REPÚBLICA DOMINICANA

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Después de una larga lucha librada por los medios de comunicación para desmantelar las cláusulas legales que penalizaban los llamados "delitos de prensa", el Congreso aprobó en noviembre de 2014 un nuevo Código Penal que suprime esos tipos penales, y dió así un impulso a los esfuerzos de la prensa independiente para lograr que se declaren inconstitucionales varios artículos de la ley de expresión y difusión del pensamiento que, en los hechos, preservan un régimen paralelo de sanciones en los casos de difamación e injuria.

Mediante el nuevo código, quedan suprimidos los llamados "delitos de lesa majestad" que se aplicaban a la prensa en los casos de difamación o injuria contra el Jefe del Estado, los funcionarios públicos y agentes diplomáticos, los magistrados de las cortes de justicia y tribunales o los presidentes o soberanos de otras naciones.

En el nuevo código, solo queda normada la difamación que se da fuera de los medios de comunicación, pura y simple, lo mismo para los funcionarios que para los ciudadanos, aunque todavía prevalecen sanciones y multas en la ley especial que regula la libertad de expresión, las cuales están siendo impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

La Fundación Institucionalidad y Justicia dijo que es preciso que estas cláusulas sean eliminadas, para que estén en concordancia con lo que postula la Constitución de la República de 2010, ya que mientras la ley especial establece un sistema de cascada que culpabiliza a los directores de los medios de cualquier difamación o injuria provocada por terceros, la Carta Magna indica que nadie es responsable por los delitos de otros y, además, prohíbe la censura previa.

Se han vuelto a presentar más episodios de agresiones, acosos y amenazas contra periodistas de diferentes medios.

En noviembre, hombres armados con palos agredieron a varios periodistas que cubrían una actividad privada del expresidente Leonel Fernández en un hotel de Santo Domingo, despojándolos de cámaras fotográficas y fílmicas, mientras un grupo adverso al exjefe del Estado montaba una protesta en su contra.

En la ciudad de Santiago, en diciembre, el camarógrafo Domingo Díaz, de Telemicro, canal 5, fue víctima de una golpiza por parte de varios agentes policiales que lo interceptaron en una avenida supuestamente por haber violado leyes del tránsito.

En enero, otro camarógrafo, Eduardo González, fue agredido por un miembro de la Policía Militar Electoral cuando grababa el proceso de expedición de la nueva cédula de identidad de los dominicanos, a lo que se oponía el militar.

A principios de febrero, cuatro periodistas denunciaron en una conferencia de prensa que estaban recibiendo amenazas contra sus vidas de parte de personas en desacuerdo con sus posiciones sobre el manejo del tema migratorio y el trato a los indocumentados haitianos.

Los periodistas Juan Bolívar Díaz, director del matutino Uno+Uno, de Teleantillas; Luis Eduardo Lora y Amelia Deschamps, del matutino televisivo El Día, del Canal 11, y Roberto Cavada, conductor del noticiero Telesistema Canal 11, denunciaron ante un fiscal a un individuo que proclamó en una manifestación que a esos periodistas había que darles muerte por ser traidores a la Patria. Ese individuo dijo pertenecer, según los periodistas, a un llamado Movimiento Patriótico Independiente.

La persona señalada como autor de la amenaza fue requerida por una autoridad judicial en la ciudad de Moca, al norte del país, pero fue dejada libre y sin formularle cargos.

La Sociedad Dominicana de Diarios, integrada por varios miembros de la SIP, anunció la formación de una comisión para vigilar la libertad de prensa en el país.

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