Panamá

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PANAMA Luego de 21 años de régimen militar, en Panamá se ejerce el periodismo con libertad; los medios de difusión gozan de buena salud financiera y reflejan una diversa gama de opiniones, incluso la de los amigos del general Noriega. Sin embargo, aún persisten situaciones inconvenientes, que oscurecen severamente el panorama. Se mantienen en vigencia las leyes de prensa de la dictadura, a pesar de las múltiples promesas de derogarlas. Según indicios de los últimos meses, parece existir acuerdo respecto a un proyecto de derogatoria de las leyes restrictivas de la libertad de prensa. Igualmente, el presidente Guillermo Endara se ha manifestado de acuerdo con pasar el tema de los delitos contra el honor de la legislación penal a la legislación civil, siempre que surja una fórmula aceptable de introducir el concepto de daños punitivos. Se trabaja actualmente en este anteproyecto. Conversaciones con legisladores de la oposición, especificamente del Partido Demócrata Cristiano, hacen pensar que es posible lograr su voto favorable una vez la Presidencia presente el proyecto de ley. El gobierno ha interpuesto dos demandas por calumnia con base a la legislación dictatorial existente; una contra Dagoberto Franco de El Siglo, y otra contra el caricaturista Joaquín Carrasquilla, de La Prensa, que fue retirada. La de Dagoberto Franco sigue pendiente. A pesar de un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, los problemas legales y financieros de la Editora Panamá América, provocados por acciones arbitrarias del régimen militar, no han sido solucionados. La Sociedad Interamericana de Prensa ha desarrollado una intensa batalla en este tema, sobre todo frente al gerente del Banco Nacional (del Estado), quien mantiene una hipoteca sobre los bienes de la Editora Panamá América, para garantizar deudas adquiridas por los militares, mediante la Editora Renovación, durante el despojo ilegal de sus instalaciones. Esta hipoteca, por casi dos millones de dólares, ha impedido a la Editora Panamá América ser sujeto de crédito para urgentes inversiones. El 18 de octubre, el presidente Endara, quien hasta ahora ha respaldado al gerente del Banco Nacional, comunicó al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Eduardo Ulibarri, su disposición a que el caso se resuelva mediante un "arbitraje de equidad" o "arbitramento", siempre que lo autorice el Contralor General de la República. La Editora Panamá América además afronta más de 300 reclamaciones laborales de empleados que habían sido contratados por la Editora Renovación durante la época de la dictadura.

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