Perú

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En el Perú se mantiene vigente el libre ejercicio de la profesión periodística, así como la plural circulación de diarios y revistas.

Sin embargo, durante los últimos seis meses seis periodistas han sido asesinados. Con ello se eleva a 30 el número de periodistas muertos por acciones terroristas desde 1980, año en que esa actividad empezó en el país. El 14 de julio fue baleado Luis Morales Ortega en la plaza principal de Ayacucho. Se presume que los autores fueron miembros paramilitares del "Comando de Lucha Antiterrorista", quienes cuatro días antes habían amenazado de muerte al periodista. Este era sindicado como el corresponsal de la revista El Diario, órgano oficioso de Sendero Luminoso, que actualmente se edita en la clandestinidad. Fue asesinado igualmente el periodista puneño Gustavo Zúñiga Ucharico, quien era también secretario general de Cambio 90 en Puno. Zúñiga conducía el programa radial Reportaje a la Noticia. Se presume que los asesinos eran miembros de Sendero Luminoso. Víctima de una carta bomba murió hace dos semanas la periodista Melissa Alfaro Méndez. El sobre estaba dirigido al director de Cambio, semanario izquierdista, portavoz del grupo terrorista Túpac Amaru, órgano en el que Melissa Alfaro laboraba. Al momento no se conoce a los autores del crimen. Se presume que pudiesen ser grupos paramilitares antisubversivos o bien grupos terroristas enfrascados en rencillas internas. El lO de octubre, fue baleado en el corazón el periodista Antonio Huaccachi Chávez de 29 años de edad. Era director de la revista Cal y Canto y presidente del Círculo de Periodistas de Turismo de Ayacucho. Primeras investigaciones hacen presumir que los autores fueron miembros de Sendero Luminoso. El juez instructor de Huanta, Moisés Ochoa Girón, abrió instrucción contra dos oficiales del Ejército, acusados del asesinato del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos acaecido hace tres años. Ello fue interpretado como un importante paso hacia el juzgamiento de los militares implicados: el comandante Víctor La Vera Hernández, jefe político militar de Huanta, y el mayor Amador Vidal Sambento, a quien se señala como autor directo del crimen. Sin embargo, hasta la fecha los inculpados no han rendido su instructiva. Se amparan en haber interpuesto una excepción de cosa juzgada, alegando que han sido ya absueltos en el fuero militar. Lo preocupante es que, luego de rechazar este recurso, Ochoa ha sido destituido por la Corte Superior de Huamanga. Por su parte, la justicia militar se habría apresurado a exculpar a los oficiales implicados con el fin de detener la marcha de la justicia civil. El último semestre se ha visto caracterizado por una extraña escalada en acciones legales contra periodistas. El director de la revista Caretas, Enrique Zileri, fue denunciado por el ex capitán Vladimiro Montesinos, personaje allegado al Presidente de la República y vinculado públicamente con el servicio de inteligencia. Como consecuencia, el juez abrió instrucción contra Zileri y prohibió a Caretas publicar cualquier artículo sobre Montesinos. Esto es posible en el Perú porque durante la época del gobierno militar se modificaron dos artículos del código de procedimientos penales vinculados a la apología del delito. Ello permite que los jueces puedan prohibir la publicación de informaciones apologéticas de algún delito. Como consecuencia, para impedir la publicación de una información basta denunciar al periodista por difamación y, si cuenta con el favor del juez, éste la prohibe. El aparente problema de fondo -la acusación por difamación- está en la Corte Suprema, luego de haber sido desfavorable a Zileri en las dos instancias previas. Los artículos de marras dejarán de regir a partir de 1992, en que entrará en vigencia el nuevo código de procedimientos penales. Dentro de esta secuela de juicios, el periodista Francisco Igartua, director de la revista Oiga, fue también demandado por difamación por "falsedad" de una información sobre supuestas irregularidades en el Seguro Social. La noticia había emanado de una comisión investigadora del Congreso. A pesar de que el diputado denunciante se ratificó por escrito en su denuncia, el juez instructor falló contra Igartua. El tribunal correccional revocó la sentencia anterior basándose en que la función del periodismo es informar a la opinión pública. Inclusive un grupo de presidiarios, aparentemente terroristas de Sendero Luminoso, interpusieron una acción de habeas corpus contra el director del diario Expreso, Manuel d'Omellas. Lo denunciaron por la publicación de un titular en el que se informaba sobre un amotinamiento en una de las prisiones. Similar presión pretendió ejercer Sendero Luminoso contra el director de la revista Oiga al interponer una acción de habeas corpus a raíz de una información publicada en la revista. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable al proyecto de ley, que sanciona el secreto profesional periodístico, presentado por el diputado Pedro Cateriano Bellido. En el Perú este derecho está sólo reconocido en el código de ética del Colegio de Periodistas. En el área del libre acceso a la información pública, no se ha producido mejora. En la práctica, gran parte de la burocracia continúa considerándose dueña de la información y negándola cuando así lo considera conveniente. Un hecho positivo lo constituyó la aprobación del pedido solicitado por el senador Humberto Carranza Piedra, a raíz del último informe ante la SIP, para que el ejecutivo dictase las medidas dirigidas a garantizar el libre acceso a la información pública. El llamado fue desoído. En varias zonas del país periodistas fueron hostilizados por las fuerzas del orden, luego de haber publicado denuncias de violaciones de derechos humanos. En Tarapoto, la policía, en actitud matonesca, hizo disparos al aire contra la periodista Cecilia Valenzuela, del programa de televisión "En Persona", con objeto de disuadirla de continuar filmándolos. El 20 de octubre, Nicolás Sanlúcar, director del programa "La Revista Dominical", que se transmite por el Canal 4 de televisión, afirmó que él y el jefe de seguridad de la empresa, Rómulo Robato, habían sido amenazados de muerte, luego de transmitir, el 13 de octubre, un cassette con una conversación entre el ex-presidente Alan García y dos legisladores de su partido. Llaman también la atención las limitaciones de movimiento a las que son sometidos los periodistas en el aeropuerto de Lima. Existe gran preocupación por las eventuales restricciones y riesgos a la libertad de prensa como consecuencia de diversos artículos promulgados en el nuevo Código Penal. Así, por ejemplo, los periódicos quedarían imposibilitados de tener antecedentes sobre muchos personajes públicos, pues el artículo 157 impide tener archivos con referencias políticas. Se han podido detectar más de 10 artículos en los que la libertad de prensa pudiera ser afectada. En la próxima asamblea se presentará un informe definitivo sobre el tema y las posibles correcciones legales que se impulsarán.

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