Impunidad - México II

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CONSIDERANDO que en abril de 1988 fue asesinado Héctor Félix Miranda, El Gato Félix –director y columnista del semanario Zeta de Baja California, y que las autoridades del estado omitieron investigar la existencia de un autor intelectual, a pesar de que existían indicios CONSIDERANDO que en mayo del 2004, representantes del estado de Baja California y del gobierno de México firmaron un acuerdo bajo la tutela de Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Sociedad Interamericana de Prensa para crear un grupo de trabajo que revisara el expediente sobre dicho crimen CONSIDERANDO que se han sostenido tres reuniones de trabajo y que la Procuraduría General de Justicia de Baja California expuso a la SIP, en septiembre del 2005, sus observaciones técnico-jurídicas preliminares sobre los expedientes en los que se investigó la muerte de Héctor Félix Miranda y el encubrimiento de uno de los cómplices del asesinato, en las que concluye que prescribieron los delitos y no es posible indagar más; siendo, sin embargo, una posición no definitiva CONSIDERANDO que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comprometió que un mes más tarde, en octubre del 2005, enviaría un documento a la SIP para que lo revisara y presentara sus observaciones, pero la SIP aún no lo ha recibido CONSIDERANDO que en julio de 1991 fue asesinado el periodista Víctor Manuel Oropeza, columnista de El Diario de Juárez (Chihuahua, México) y que desde esa fecha ninguna persona ha sido sentenciada por el crimen CONSIDERANDO que después de que la SIP, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua revisaran el expediente sobre el crimen en febrero del 2005, quedó en evidencia que las autoridades en esos años no investigaron a fondo el crimen, se perdieron algunas evidencias, el posible móvil profesional ni siquiera se abordó y otras hipótesis quedaron sin conclusión CONSIDERANDO que desde entonces la Procuraduría ha retomado las investigaciones y profundiza en todas las líneas, consiguiendo hasta ahora resultados prometedores que permitirían, de continuar el trabajo, conocer a los responsables materiales y, quizá, intelectuales del homicidio; pero que para lograrlo, las autoridades de Chihuahua requieren que el Poder Judicial del estado contribuya, en la medida de sus posibilidades legales, a que todas las diligencias se practiquen y que la Procuraduría General de la República entregue toda la información que tenga sobre el caso. CONSIDERANDO que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE exigir a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California que cumpla con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (número de caso 11.739) y que fue aceptada por el Estado mexicano, para que investigue de forma seria, profunda, imparcial y efectiva, a todos los posibles involucrados en el asesinato del columnista Héctor Félix Miranda; así como a los funcionarios que, en su caso, pudieron haber incurrido en alguna irresponsabilidad en la procuración y administración de justicia. demandar al Estado mexicano y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California que cumplan con los acuerdos firmados durante las reuniones del grupo de trabajo y envíen, en breve, el informe final sobre sus observaciones técnico-jurídicas sobre los expedientes de Héctor Félix Miranda. instar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California a que no determine la prescripción del caso de Héctor Félix Miranda, atendiendo la legislación internacional que ha firmado México, y llegue al fondo del homicidio para que no quede impune. alentar el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua para esclarecer el crimen del columnista Víctor Manuel Oropeza y animar a los responsables de las indagatorias para que en junio próximo, cuando se realice una nueva reunión del grupo de trabajo se tengan resultados contundentes que permitan identificar, detener y someter ante la justicia a todos los responsables, entre ellos los posibles autores intelectuales insistir al gobierno federal que ordene a la Procuraduría General de la República entregue todos los documentos que existan en sus archivos sobre el homicidio de Víctor Manuel Oropeza solicitar a la Procuraduría General de la República que apoye y fortalezca los trámites de extradición que le presenten las autoridades de Chihuahua, para que uno de los presuntos responsables del crimen, Samuel de la Rosa Reyes, sea localizado y extraditado desde Estados Unidos exhortar al Poder Judicial del estado de Chihuahua, para que continúe apoyando, dentro del marco de la legislación mexicana e internacional, las diligencias que deben llevarse a cabo para el esclarecimiento del crimen del periodista Víctor Manuel Oropeza.

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