URUGUAY

Aa
$.-

Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Tras un contundente resultado electoral que le aseguró no solo la Presidencia de la República sino la mayoría absoluta en el Parlamento, el gobierno de inmediato aceleró el proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios) y en poco más de 20 días después del balotaje final, aprobó en ambas cámaras el proyecto.

La iniciativa no está dirigida a establecer normas sobre la prensa; contiene limitaciones que sí afectan la libertad de expresión y otras que consagran el monopolio del Estado de los servicios de internet, a través de su empresa de comunicaciones Antel. Será el único operador habilitado para prestar banda ancha fija y servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo.

Para el gobierno, es una ley garantista (en varios artículos habla de la libertad de expresión y de que el objeto de esta ley no es limitarla); para la oposición, implica una fuerte violación a la libertad de expresión y se va por "el camino bolivariano", mientras que el relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, dijo que la sanción marcó "un día histórico para la libertad de expresión del Uruguay". Lo cierto es que la norma contiene peligrosas indefiniciones en los objetos presuntamente protegidos, que pueden derivar en sanciones muy graves. Estas sanciones pueden llegar a través del Consejo de Comunicación Audiovisual (organismo político), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC, organismo político), el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial. La experiencia establece que cada vez que los gobiernos reglamentan un derecho inherente a la persona humana (en este caso el derecho a la libre expresión) es para limitarlo.

La enunciación de los bienes protegidos da una idea de los problemas a la hora de la aplicación de la ley: promoción de la diversidad; no a la discriminación, "ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad". Y agrega: "No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica".

En materia publicitaria, también existe una serie de exigencias y prohibiciones y sobre los contenidos de las trasmisiones hay determinadas exigencias, como la del 60 o el 30% de producción nacional según se trate de televisión o radio, que puede generar problemas más graves, aun para los pequeños medios del interior del país.

El expresidente Mujica justificó su insistencia en esta ley con el argumento de que "los tiburones de afuera, si esto no se regula, nos terminan tragando. Yo no quiero que Clarín, Globo o Slim se hagan dueños de las comunicaciones uruguayas".

El 7 de noviembre Tabaré Vázquez, que había reunido el 48% de los votos en las elecciones del 30 de octubre, consideró que la ley de medios era impostergable, pero reclamó para su próxima administración la tarea de reglamentarla.

El 20 de noviembre Monte Carlo Canal 4, uno de los canales más importantes de TV abierta en el país, denunció que la empresa Tenfield, dueña de los derechos del fútbol uruguayo, había exigido el despido del periodista Mario Bardanca, muy crítico contra los propietarios de esa empresa, como una de las condiciones para facilitarle los goles del campeonato uruguayo. Desde Tenfield se negó esa exigencia y se argumentó que el "problema de los goles" fue porque el Canal no se presentó a negociar las condiciones.

El 6 de febrero las empresas de radio y televisión asociadas en Andebu (Asociación de Broadcasters del Uruguay) pidieron un informe jurídico al abogado Martín Risso sobre la ley de medios, en el que se basarán eventuales recursos de inconstitucionalidad.

A mediados de febrero, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), sancionó al periódico El Municipio de la ciudad de Carmelo, de Colonia, a 250 km de Montevideo. La sanción fue por una nota que según el INAU identificaba a menores en situación de vulnerabilidad.

El 18 de febrero, una jueza llevó adelante, en el marco de un proceso iniciado en octubre de 2014 por la Cámara Antipiratería, la incautación de los equipamientos informáticos utilizados por el semanario El Eco de Nueva Palmira, departamento de Colonia. La denuncia persigue el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida.

Compartí

0