Venezuela

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En Venezuela ha empeorado la situación en que deben desarrollar su labor los periodistas y la prensa. Se han producido numerosas amenazas y actos de amedrentamiento, en varios de los cuales han patticipado funcionarios gubernamentales.

El Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salom, en reciente declaración, se pronunció en torno a la existencia de una "confabulación de leguleyos y jueces corruptos en una complicidad operativa", para llevar a periodistas a la cárcel. "Las maniobras -dijo Escobar Salom en el foro sobre "Denuncia y Libertad", celebrado en Caracas el mes pasado- destinadas a poner en peligro la libertad de los periodistas a expresarse pueden afectar la legalidad democrática". El diputado Oscar Yanes, en su condición de periodista y Presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, denunció que las acciones del gobierno parecieran tener como objetivo acallar el periodismo investigativo. En estos últimos meses, se han producido casos de espionaje, amenaza directa, asalto a las viviendas de periodistas y editores y campañas de desprestigio. Adicionalmente el ejecutivo está utilizando el poder judicial para mantener acosados a periodistas y editores por la publicación de informaciones. Los casos más relevantes han sido los siguientes: 1. Según denuncias del diario El Nacional, respaldadas en grabaciones, los directores de la Oficina Central de Información de la Presidencia y del Servicio de Inteligencia Militar, plantearon la intervención de los teléfonos privados de algunos periodistas que han denunciado presuntos hechos de corrupción cometidos por funcionarios gubernamentales. 2. El ministro de Información ha criticado sistemáticamente a los medios que han planteado denuncias que involucran a funcionarios gubernamentales. 3. El columnista de El Universal, José Vicente Rangel, denunció una campaña de amedrentamiento y descrédito por parte del gobierno en contra suya y de otros periodistas, y vinculó directamente en ella a la Presidencia de la República. Esa campaña, según su opinión, está encaminada a callar a quienes practican el periodismo investigativo y de denuncia. 4. El 13 de junio, la casa del periodista Rafael Poleo, director del diario El Nuevo País y la revista Zeta, de Caracas, fue asaltada por un grupo de individuos, entre los cuales el tribunal que investiga los hechos ha identificado a dos miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), y por lo menos a tres de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Uno de los agentes de la DIM, Winston Vivas Useche, a quien se ha señalado como contacto entre altas esferas gubernamentales y quienes cometieron el asalto, fue capturado por la Policía Judicial y entregado a la DIM, en cuyas instalaciones apareció muerto, sin haber sido interrogado por el juez. 5. El director del diario El Nacional, Alfredo Peña, ha sido presa de llamadas anónimas con amenazas contra su vida, luego de que el diario formuló una serie de denuncias sobre presuntos actos de corrupción por parte de personas ligadas al Presidente de la República. 6. El mismo día de la publicación en Caracas de las denuncias presentadas ante la SIP por la comisión de Venezuela, la alcaldía de Caracas ordena la paralización perentoria de una de las rotativas del diario El Nacional aduciendo "contaminación sonórica." Esta rotativa tiene más de 11 años operando ininterrumpidamente en el mismo sitio sin quejas anteriores.

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