Argentina

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En Argentina existe libertad de prensa, pese a la subsistencia de ciertos organismos gubernamentales -nacionales o provinciales- que periódicamente intentan inmiscuirse en el control de la información.

Se advierte una tendencia creciente a responsabilizar al periodismo de los errores, excesos o imprudencia de los hombres públicos. Así tuvieron gran repercusión las negativas a aceptar el contenido de una conversación grabada entre un periodista y el diputado nacional Angel Luque, relacionadas con el sonado caso del asesinato de María Soledad orales. No obstante, el propio diputado reconoció más tarde la exactitud de la grabación objetada. Se han denunciado en este período agresiones físicas a periodistas, así como graves amenazas. En menor escala se mantiene la tendencia a que la publicidad se transforme en propaganda política, y de paso asegurarse la buena disposición del medio favorecido con las correspondientes campañas. Casos recientes: En la provincia de Catamarca, el fiscal de estado remitió a la justicia penal numerosas situaciones vinculadas al pago de publicidad de la campaña electoral del entonces gobernador provincial, con cargo directo a la Secretaría de Prensa y Difusión de su administración, en un ejemplo de lo que sucede en algunas esferas de gobierno. Lo más lamentable es que esta relación ha creado una reciprocidad, ya que en un espacio publicitario que apareció en el diario La Unión y se difundió por tres radios de la provincia de Catamarca, éstos amenazaron con lo que  alificaron de "quite de colaboración", es decir, no publicar ni difundir noticias oficiales mientras el gobierno provincial no pague sus "deudas publicitarias". El funcionario titular de dicha Secretaría de Estado de Prensa y Difusión declaró que la "intervención federal no canjeará pagos publicitarios por contraprestaciones periodísticas, ya que no comparte prácticas coercitivas ni métodos que hoy los catamarqueños quieren superar, y que han sumido a este pueblo en acciones enfrentadas a la libertad de prensa y ligadas a la manipulación". Un reportero gráfico del diario Crónica de Buenos Aires, mientras cumplía sus tareas, fue perseguido por un policía a caballo que no sólo entró en el edificio del diario, sino que, sin bajarse del equino, subió las escaleras hasta el primer piso y lo desmayó a bagatonazos. El periodista se recuperó, pero el caballo no alcanzó a salir del diario antes de fallecer víctima de un ataque al corazón. También en Catamarca fue agredido el director del diario El Ancasti por el ex subjefe de policía de dicha provincia y fueron amenazados periodistas del diario Clarín de Buenos Aires y de un canal de televisión. Han sufrido atentados y hostigamientos los diarios La Calle de Avellaneda y el El Candil de Baradero y fueron condenados por la justicia un periodista y el director del diario La Reforma de General Pico, La Pampa. Se han practicado, por parte de la Justicia, allanamientos en los diarios La Capital de Rosario y Ambito Financiero de Buenos Aires, existiendo evidente asimetría entre los hechos motivan tes y la medida adoptada. Especial gravedad adquiere la decisión del juez Ventimiglia, quien entiende en el caso de María Soledad Morales, de allanar el diaro Córdoba de la ciudad homónima so pretexto de resguardar el secreto sumarial, secuestrando la edición respectiva. Se trata de un caso de censura previa fulminada por el Artículo 14 de la Constitución Nacional y por la doctrina y las normas jurídicas universales. En el plano legislativo, resulta observable la segunda parte del Artículo 5º de un proyecto de ley de radiodifusión preparado por el Poder Ejecutivo que posibilitaría a éste, en caso de conmoción, dictar restricciones de alcance general a los medios de comunicación. En la Argentina el único medio restrictivo surge de la declaración de estado de sitio, que, según la doctrina predominante, sólo permite limitaciones a la libertad corporal, pero no a los medios informativos. Tal legislación, si fuera aprobada, pondría a los medios de comunicación argentinos al arbitrio del Poder Ejecutivo. El monopolio de telecomunicaciones pasó de la esfera estatal al sector privado, circunstancia que puede afectar a la libertad de prensa en la medida que las nuevas empresas prestadoras han anunciado su intención de brindar servicios de información utilizando la red de telecomunicaciones que explotan en forma monopólica. Para la explotación de estos servicios es necesario brindar ciertas garantías: entre ellas que las licenciatarias se limiten únicamente a la provisión de los medios de telecomunicaciones que le fueron otorgados y no obstaculizar aquéllos que quedaron sujetos a la libre competencia. En lo que concierne al orden económico, cabe señalar que subsisten los aranceles para los bienes de capital no producidos en el país y que resultan indispensables para la modernización de la industria editorial. Igualmente, se mantiene aún el arancel del 11 por ciento para la importación del papel estucado liviano utilizado para la impresión de revistas, del que tampoco hay producción nacional. Encareciendo aún más el producto, sigue rigiendo la exigencia de las líneas de agua para la introducción de tal mercadería. Favorable acogida han tenido iniciativas del senador José Antonio Romero Feris y del diputado nacional Fescina, que establecen el libre acceso a las fuentes de información por parte de los periodistas y aseguran a éstos la posibilidad de guardar el secreto profesional. Ambos proyectos se encuentran en fase de discusión legislativa. En el plano judicial, más allá de las circunstancias comentadas, es advertible un progreso de la sana doctrina desenvuelta en el famoso caso "New York Times c/Sullivan" respecto al libelo cuando su destinatario es un funcionario o una persona pública. Papel Prensa, reducidos sus accionistas a dos diarios, Clarín y La Nación y el sexto gobierno de turno, continúa practicando discriminación en la venta y entrega de su producto.

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