Puerto Rico

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El acceso a la información pública, el trato a los reporteros y fotoperiodistas en las coberturas de protestas e incidentes y la negativa a una solución satisfactoria de un viejo caso de agresión federal con periodistas, constituyen los asuntos que han ocupado la preocupación del sector de la prensa durante este semestre. El pasado 2 de septiembre, varias organizaciones periodísticas y el Centro para la Libertad de Prensa (CLP) pidieron al gobernador Luis Fortuño que dé seguimiento a una serie de planteamientos formulados desde enero sobre la cobertura y fiscalización de asuntos de interés público, en la relación prensa-gobierno. Otro elemento de preocupación es la “información selectiva” sobre actividades públicas del Gobernador, lo que ha consistido en no poner en conocimiento a los medios de distintos eventos en los que participa, bajo el alegato de que son hechos “privados”. Como consecuencia de las políticas de recorte fiscal y el despido de cerca de 17.000 empleados públicos, se han producido varios actos de protesta sindical. Previo a un paro nacional el pasado 15 de octubre, la Policía estatal intervino para remover a varios líderes sindicales que se habían encadenado en los alrededores de La Fortaleza, la casa de gobierno. Al intervenir, los agentes lo hicieron en forma indiscriminada, provocando también daños físicos a periodistas debidamente identificados. El 13 de agosto el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, José A. Fusté, desestimó la demanda civil por violación de derechos civiles y de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, presentada por seis periodistas y organizaciones de prensa contra la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Los periodistas fueron atacados con gas pimienta y golpeados por agentes del FBI el 10 de febrero de 2006, mientras cubrían un operativo del FBI. Fusté argumentó que los periodistas “podían razonablemente pensar que había un perímetro establecido y que los reporteros violaron ese perímetro al entrar al condominio”. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en representación de los periodistas, apelará la decisión sobre que los agentes del FBI no pueden responder por sus actuaciones argumentando que la decisión judicial mantiene un manto de impunidad sobre actos ilegales de una fuerza pública. En un acto dirigido a condicionar la labor de la prensa, particularmente del periodismo investigativo, el bloque mayoritario del partido de Gobierno, en el Senado, presentó el 28 de octubre un proyecto para establecer la "Ley de Delitos Electrónicos en la Internet". Aunque empieza dicho proyecto tipificando como delito la promoción, mercadeo y venta en Internet de artículos robados, es en su Capítulo II, Delitos Electrónicos contra el Estado, Sección 1, que establece el objetivo que denunciamos: "Toda persona que logre acceso fraudulentamente o ilegalmente a una computadora o sistema de computadora sin autorización o excediendo la autorización que le ha sido conferida y por ese medio obtenga información que ha sido determinada por el Gobierno como confidencial y privilegiada, y cuya divulgación no está autorizada por razones de orden público, seguridad o cualquier otra motivación, con la intención o razones para creer que tal información así¬ obtenida, será utilizada para hacerle daño al Gobierno, a cualquiera de sus ramas gubernamentales, instrumentalidades o dependencias, alterar la paz pública u otorgar cualquier tipo de ventaja a persona natural o jurídica en detrimento del Gobierno constituirá delito grave...".

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