El riesgo de impunidad en otro crimen contra la prensa en Perú

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Representantes del CPP y la SIP, junto a periodistas de Radio Rumba. (Virgilio Grajeda) El caso Lima Calle Según el Ministerio Público, un equipo de fiscales especializados llegará esta semana a Pichanaki (Junín) para profundizar las investigaciones sobre el asesinato de Gloria Lima Calle, la esposa del periodista Gerson Fabián Cuba, el pasado 17 de octubre, en las instalaciones de radio Rumba de esa localidad. Como se sabe, en la madrugada de ese día dos personas armadas ingresaron a esa emisora con el pretexto de contratar avisos; dentro de la radio agredieron al periodista Cuba delante de su hijo y asesinaron a su esposa cuando ella intentó defenderlo. El caso ha sido tomado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras instituciones de defensa de la libertad de expresión como IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). El traslado de este caso a Lima debe concretarse cuanto antes debido a la falta de garantías en la zona; en los primeros trámites se ha podido advertir la falta de compromiso del fiscal provincial de Chanchamayo, quien se durmió en una de las primeras diligencias. El Fiscal de la Nación ha prometido indagar por este proceder. Esta denuncia corre el riesgo de convertirse en un típico asunto de impunidad y de ejercicio de poder. Cuba, propietario de radio Rumba, conducía un programa de noticias junto a otro comunicador, Rolando Campos. En los últimos meses, ambos denunciaron los abusos de los traficantes de tierras en la zona, por lo que fueron amenazados por uno de ellos, Alfredo Torres Cano. Uno de los asesinos fue reconocido y detenido y según los primeros indicios es un sicario contratado para la ocasión. Los ciudadanos de Pichanaki han señalado el peligro que representa el crimen organizado en la zona, el cual está articulado al narcotráfico, el tráfico de tierras y el poder que goza por haber mediatizado a la policía, a la justicia y amenazado a la prensa. Recién luego de 10 días se ha formalizado la denuncia contra el único detenido, en tanto se informa que Torres Cano, sindicado como el autor intelectual del asesinato, se pasea por las calles de la ciudad. El caso no debe convertirse en otra estadística de la impunidad. Como reza la experiencia de otros hechos similares en ciudades del interior del país, la presión de los grupos ilegales que defienden negocios igualmente ilícitos genera un clima de zozobra y de silencio que favorece la reproducción del crimen. Este fenómeno ha podido apreciarse, por ejemplo, en Pucallpa luego del asesinato del periodista Alberto Rivera, y en Áncash, en donde si bien felizmente no fue asesinado ningún periodista más de uno fue amedrentado. Lo mismo sucedió en Tumbes y Loreto en los casos de corrupción recientemente denunciados. Es preciso romper la cadena de la impunidad y el silencio y en esa dirección es muy importante que la judicialización del caso transcurra con oportunidad y veracidad, como una fórmula que evite más ataques y crímenes contra la prensa. Según informó el Consejo de la Prensa Peruana desde 1982 hasta la fecha han sido asesinados 59 periodistas en el Perú en el ejercicio de sus labores informativas y ahora mismo se tienen nuevos casos, entre los más recientes, los de los periodistas de Ayacucho Paola Collazos y José Atauje, corresponsales de Canal N y América Televisión.

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