrimos de Nicaragua”. En estos foros el ideólogo y ex diplomático sandinista Aldo Díaz Lacayo, invitó a “exprimir las neuronas para encontrar el equivalente de la propiedad de las frecuencias radioeléctricas en los medios escritos”, según afirmó, para garantizar el control de los medios escritos y la libertad de expresión. El mismo día, en el marco del foro "Compromiso Social de los Periodistas", profesionales de varios medios independientes criticaban las "pretensiones dictatoriales" de Ortega y denunciaron que aspirar a controlar la prensa escrita sería disminuir la democracia y la libertad de expresión. En un proyecto de ley de reforma al Colegio de Periodistas, presentado por la diputada sandinista y presidenta del Comité de Ética de ese colegio, Martha Marina González, se ratifica la obligatoriedad de pertenecer a ese órgano para ejercer la profesión. La actual ley se contradice en este punto; en un artículo establece que es necesario el carnet para ejercer y en otro que el pertenecer al Colegio es voluntario. Lo peor es que el anteproyecto le deja la facultad de conocer, investigar y sancionar las infracciones, a los comités de Ética y Honor de las filiales, decisiones que sólo serán apelables al Comité de Ética y Honor Nacional, acabándose ahí esa instancia. El anteproyecto no fue consultado con los miembros del Colegio y tuvo de inmediato una fuerte oposición de los periodistas. Diputados de diferentes bancadas dijeron que la reforma no debe contener la obligatoriedad de afiliación y que no la respaldarán. La diputada anunció que pretende crear un foro de discusión sobre el tema. Se han registrado cuatro sabotajes a Radio El Pensamiento mediante el corte y el robo de sus cables de transmisión. Otra radio que denunció acoso es Radio Corporación ante una disputa con la alcaldía de Managua sobre un espacio en la vía pública frente a su sede. Entretanto, el gobierno sigue con su método de ahogar económicamente a los medios más débiles, acosándolos y denigrándolos, a fin de deteriorar su credibilidad. Una encuesta de M&R Consultores, indicó que el 58,9% de los nicaragüenses cree que el gobierno ataca a los medios para controlarlos. Otra encuesta, publicada por El Nuevo Diario, en abril de 2009, titulado “Nicaragüenses se autocensuran” , mostró un incremento de 23 por ciento de febrero 2007 a febrero 2009 de personas que no quieren hablar y de un 39 por ciento a un 68 por ciento de quienes temen hacer comentarios políticos en lugares públicos. Muchos medios pequeños están en riesgo debido a la discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial. Sin embargo, Canal 4, propiedad de la familia gobernante, contrató exclusivamente la transmisión de los “play offs” de béisbol de EE.UU., pagando sumas aproximadas a 360.000 dólares. En ese espacio, el canal pauta viñetas del gobierno en las que aparecen la primera dama Murillo y el presidente Ortega. Publicistas consultados indicaron que la falta de publicidad de empresas privadas se debe a la poca audiencia del canal y al temor de los anunciantes de que sus marcas se asocien al gobierno.

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