Argentina

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ARGENTINA La libertad de prensa ha sufrido los embates de una serie de casos legales, agresiones físicas e intentos por sobrecargarla pecuniariamente. Temas pendientes son el irresuelto caso del asesinado fotógrafo José Luis Cabezas, los numerosos fallos judiciales que atentan contra la libertad de expresión y han revivido el controvertido "derecho de réplica" y el proyecto de legislación para gravar a los medios de comunicación con impuestos al consumo. El caso Cabezas, desgraciadamente, casi se ha olvidado. No ha habido ninguna variante trascendente en la investigación. Aún no se ha condenado a los asesinos, o autores materiales. Desde la muerte del empresario Alfredo Yabrán, condenado por la sociedad argentina como el presunto autor intelectual del hecho -y por cuya comisión hay policías particulares detenidos-, no se han producido novedades. Otros reclamos contra la vacilante actuación de la justicia, han sido efectuados reiteradamente. Cantidad de periodistas y medios informativos demandados, han sido condenados a prisión en suspenso o a pagar significativas sumas de dinero a los demandantes, por concepto de indemnización. Preocupa advertir también que vuelve a cobrar actualidad la aplicación del" derecho de réplica". El otro reclamo que amenaza a la subsistencia de los medios de prensa de nuestro país es el renovado intento del gobierno de implantar el impuesto a la publicidad en los medios, lo que significa un cambio de postura del poder ejecutivo nacional. El presidente Carlos Menem expresó en 1990, ante el Consejo Ejecutivo de ADEPA, que la exención de cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), "no constituye un privilegio, sino una tutela jurídica a la libertad de prensa". Se produjeron en este período numerosos casos de agresiones a diarios y a periodistas, por parte de particulares y de sindicalistas. Un hecho positivo fue la adopción de la doctrina de la "real malicia" por parte tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de algunos tribunales inferiores. Se destaca un fallo producido por una jueza de General Roca, en la provincia de Río Negro, en la que se absuelve al director del diario Río Negro y a un periodista de ese matutino, a raíz de una querella por calumnias e injurias promovida por funcionarios provinciales y municipales. La jueza comprobó que los hechos relatados eran reales y estaban avalados por pruebas, y sostuvo que si bien podían observarse algunos matices "secundarios e irrelevantes que podrían aparecer distorsionados", apuntó que esa distorsión en modo alguno había sido provocada dolosamente. Otro episodio de gravedad involucra al diario El Día, de la Plata, víctima de una discriminación informativa por parte de las altas autoridades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas el ex ministro de Justicia de la Nación, León Arslanián y actual secretario en esa jurisdicción, quienes ordenaron a la policía no proporcionar información a dicho matutino. 1 de marzo: el diario La Gaceta de San Miguel de Tucumán, denuncia que dos de sus periodistas, Rubén Rodó y Carlos Abreu, recibieron numerosas amenazas por escrito de una supuesta agrupación llamada "Familiares de Muertos por la Subversión". En la provincia se vive un clima de intimidación desde que se descubrió que el gobernador Antonio D. Bussi, tenía una cuenta secreta en Suiza. 3 de marzo: frente al medio millar de simpatizantes que se reunieron ante la Casa de Gobierno de Tucumán, el gobernador, Antonio Domingo Bussi, acusó a los medios de prensa de Buenos Aires de integrar una campaña en su contra. S de marzo: es condenado a cuatro meses de prisión "en suspenso", por el delito de injurias, por la Corte de Justicia de la provincia de Salta, el periodista Mario Ernesto Peña, propietario de la radio FM Aries y director del desaparecido diario Eco del Norte. La querella se la siguió el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Rodolfo Urtubey, a quien Peña había calificado de "servil y obsecuente", en un artículo publicado y transmitido por radio en 1994. 6 de marzo: el automóvil del director del periódico El Diario, de Resistencia, Chaco, Bernardo Balbuena, fue rociado con combustible e incendiado en la vereda del diario. Este es el segundo ataque sufrido por un directivo de El Diario. 7 de marzo: entran desconocidos en el diario Provincia 23, de Tierra del Fuego, llevándose documentación sobre las investigaciones que se efectúan sobre el gobierno provincial. 9 de marzo: dos días después de los destrozos en la redacción del diario, el periodista Norberto Coll, jefe de redacción de Provincia 23, fue amenazado de muerte. 9 de marzo: el periodista Manuel Romani, conductor del noticiero del Cana/4 "Vídeo Sur", de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, es atacado a machetazos por Adrián Caballero, un capataz de Obras Públicas de esa ciudad, mientras filmaba un camión municipal que se había caído en una zanja. 19 de marzo: el jefe de redacción del diario Hora Cero de Paraná, Nerio Quiñones, denunció ante la jueza Susana Medina de Rizzo agresiones y amenazas contra él y su familia por parte de un militar retirado, miembro del partido político del ex coronel Mohamed Alí Seineldín, contra el cual había publicado artículos. 25 de marzo: la Editorial Perfil fue condenada por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo Civil a pagar 150.000 dólares, más intereses, al presidente Carlos Saúl Menem por haber "violado su derecho a la intimidad", en un artículo aparecido en la revista Noticias. Allí se narraba la relaciónno desmentida- de la diputada provincial de Formosa Martha Meza y el actual presidente, de donde nació Carlos Nair Menem, de 16 años, los regalos que el presidente hizo a la mujer y la carrera política que ella desarrolló a partir de esa relación. 28 de marzo: la jueza en lo civil Mabel de los Santos, condenó al periodista Bernardo Neustadt, al canal de televisión Te/efé y a la señora Zidanelia Pacheco de Maronese a pagar 80.000 pesos por "daños morales" y "daños y perjuicios" a la jueza en lo civil Elisa Matilde Díaz de Vivar. Durante un programa de televisión que se emitió en 1993, la mujer había formulado lo que la Justicia consideró una ofensa al honor de la jueza. 6 de abril: la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que impuso al diario Norte, de Resistencia, Chaco, una indemnización de 30.000 pesos o dólares a un funcionario del Banco del Chaco, por "daño moral". Once años atrás el diario había publicado una carta entregada en la redacción donde se criticaba el desempeño del jefe de asesores legales del Banco, Juan Carlos Rudaz Bisson. 9 de abril: el diario Página 12, de Buenos Aires, denunció que un columnista del mismo, fue amenazado mediante nota por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ratifique o rectifique expresiones vertidas ante los medios de difusión y a aportar los elementos que obren en su poder, a los efectos de una eventual denuncia penal. El caso hace referencia a la publicación de que la Corte compró, hace algún tiempo, pagando un sobreprecio, equipos de computación que eran los más lentos y los de menor capacidad del mercado. 9 de abril: el corresponsal en Perú del diario argentino Clarín, Angel Páez, es blanco de constantes amenazas de muerte, sus teléfonos están intervenidos, fue filmado y es objeto de seguimientos permanentes. 15 de abril: alrededor de veinte emisoras de frecuencia modulada de la provincia de Salta presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal, para detener los efectos del Decreto Presidencial 310798, que dispone el cierre de las emisoras "no autorizadas" y el decomiso de los equipos. 16 de abril: el camarógrafo de "Telefé Noticias", Julio Barrios, y su asistente Javier Soria, fueron agredidos a golpes en la inauguración de la 24º Feria del Libro por simpatizantes del presidente Carlos Saúl Menem. 17 de abril: la Corte de Justicia de la República Argentina ratificó tras un voto casi unánime, que "el derecho de réplica es constitucional". En Posadas, provincia de Misiones, el fotógrafo Sixto Fariña, de la revista Mensaje, fue apresado por guardias y trasladado violentamente a la Seccional 1 ª de policía, donde su titular confirmó que se hallaba demorado. En la inauguración de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, los camarógrafos de Canal ll, Julio Barrios y Javier Soria, fueron golpeados por sujetos que proclamaban consignas favorables al presidente. El sindicato de Prensa de la provincia de Santa Cruz, denunció las amenazas de muerte que recibieron los periodistas Lorenzo González, Andrés Flores y Pablo Casiuk, quienes cubrían el conflicto minero en la localidad de Río Turbio. 20 de abril: el diario Página 12 denunció que uno de sus periodistas, Andrés Klipphan, fue amenazado de muerte en reiteradas oportunidades. El reportero estuvo investigando la corrupción y delito dentro del cuerpo la policía bonaerense. 22 de abril: el bloque justicialista en el Senado aprobó un proyecto de resolución con críticas a una información publicada por el diario La Nación. 24 de abril: una jueza de la ciudad de Mendoza condenó a "tres días de prisión en suspenso", al reportero gráfico de diario Los Andes, de Mendoza, Delto Eduardo Rodríguez. Rodríguez había efectuado una contra denuncia a personal policial, por haber sido "humillado" cuando, pese a identificarse con la documentación que lo habilitaba como periodista profesional, lo obligaron a desnudarse en la comisaría donde fuera detenido, el 4 de octubre de 1997. 26 de abril: el juez correccional de Córdoba Daniel Molinari Moyano condenó al director del diario La Voz del Interior, Luis Eduardo Remonda, a un mes de prisión en suspenso y al pago de 150.000 pesos por "daño moral" por supuestas injurias a un empresario de máquinas tragamonedas. 15 de mayo: tres periodistas argentinos fueron acusados anónimamente de estar vinculados con el narcotráfico. Se trata de Marcelo Longobardi, periodista radial, de Héctor Dámico, director de la revista Noticias (de editorial Perfil) y de Jorge Lanata, todos de la ciudad de Buenos Aires. 10 de junio: el Círculo de la Prensa de Santiago del Estero denunció que el periodista Julio Campoya, de FM Popular recibió amenazas de muerte. 12 de junio: la Cámara de Apelaciones en lo Civil condenó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a pagar al periodista Bernardo Neustadt una reparación por daño moral de 15.000 pesos, más casi tres años de intereses, por haberlo mencionado como "influenciable" por un hombre de negocios, a quien el funcionario describió como "jefe de la mafia" del correo y a Neustadt como parte de su dispositivo. Es la primera vez que un funcionario de gobierno se hace responsable por agravios a un periodista. 14 de julio: dos periodistas de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, son amenazados de muerte telefónicamente. Nilo Peretto, del periódico Castellanos y Elías Roberto Sánchez de "LT 28" de Radio Rafaela, los que se hallaban investigando el caso del asesinato del dirigente político Guido Coria, episodio ocurrido a inicios de enero de 1998. 2 de agosto: dos juezas, una de Río Negro y otra de Buenos Aires, absolvieron a periodistas acusados de calumnias e injurias contra el director del diario Río Negro, Julio Rajneri y en otros casos a periodistas del diario La Prensa. Por otro lado, se emitió una condena contra los propietarios del periódico El Cimarrón, de la ciudad de San Juan, a los que se les prohibió informar sobre cuestionamientos al titular de una Cooperativa de Viviendas. 7 de agosto: un periodista de la ciudad de Metán, provincia de Salta, Rodrigo Javier García, fue amenazado de muerte durante el programa "Cablenoticias" del canal Metán Televisara Color. 14 de agosto: el senador nacional Augusto Alasino (PJ de Entre Ríos), envió al director del diario La Nación de Buenos Aires una carta intimando al medio a pagarle 100.000 pesos como indemnización, por presuntas injurias expresadas contra su persona, "si no promoveré demanda contra ese diario". 19 de agosto: dos policías de la ciudad de Viedma fueron condenados por la justicia a dos y a tres años de prisión en suspenso, por agredir a los periodistas Walter Gutiérrez, Néstor Busso y Enrique Camino. Se trata de un comisario y un suboficial que fueron además inhabilitados para prestar servicio por el doble de tiempo de la condena. Es la primera vez que se llega a juicio por agresiones a periodistas en ejercicio de su profesión. 28 de agosto: la Federación de Trabajadores de Prensa, filial Salta, denunció que el periodista Gustavo Fantozzi, de Canal 11 de televisión de la ciudad de Salta, fue amenazado delante de varios niños por un miembro de la comitiva de la precandidata a la presidencia de la Nación, Graciela Fernández Meijide. 29 de agosto: asociaciones de prensa denunciaron que dirigentes del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, interferían la circulación del diario La Arena. ADEPA manifestó su preocupación ante este grave hecho que constituyó una violación al Código Penal, que en su artículo 161 prevé prisión a quien "impida o entorpezca la circulación de un libro o periódico" . 31 de agosto: sindicatos de los periodistas anunciaron que presentarán denuncias ante organismos internacionales por el fallo judicial que condenó al periodista Eduardo Aliverti a pagar una indemnización a un ex funcionario del gobierno nacional. Aliverti fue condenado a pagar 20.000 dólares en concepto de indemnización, en una causa iniciada por el ex funcionario del Ministerio de Salud durante el gobierno radical, Juan José Ramos. 1 de septiembre: la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma un fallo que convalida el "derecho de réplica" a favor de un particular y contra la empresa Editorial Atlántida. Cabe recordar que en los últimos tres años se dieron seis fallos similares. La prensa argentina condenó el fallo indicando que "significa un paso previo a la censura". 24 de septiembre: trabajadores de un astillero de la ciudad de Buenos Aires atacaron la sede del diario El Día de La Plata. Los manifestantes eran empleados de los astilleros que reclamaban aumentos salariales y mejoras laborales y destrozaron las vidrieras del diario arrojando baldosas. 30 de septiembre: policías bolivianos de la localidad de Yacuiba, en la República de Bolivia, rodearon a un periodista y a un fotógrafo argentinos del diario El Tribuno de Salta y Jujuy, impidiéndoles trabajar. Luego procedieron a expulsarlos del país. Ambos profesionales y un operador de televisión de un canal de Buenos Aires, que habían entrado legalmente al país, cubrían con notas y entrevistas la investigación por el caso del asesinato de dos gendarmes argentinos en la frontera. 5 de octubre: desconocidos atacan a balazos el domicilio del periodista José Luis Pagés, jefe de policiales del diario El Litoral de Santa Fe. Pagés efectuaba una investigación por varios hechos delictuosos cometidos por ex policías y ex militares de tiempos del proceso militar. 6 de octubre: el frente del diario La Calle de Avellaneda, Buenos Aires, es atacado con bombas de pintura. 21 de octubre: la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia contra el director de la revista Humor, Tomás Miguel Sanz, y ratificó una condena a un mes de prisión en suspenso, por una publicación en 1991. El fallo fue posteriormente apelado por los abogados del periodista, pero finalmente la Corte decidió convalidarlo. La demanda la había entablado el hermano del presidente de la Nación, senador Eduardo Menem, por publicar que este tenía 500.000 dólares depositados en bancos de Uruguay, según publicó una revista de ese país. En la misma edición se había publicado también un desmentido del propio senador Menem. 7 de noviembre: el periodista radial Héctor Torres, de la localidad de General Mosconi, en la provincia de Salta, denunció ante la Justicia que amenazaron su vida y que desconocidos le quemaron el auto que tenía estacionado al frente de su casa. Torres, quien viene realizando continuas críticas al intendente de esa población, Miguel Angel García, dijo que lo amenazaron por teléfono en reiteradas ocasiones, diciéndole "Acabála. Calláte ya, porque sino vas a palmar, vos y tu familia ... ". Entretanto, hay seria preocupación en la prensa por el proyecto de ley, en discusión en el Congreso, que establece penas para ciertas tareas de investigación periodística. Se trata de la prohibición del uso de grabadores, cámaras y micrófonos ocultos que pueden usarse, teóricamente, para afectar el "derecho a la intimidad", según se afirma en el mencionado proyecto Fue por la utilización de tales elementos electrónicos que se descubrieron numerosos casos de corrupción. Precisamente, el13 de noviembre, el gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, dio a conocer que, merced a una cámara oculta, se pudo documentar la maniobra extorsiva por la cual dos funcionarios de su gobierno pretendían extraer dinero de empresarios que habían ganado una licitación para proveer equipamiento informático a la provincia.

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