Conclusiones

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La Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Barbados comprobó que existe un claro retroceso en la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio occidental, registrándose incontables acosos por parte de gobiernos populistas autoritarios, fuerzas de seguridad, grupos armados parapoliciales y el crimen organizado, entre otros. Justo cuando la SIP celebra el XX aniversario de la Declaración de Chapultepec, documento base para el ejercicio de la libertad de prensa en las Américas, nueve periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses; cuatro en Brasil, dos en Honduras, dos en México y uno en Colombia. Esta violencia galopante sigue dejando una estela de impunidad y, solo en Colombia, cinco crímenes prescribieron y 142 continúan sin castigo. En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú se registraron agresiones contra medios y periodistas entorpeciendo la cobertura periodística en protestas públicas así como en casos de denuncias sobre corrupción pública, generando mayor autocensura. Como era previsible, las leyes de prensa en vigor en varios países sirvieron para crear mayores restricciones a los medios y minimizar la libertad de prensa. En Ecuador, la reglamentación de la Ley de Comunicación creó la Superintendencia de Información y Comunicación que ya ha aplicado varias multas a los medios imponiendo un nuevo tipo de censura que coarta su capacidad operativa. El acoso judicial contra medios y periodistas se registró principalmente en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú y Brasil con demandas civiles y criminales en especial interpuestas por funcionarios públicos en represalia por denuncias sobre corrupción. En Barbados, tres ejecutivos periodísticos está procesados criminalmente por la publicación de una foto que había sido divulgada en las redes sociales, mientras que un bloguero en Estados Unidos y otro en Cuba continúan presos por el contenido de sus denuncias contra gobernantes. La falta de transparencia y acceso a la información pública sigue siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde algunos gobiernos mantienen el secretismo absoluto pese a la  vigencia en sus países de leyes de Acceso a la Información Pública que obliga al Estado a divulgar sus actividades. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos. En Argentina, el gobierno de la presidente Cristina Fernández continúa restringiendo la publicidad oficial para castigar a medios críticos y otorgando esa publicidad a medios afines al gobierno. Esta práctica sigue extendiéndose en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. Se suman a estos excesos contra la libertad de información la concentración de medios en manos del Estado. En Bolivia, desconocidos siguen comprando medios privados e independientes que enseguida se vuelcan al servicio del gobierno, y en Argentina, Ecuador y Nicaragua los gobiernos siguen ampliando el número de medios que se utilizan para hacer propaganda. No todas son malas noticias para la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio. En Jamaica, el Congreso aprobó reformas descriminalizando la difamación mientras que en Grenada se enmendó la ley de Delitos Electrónicos suprimiéndole artículos contrarios a la libertad de información. El Tribunal Constitucional de Costa Rica declaró culpables a la Fiscalía y Policía Judicial de violar los derechos a la intimidad y secreto de las fuentes en un caso de espionaje contra periodista y, en Paraguay, el Senado aprobó un proyecto de ley de acceso a la información. Además, el gobierno canadiense dejó sin efecto un proyecto de ley sobre vigilancia en el internet que afectaría el derecho a la privacidad y la confidencialidad de las fuentes. Finalmente, la angustiante situación de los periódicos independientes de Venezuela y el derecho en peligro de los ciudadanos de esa nación a la información, generaron las más altas muestras de solidaridad de los delegados a esta reunión que, empezó y culminó, con una exhortación a concretar el envío de papel periódico que ayude a los diarios impresos venezolanos a superar el bloqueo gubernamental y seguir adelante en su labor informativa en un momento determinante para las instituciones democráticas del país.

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