Chile

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El hecho más relevante del período es el secuestro, el 9 de septiembre, de Cristián Edwards, gerente de diarios regionales de la empresa El Mercurio, sobre quien la única noticia que se ha tenido hasta el momento es una comunicación dejada por los posibles secuestradores.

Durante los primeros 15 días tras el secuestro, un juez de Santiago, a peticion gubernamental, decretó la prohibición de informar sobre el caso. Ello fue acatado no sólo por los medios de la capital, sobre los que tenía jurisdicción el juez, sino también, voluntariamente, por los del resto del país. Prácticamente todos los sectores nacionales, incluyendo el Ejecutivo y la Asociación Nacional de la Prensa, manifestaron su consternación y solidaridad con el director de El Mercurio, Agustín Edwards, y su familia. La Asociación afirmó que "el ejercicio responsable de la información es el mejor camino con que los medios de comunicacion pueden cumplir su parte en la tarea común de resguardar la vida y los derechos de todos los chilenos". Preocupa a los sectores periodísticos chilenos que este secuestro, sobre todo si es seguido por otras acciones similares, deteriore severamente el clima de libertad de prensa prevaleciente en el país. Esta preocupación también se origina en el asalto perpetrado por un nuevo movimiento terrorista contra la agencia de noticias EFE. La legislacion restrictiva del pasado ha sido derogada mediante acción legislativa, a iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno ha planteado requerimiento contra la revista Punto Final, por supuesta ofensa en contra de símbolos patrios y el General Pinochet. En la actualidad, una comisión del Congreso está preparando una revisión completa de la legislación de prensa, que se espera presentar durante la próxima legislatura. El texto, entre otras cosas, garantiza el acceso a las fuentes informativas y el secreto periodístico; reemplaza algunas penas privativas de la libertad por otras pecuniarias, establece procedimientos judiciales rápidos y eleva el monto de las multas. La mayor discrepancia en el seno de la comisión se ha producido entre la Asociación Nacional de la Prensa y el Colegio de Periodistas, respecto al ejercicio del periodismo. Mientras el Colegio sostiene la exigencia del título profesional como norma general, de carácter excluyente (con algunas excepciones), la Asociación considera esa exigencia como contraria a la libre información y, por ello, inconstitucional. Ambas posiciones se han plasmado en diferentes propuestas de redacción de algunos artículos de la ley. La Federación de Medios de Comunicación ha decidido crear un Consejo de Etica para la labor informativa de sus afiliados, que pertenecen a la prensa escrita, radio y televisión. El Consejo sólo pretende resolver cuestiones relacionadas con la actuación de los medios que a él se sometan, no de periodistas individuales.

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