Venezuela

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La libertad de prensa y de expresión continuó deteriorándose en este período con agresiones legales, judiciales y físicas contra medios de comunicación y periodistas independientes como parte de una estrategia intencionada del gobierno del presidente Hugo Chávez, quien avanza en la imposición de un gobierno antidemocrático. La eliminación progresiva de los medios independientes como política oficial y la “hegemonía comunicacional” como meta proclamada por el presidente Chávez, son alguno de los mayores retos que enfrenta la libertad de prensa en el país. A su servicio tiene el Presidente las frecuentes y obligatorias “cadenas” (la del 4 de octubre duró casi siete horas seguidas) con las que confisca y secuestra espacios de todas las radioemisoras y televisoras para trasmitir amenazas y retórica propagandista. Dispone además, de 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en internet. El gobierno amenazó con cerrar, multar y abrir un sexto proceso contra Globovisión, mientras la justicia, subordinada a Chávez, ha imputado a su presidente, Guillermo Zuloaga, quien está sometido a régimen de presentación ante las autoridades y prohibición de salida del país. El gobierno ha imputado también al editor del diario El Nuevo País y la revista Zeta, Rafael Poleo, ahora en el exilio; mientras que su hija, Patricia Poleo, hace cuatro años que está en el exilio. Está en la cárcel el periodista Gustavo Azocar. Chávez cerró 34 emisoras y anunció que serán 240, tratando de generar más miedo y autocensura. El gobierno extrema la discriminación, excluyendo a los medios independientes de la pauta publicitaria del Estado y utiliza toda su fuerza para tratar de intimidar y debilitar a los anunciantes privados. En julio fue prohibida por el ente oficial CONATEL la difusión de cuñas de radio y televisión en defensa de la propiedad privada promovidas por la institución CEDICE y se anunciaron sanciones contra los medios que las transmitieron. La Asamblea Nacional ha aprobado y reformado numerosas leyes negadas por el pueblo en un referendo para reformar la Constitución del 2 de diciembre de 2007, imponiéndose leyes que niegan los derechos humanos, el pluralismo político, la libertad de expresión e información; el derecho a la propiedad, a la libertad sindical, al trabajo, al debido proceso, a la educación libre y a la salud, entre otras. En octubre, el presidente Chávez sancionó la Ley del Sistema de Justicia, copiada del régimen cubano, que establece una llamada “justicia popular” con jurisdicción penal, civil, menores y hasta militar. Esta ley asigna a los consejos comunales, que dependen directamente del Presidente, la capacidad, con otros entes oficiales, para intervenir en los procesos y hasta de sancionar a los jueces. Además establece en su Art. 26 que “toda persona, según la ley, tiene derecho a participar en cualquier causa que curse en los tribunales, sea o no de su incumbencia”. Más de dos mil cargos de la administración pública están en manos de militares y una reforma, en vigencia desde octubre, a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, creó una quinta fuerza (como el ejército, aviación, marina) integrada por ciudadanos y ciudadanas de instituciones públicas o privadas, organizados y adiestrados en “cuerpos combatientes”. Hechos más relevantes en este período: A finales de marzo la presidenta de la Asamblea Nacional pidió abrir una investigación contra la periodista Beatriz Adrián, de Globovisión, por la divulgación de los salarios de los diputados. En abril, un grupo violento atacó la sede del diario El Carabobeño en Valencia y el alcalde acusó al periódico de atacar y criticar instituciones del gobierno. En mayo, el ministro de CONATEL anunció que el gobierno eliminará lo que llamó “latifundio radioeléctrico”. El 4 de mayo, por informar en primicia nacional sobre el sismo, la Asamblea Nacional solicitó sanciones contra Globovisión acusando al canal de causar alarma, mientras CONATEL le abrió un procedimiento. Una acción de amparo solicitada por Globovisión y Radio Caracas Televisión (RCTV) internacional fue declarada improcedente por el Tribunal Supremo de Justicia. El ministro de Relaciones Exteriores acusó al periodista Nelson Bocaranda de ser un “sicario de la pluma”, cómplice de asesinatos políticos y agente de inteligencia de Estados Unidos. Posteriormente, la emisora Onda, del circuito nacional Unión Radio eliminó el programa de información y denuncias de Bocaranda de su programación, produciéndose numerosas protestas de diversos sectores del país. La Asamblea Nacional prepara normas para regular la televisión por suscripción, cuyos usuarios han aumentado en el país desde que RCTV se hizo internacional y se refugió en el cable, luego de que Chávez le cerró su señal abierta, la de mayor cobertura y sintonía. Chávez le dijo a la Fiscal del Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que renuncien si no van a actuar contra los medios y pidió celeridad contra el dueño de Globovisión. En junio, CONATEL inició actualización de datos de emisoras de radio y televisión privadas, exigiendo a sus titulares presentarse personalmente a consignarlos en un término perentorio. Diputados oficialistas denunciaron al diario La Verdad de Maracaibo por “instigación al asesinato y apología del delito” ante la Fiscalía, que luego abrió una investigación al respecto. Por un programa transmitido el 13 de octubre de 2008, donde fue entrevistado el periodista Rafael Poleo, la Fiscalía reabre con “extrema urgencia” un proceso contra el espacio “Aló Ciudadano”, de Globovisión. El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue imputado en el proceso que se le sigue por los 24 vehículos nuevos que tenía en una propiedad y luego fue allanada por la Guardia Nacional su casa de residencia. Un mes después, la juez Alicia Torres denunció ante el país haber sido presionada para dictar medidas contra Zuloaga y fue sustituida por el Tribunal Supremo de Justicia. El Seniat, organismo de impuestos, multó a Globovisión con 5 millones de bolívares y días después la multa la subieron a 9 millones de bolívares. El voluntariado de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y organizaciones civiles exigen a CONATEL investigue al canal oficial VTV por “desviación de poder para perseguir e intimidar a personas naturales y jurídicas que conducen medios privados”. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia establece que las empresas pueden ser enjuiciadas penalmente. En julio, se registraron nuevas agresiones de parte de simpatizantes del gobierno en contra de las sedes de los diarios Notitarde y El Carabobeño, en Valencia. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó un proyecto de ley contra los delitos mediáticos. Ante una ola de protestas de organizaciones intergubernamentales como la ONU, la CIDH y entidades internacionales y nacionales de libertad de prensa, el gobierno procedió al cierre de 34 emisoras y el presidente Chávez aplaudió públicamente la medida. Trece periodistas del diario Ultimas Noticias, fueron agredidos cuando se manifestaban en rechazo a la Ley de Educación. El 3 de agosto ocurrió un ataque armado de la activista chavista Lina Ron contra la sede del canal Globovisión en el que actuaron 40 motorizados que portaban armas de fuego y granadas, lanzando gases lacrimógenos que penetraron hasta los estudios de la televisora, resultando dos personas heridas y numerosos trabajadores intoxicados. En septiembre, CONATEL abre el sexto proceso sancionatorio contra Globovisión, mientras que RCTV rechazó medidas en su contra. Maletines con falsas bombas aparecieron frente a la sede del Bloque De Armas, editores de los diarios 2001 y Meridiano; mientras que el foro internacional “Arekuna”, celebrado en Caracas, señala al gobierno de Chávez de presionar a los anunciantes para que no inviertan en publicidad en los medios independientes. En octubre, en el diario oficial se repudia la publicación del recién estatizado “Banco de Venezuela” en el diario El Nacional, y que este diario “pueda continuar su diaria desaforada campaña para derrocar a Chávez”. Francisco “Pancho Pérez”, periodista del diario El Carabobeño, fue imputado por la Fiscalía al ser acusado por el alcalde de Valencia por “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”, tras la publicación de su columna del 30 de marzo. El gobierno del presidente Chávez continúa negándose a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visite el país, además de no cumplir con sus decisiones así como con las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de noviembre, el Instituto Prensa y Sociedad declaró al 2009 como “el año de más violencia contra la prensa en la historia de Venezuela, sumando hasta la fecha 107 ataques contra periodistas y medios de comunicación.

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