La Sociedad Interamericana de Prensa criticó el embargo judicial promovido por Parodi. En un informe, el organismo sostiene que existe "una ofensiva contra el periódico".
El embargo interpuesto por el ministro de Economía, Carlos Parodi, a El Tribuno, figura entre los casos de ataques a la actividad periodística que fueron incluidos en el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la Argentina. La presentación del documento tuvo lugar en la 71ª Asamblea de la SIP, que se celebra desde el viernes pasado en Charleston, Estados Unidos.
El organismo internacional calificó a la medida de bloquear las cuentas bancarias de este diario, ordenada por el juez interino Leonardo Rubén Aranibar, como "inaudita y claramente excesiva". El oficio del magistrado salteño se cumplió el 31 julio, apenas 24 horas después de que Parodi recurrió a la Justicia al sentirse agraviado por las publicaciones que revelaron su exponencial crecimiento patrimonial y sus viajes alrededor del mundo desde que es ministro.
El informe de la SIP, una de las principales instituciones mundiales dedicadas a defender la libertad de expresión y de prensa, sostiene que la acción judicial de Aranibar "se enmarca en una ofensiva del gobierno local contra el periódico".
"El Tribuno es objeto de una persecución judicial, que forma parte de una estrategia del Gobierno de Juan Manuel Urtubey para amedrentar y coartar la libertad de expresión, que en muchos casos cuenta con la complicidad de jueces y funcionarios judiciales disciplinados", consigna el documento que presentó el director del diario, Sergio Romero, ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Las presentación describe las acciones judiciales iniciadas contra El Tribuno por el ministro de Economía, Carlos Parodi, y el hermano del gobernador y también funcionario provincial, Facundo Urtubey.
"El 18 de mayo, un día después de las elecciones, Facundo Urtubey inicia una demanda contra el diario por notas sobre una apropiación y desmonte de tierras de Ballivián, en el norte salteño, publicadas en setiembre de 2013", recuerda Romero en el escrito.
Embargo inédito
En cuanto a la medida cautelar presentada por Parodi, que derivó en el embargo a El Tribuno, el informe advierte que el juez interino Araníbar firmó la orden a pesar de que el Ministro de Economía ni siquiera había abonado la tasa de Justicia y tampoco hizo efectiva la contracautela que exige la ley en esos casos.
"A fines de julio y durante casi dos meses, todas las cuentas bancarias de Horizontes SA, la empresa editora de El Tribuno, estuvieron inmovilizadas por el embargo preventivo que obstaculizó el funcionamiento del principal diario de Salta", consigna el informe.
Se menciona, además, el repudio que causó esta medida entre varios abogados locales, incluidos los exjueces Armando Frezze y Cristina Garros Martínez, quienes advirtieron que los embargos de depósitos bancarios son inusuales hasta en juicios que tienen sentencias favorables a los demandantes en primera instancia.
Otras de las "rarezas" de este caso es que desde que se ordenó el embargo y durante varias semanas los apoderados legales del diario no pudieron acceder al expediente originario de la cautelar: lo tenía a "préstamo" el abogado del Ministro.
"En días recientes se impuso una sustitución del insólito y gravoso embargo, detrás del cual abogados como el reconocido constitucionalista Gregorio Badeni, advirtieron la intención de trabar el funcionamiento económico de El Tribuno y amordazar su labor informativa crítica del desempeño de las funciones estatales y el uso de los fondos públicos en Salta", afirma Romero en su presentación.
Aclaró, del mismo modo, que las publicaciones que dan cuenta del exponencial crecimiento patrimonial de Parodi se apoyaron en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Escribanía de Gobierno, con valuaciones inconsistentes y ostensibles omisiones de bienes y activos.
FUENTE: nota.texto7