Paraguay

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PARAGUAY Puede afirmarse que en Paraguay existe la libertad de prensa y que el gobierno paraguayo respeta la labor periodística, a pesar de lo cual ciertos hechos informativos ensombrecen su labor. Sin duda, el hecho más grave fue el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, director de Radio Mburucuyá, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, y corresponsal del diario Noticias de Asunción, ocurrido el 26 de abril de 1991. Tres delincuentes, que no pudieron ser identificados por las autoridades, interceptaron el automóvil en que circulaba por la ciudad y le dieron muerte, acribillándolo con 22 balazos. Los asesinos habrían tomado represalia por una serie de artículos periodísticos y denuncias radiales, a través de las cuales Leguizamón denunciaba la impunidad en que se manejaba la delincuencia organizada (contrabando y narcotráfico) en Pedro Juan Caballero. El 24 de septiembre pasado, el periodista del diario ABC Color y de Radio Ysapy, Víctor Benítez, fue condenado a la pena de cuatro meses de prisión y al pago de una multa por el juez del fuero criminal Nelson Mora Rodas, quien lo halló culpable de los delitos de difamación y calumnia contra el empresario Juan Carlos Wasmosy. El juez impuso la condena mencionada luego de la sustanciación del juicio iniciado a Benítez el1ó de abril de 1990, en base a una querella criminal promovida por Wasmosy contra el periodista por comentarios que consideró difamatorios, realizados el l5 de marzo de 1990 durante su programa radial "Transición", transmitido por la Radio Ñandutí. El ingeniero Wasmosy, además de empresario, es miembro del Consejo de Estado, organismo consultivo del Poder Ejecutivo durante el receso parlamentario. Benítez, quien es el primer periodista en ser penado judicialmente por este tipo de delitos, fue posteriormente perdonado por el querellante, y en consecuencia el juez dejó sin efecto la condena de cuatro meses de prisión que impusiera, procedimiento autorizado por la legislación paraguaya. Una carpeta completa del caso del periodista Víctor Benítez fue entregada a la Junta Directiva de la SIP. El diputado nacional Dr. Julio César Vasconsellos, del oficialista Partido Colorado, presentó a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un estatuto de la prensa. El proyecto, que consta de 3S artículos, fue presentado el 14 de agosto de 1991, luego de unas consideraciones realizadas por el comandante de la Primera División de Caballería, general de Brigada Lino Oviedo, sobre la actividad de la prensa en el curso de una reunión, a la que no se permitió el acceso de la prensa, mantenida junto a otros altos jefes militares y líderes empresariales llevada a cabo el 7 de agosto de 1991. Pese a las restricciones impuestas a la prensa, los periodistas que se encontraban en una sala contigua a la que se desarrollaba la reunión militar -empresarial lograron grabar parte de las afirmaciones del general Oviedo. Refiriéndose a la prensa, Oviedo manifestó que los "únicos que ganaron con esta democracia son los de la prensa; ellos son los que están recibiendo los beneficios de los resultados de esta democracia". Añadió que "tenemos que poner las reglas del juego. Tenemos lo fundamental para ello: inteligencia, capacidad, voluntad". Una querella criminal por el supuesto delito de difamación fue promovida ante la justicia penal el 17 de septiembre de 1991 por el empresario Carlos Barreto Sarubbi contra el director y los periodistas del diario ABC Color. Dentro de una serie de 124 notas, titulada "La Corrupción es el pan de cada día en el Este", en unas 20 de ellas se hace referencia a las actividades del demandante en Ciudad del Este (ex-Ciudad Presidente Stroessner); anteriormente, el corresponsal de ABC Coloren esa localidad y dos empleados del periódico Noticias fueron objeto de agresiones físicas, entre abril y mayo.

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