Paraguay

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Existió una relativa calma en la relación entre los medios de comunicación y el Gobierno en este semestre. El Presidente Fernando Lugo y otros funcionarios mantienen el compromiso de no impulsar legislación que regule o restrinja la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. En su mensaje anual al Congreso nacional, el 1 de julio, Lugo enfatizó que “el gobierno no dará un paso atrás en la defensa de un periodismo libre que promueva una verdad sin mordazas”. Días más tarde, de visita en el diario Abc Color, ratificó que “no se levantará un dedo contra la libertad de prensa”. Luego, el 18 de agosto, el ministro de Comunicaciones, Augusto Dos Santos, desmintió el rumor de que se estuviera estudiando una ley de prensa, aunque abogó por la autorregulación de los medios. Otra noticia positiva fue la instauración del Poder Ejecutivo del Premio “Santiago Leguizamón” a la mejor investigación periodística sobre corrupción, cuya intención es reconocer a la labor de Leguizamón, periodista asesinado en una localidad fronteriza hace 20 años. Preocupa, sin embargo, el plan del Gobierno con cerca de 700 radios llamadas comunitarias y más de 1.200 operadores diseminados por todo el país. Todavía no queda claro cuál es el propósito de este programa que moviliza enormes recursos y que se asemeja más a una red de propaganda gubernamental bien estructurada y financiada antes que a un “plan de comunicación social”. El abultado presupuesto de publicidad oficial y, sobre todo, los criterios de asignación a los diferentes medios de comunicación también generan dudas, habiendo salido a la luz el 20 de agosto fuertes gastos en publicidad estatal. En gobiernos anteriores, los fondos dirigidos a la publicidad de entidades y campañas oficiales eran usados abiertamente para silenciar a la prensa o ganar favores de parte de periodistas y medios. Hace apenas dos semanas, el presidente de la República sacudió al país con un fuerte discurso en el que criticaba con dureza a las clases altas, acusándolas de frenar el cambio en el país. El mandatario dijo que “aquellos que aparecen en las páginas de sociales de los diarios” y las personas adineradas eran un obstáculo para las transformaciones. La alocución de Lugo desató una tormenta de críticas, de la cual intentó salir apelando a un recurso que todos conocemos: culpar a la prensa. Lugo declaró días más tarde que la prensa había tergiversado sus palabras y que había sacado de contexto muchas frases. Agregó que los medios “habían cargado la tinta” con motivaciones no muy claras. El crimen organizado continúa siendo el mayor peligro para la prensa. Zonas rurales fronterizas con Brasil son territorios sin ley en donde florecen y se consolidan mafias, narcotraficantes y contrabandistas que infiltran y se confunden con los organismos de seguridad, a su vez protegidos por políticos locales. La indefensión de medios y periodistas es tal, que la autocensura es práctica común. El 21 de junio, la casa del periodista Santiago Benítez de la Radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil, fue atacado a balazos por desconocidos. Ciertas informaciones difundidas por Benítez acerca de la actividad de narcotraficantes habrían motivado el atentado. Santiago Leguizamón fue director de esa radio. El amedrentamiento a periodistas a través de llamadas o mensajes de texto es común en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná y San Pedro. Estos sitios albergan a contrabandistas de madera y cigarrillos y productores de marihuana, sirviendo de tránsito al tráfico de cocaína hacia el mercado brasileño. Amnistía Internacional, capítulo Paraguay, reclamó garantías para los periodistas a los gobiernos central y locales. Algunas restricciones a la libertad de prensa provienen de algunos jueces cuyos fallos terminan imponiendo penas absurdas a periodistas o restringiendo el acceso a la información. Cirilo Ibarra, corresponsal de un diario en la ciudad de Limpio, en el área metropolitana de Asunción, deberá afrontar un juicio por publicar las opiniones de otras personas en referencia a un político del partido colorado, Gustavo Bello. En el escrito de la querella presentada por Bello se aduce que “su participación (la de Ibarra) fue fundamental para la difusión de calumnias contra mi buen nombre”. El juez Manuel Aguirre atendió este argumento y elevó la causa a juicio oral. Un caso más complejo tuvo que ver con la periodista radial Mina Feliciángelli quien acudió a la Justicia ante la negativa del Gobierno de permitir una entrevista con la dirigente de izquierdas Carmen Villalba, condenada a 18 años de cárcel por el secuestro de Edith de Debernardi. Villalba es portavoz del Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado que reivindicó la autoría de varios asaltos y secuestros, uno de ellos aún en curso al momento de la redacción de este informe. Se encuentra recluida en el Penal del Buen Pastor, en Asunción, lugar al que fue Feliciángelli para realizar la entrevista. El Ministerio de Justicia y Trabajo, organismo responsable de las penitenciarías del país, denegó el permiso alegando que “las instituciones públicas no pueden ser usadas para la difusión del terror, el llamado a la rebelión o a la generación de motines”. Feliciángelli apeló con el argumento de que se estaban “cercenando principios constituciones de la libertad de acceso a la información”. Finalmente, el 19 de mayo, el juez Miguel Fernández rechazó de plano el amparo promovido por la periodista debido, según su resolución, a que “no se había agotado la vía administrativa”. Principales hechos del período: El 24 de abril, a pesar de que la agencia informativa del Gobierno fue lanzada con el propósito de “presentar un país real, objetivo” según palabras del ministro de Comunicaciones, el escándalo por la paternidad del Presidente no mereció comentario alguno en el portal en internet. En septiembre, manifestantes que respaldaban la expropiación de grandes extensiones de tierra en Puerto Casado, en el Chaco, apedrearon y amenazaron a periodistas que cubrían la marcha. La furia de los manifestantes se debe a que varios medios de prensa se han declarado contrarios a la desafectación de estas tierras.

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