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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


En este periodo el ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa se caracterizó hasta enero, por denuncias de agresiones y amedrentamiento contra la prensa como consecuencia de una agresiva campaña y contienda electoral regional y municipal que reveló la dimensión y arraigo de la corrupción en el ámbito regional y municipal.

Permanece vigente en el país la impunidad en crímenes contra periodistas. Esta situación podría variar positivamente a juzgar por el desenlace de un caso emblemático, el asesinato durante la guerra interna de los años 80, del periodista Hugo Bustíos corresponsal en Huanta, Ayacucho, de la revista Caretas.

El suceso más relevante en este ámbito fue la acusación de la Fiscalía Penal de Lima, el 26 de febrero contra el ex ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, como autor mediato de la emboscada que resultó en la muerte del periodista Bustíos en 1988. El fiscal solicitó 25 años de cárcel y una indemnización económica. Urresti alega en que no tenía conocimiento del crimen, pese a que entonces ejercía el cargo de capitán jefe de Inteligencia en Huanta.

Otro caso que amerita la inmediata atención del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, es el del asesinato de Gloria Lima, esposa del periodista Gerson Fabián, ocurrido el 17 de octubre de 2014, cuando dos sujetos ingresaron al local de radio Rumba, en Pichanaki, Junín, mientras el periodista se encontraban en plena emisión de su noticiero radial, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, que luego disparó impactando a la mujer que salió en su defensa.

A pesar de las múltiples acciones realizadas por la Sociedad Interamericana de Prensa ante el fiscal de La Nación y el ministro del Interior, Gerson Fabián había informado que las autoridades han dejado en el olvido su caso y que la investigación está detenida. También se exhorta al nuevo ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, a facilitar la búsqueda de la verdad y la justicia en los crímenes aún impunes.

La controversia sobre la concentración de la propiedad de la prensa continúa en proceso judicial. Han transcurrido 16 meses desde que ocho periodistas interpusieron una demanda –acción de amparo– solicitando la nulidad de la compra que realizó el Grupo El Comercio, del 54% de las acciones de Grupo Epensa (Ahora Prensmart SAC). Esta compra no incluyó la compra de los contenidos los que siguen siendo operados por el Grupo EPENSA.

La demanda exige el cumplimiento del artículo 61 de la Constitución que prohíbe explícitamente el acaparamiento de medios de comunicación y también refiere a que en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, ni monopolio directa o indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. Por su parte el Grupo El Comercio señala que tal artículo no se refiere a concentración de medios sino a acaparamiento que son conceptos jurídicos, en la práctica, distintos.

Para los periodistas demandantes esto no sólo es una abierta violación a lo dispuesto por la Constitución, sino que también representa un peligro para la democracia y una amenaza a la posibilidad de que los ciudadanos estén informados pluralmente.

Por su parte, el Grupo El Comercio sostiene que desde la asociación con el Grupo Epensa, "no se han registrado - ni ha habido denuncia alguna- de prácticas anticompetitivas. Desde que se produjo la asociación ni el Grupo El Comercio ni el Grupo Epensa han podido evitado sufrir la caída en los números de su publicidad que viene afectando a la prensa peruana desde mediados del 2014.

Tampoco ha habido en el mismo periodo intromisión - ni acusación de intromisión- alguna del Grupo El Comercio en el manejo editorial del Grupo Epensa.

El Grupo El Comercio tiene casi el 80% del mercado peruano de la prensa escrita, lo que representa, una abierta violación a lo dispuesto por la Constitución y un peligro para el derecho ciudadano de recibir información plural y una amenaza para la democracia. El Grupo El Comercio señala que esto es una falacia ya que no maneja, no ha habido intromisión ni acusación de intromisión en los contenidos del Grupo EPENSA.

Añade que desde la asociación entre ambos grupo, s no se han registrado denuncias de prácticas anticompetitivas y que desde entonces no se ha podido evitar la caída de su publicidad, crisis que viene afectando a la prensa peruana desde mediados de 2014 resultado de la desaceleración económica en el país. Sostiene que el mercado ha seguido mostrándose abierto a la entrada de nuevos competidores presentando, a manera de ejemplo, que entraron dos diarios impresos más el año pasado.

A finales de febrero, la juez doctora Lizy Magnolia Béjar Monge, quien admitió la demanda judicial contra el Grupo El Comercio mientras se desempeñaba como jueza del 4° Juzgado Constitucional de Lima, denunció persecución por parte de los abogados del Grupo El Comercio. Tal queja fue recogida por el diario La República en portada, sección editorial, noticias, opinión y caricatura.

El Grupo El Comercio señala que luego que sus abogados interpusieran dos acciones contra la jueza Béjar, cuestionando su competencia para admitir la demanda de los periodistas, la que fue inicialmente declarada nula por la juez titular quien a su vez procedió a admitirla, no ha iniciado ninguna otra acción legal contra la jueza ni ha vuelto a dar cobertura periodística a este tema. En este sentido, preocupa la lentitud con la que se desarrolla el proceso judicial.

Por otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana notó el retroceso en materia de derecho a la información púbica durante este período y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de Perú frente a la Alianza por un Gobierno Abierto, vinculados con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en asuntos públicos.

Finalmente, las expresiones destempladas con las que el presidente Ollanta Humala Tasso se refirió a la cobertura del diario El Comercio sobre el caso de venta de secretos militares a Chile, llaman seriamente la atención y se suman a cada vez más frecuentes comentarios desacreditando la labor de la prensa en general, de parte del primer mandatario, la primera dama y su entorno político.

Hechos relevantes del período:

El 13 de octubre, Eduardo Auccalla Muje, periodista de Canal 5 TV y conductor del programa Frecuencia en la Noticia, que transmite radio Frecuencia 97, provincia de Satipo, departamento de Junín, fue atacado física y verbalmente por un grupo de manifestantes que cuestionan las labores de exploración de gas natural que realiza la empresa Pluspetrol en esta región.

El 17 de octubre, dos desconocidos ingresaron a la sede de Radio Rumba, en el distrito de Pichanaki, departamento de Junín, cuestionando el trabajo del periodista Gerson Fabián Cuba.

Uno de ellos sacó un arma y con esta agredió al periodista radial. Enseguida, salió su esposa, Gloria Limas Calle, y se produjo un forcejeo. Los dos sujetos desconocidos optaron por salir de las instalaciones de la radio y mientras bajaban por las gradas uno de ellos efectuó dos disparos; uno de ellos impactó contra Limas Calle, quien falleció.

El 23 de octubre, los periodistas Alex Vásquez Requejo y Jorge Luis Muñoz Acuña, de Radio Andina y RTV Canal 2 Chota, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, denunciaron que un grupo de manifestantes liderados por Alindor Ruíz Guevara, funcionario de la Municipalidad Provincial de Chota, los agredió verbalmente y amenazó de muerte.

El 23 de octubre, los periodistas Paola Collazos y José Atauje, corresponsales de Canal N y América Televisión en el departamento de Ayacucho, denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte mediante mensajes de texto a sus teléfonos celulares.

El 24 de octubre de 2014, Marvin Mazuelos Cristóbal, presunto coautor del asesinato de la esposa del periodista Fabián Cuba, fue detenido por agentes policiales en Pichanaki, departamento de Junín.

El 27 de octubre, en una conferencia de prensa realizada en Lima por el caso del asesinato de la esposa del periodista Cuba, el presidente de SIP, Gustavo Mohme Seminario, condenó y alertó el aumento de las amenazas y hostigamientos contra periodistas en el Perú y exigió al gobierno mayor seguridad durante el ejercicio del periodismo. Se solicitó al Ministro del Interior una reunión para discutir la situación de riesgo que viven los periodistas en las provincias del Perú.

A la fecha, Gerson Fabián Cuba ha informado que las autoridades –Fiscalía de Chanchamo, Junín– han dejado en el olvido su caso y la investigación no presenta avance alguno a pesar de los audios en los que se pueden escuchar las claras amenazas por parte del excandidato a la Alcaldía de Pichanaki, Alfredo Torres Cano. Tampoco ha habido avances en la captura del otro sujeto que participó en el asesinato de la esposa del periodista.

El 3 de noviembre, en la provincia de Santa, departamento de Ancash, Rocío del Pilar Vásquez Goicochea, directora de la revista Perú Pesquero; Marilú Gambini Lostaunau, directora del programa Archivos Secretos que transmite Canal 55; y el camarógrafo Robert Sánchez Alamo, denunciaron que fueron blanco de disparos descargados desde el buque pesquero extranjero Damanzaihao, cuyas actividades han sido cuestionadas por presuntas actividades de pesca ilegal.

El 9 de noviembre, el estudiante de periodismo Fernando Raymondi Uribe, quien trabajaba en la unidad de investigación de la revista Caretas, fue asesinado en la provincia de Cañete, departamento de Lima, mientras realizaba una investigación sobre crimen organizado, narcotráfico y corrupción en dicha provincia.

El estudiante de periodismo se encontraba en la tienda de abarrotes de su padre cuando dos delincuentes que portaban armas de fuego ingresaron para, aparentemente, robar la tienda. Sin embargo, por más que el padre del estudiante les indicó a los delincuentes donde se encontraba el dinero, estos le dispararon en el pecho a su hijo y le ocasionaron su muerte. Los criminales huyeron, sin llevarse nada.

Agentes policiales encargados de la investigación del asesinato del estudiante de periodismo señalan que el móvil habría sido el asesinato y no la profesión o investigaciones que realizaba el estudiante.

El 9 de diciembre, desconocidos forzaron la puerta del domicilio de Enrique Lazo Flores, director del diario La Región y presidente de la Asociación Provincial de Periodistas de Ilo (APPI), provincia de Ilo, departamento de Moquegua. El 5 de diciembre, desconocidos ingresaron a la redacción del diario y sustrajeron dos equipos de cómputo, un CPU y documentación sobre investigaciones periodísticas. Lazo Flores atribuye estos actos a las denuncias publicadas que involucran a efectivos de la PNP en el robo de cinco mil galones de petróleo de propiedad de la Marina de Guerra del Perú.

Durante 2014 el denominado "Grupo Orellana", dirigido por el empresario Rodolfo Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez, ambos en prisión afrontando procesos penales por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico de tierras, estafa y asociación ilícita para delinquir, realizó un uso indiscriminado y tendencioso de las Cortes de Justicia para interponer demandas civiles y penales contra periodistas y medios de comunicación.

El "Grupo Orellana" interpuso un total de 18 demandas contra los periodistas Augusto Álvarez Rodrich (2), Enrique Zileri Gibson (3), Marco Zileri Dougall (4), César Romero (1), Ricardo Uceda Pérez (1), Augusto Thorndike del Campo (1), Marco Antonio Vásquez Centurión (3), Melissa Pérez Huaringa (1) y César Hildebrant Pérez Triveño (2), debido a las investigaciones que dichos periodistas realizaban respecto de los negocios ilícitos de Orellana Rengifo.

En el último bimestre de 2014, el Poder judicial declaró 14 demandas inadmisibles y archivó 4, debido a que Orellana Rengifo desistió de las mismas. Las resoluciones judiciales propugnan la libertad de prensa y el derecho a informar de los periodistas.

El 14 de enero, la periodista Carmen Sotero Nole, directora del programa informativo Palabra Abierta, que transmite Canal 19 por señal abierta y Canal 98 por cable, en el departamento de Tumbes, denunció que sujetos desconocidos lanzaron bombas molotov e incendiaron su vivienda. La periodista vincula el ataque a la amenaza de muerte proferida en contra suya por el esposo de la subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

El 15 de enero, Raúl Arriarán, reportero gráfico de Diario Uno, fue agredido y posteriormente detenido por efectivos de la PNP en circunstancias en que fotografiaba hechos de violencia durante una marcha contra una ley laboral juvenil en la ciudad de Lima.

El 26 de enero, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme Seminario, demandó al gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado peruano por la muerte de 8 periodistas y un guía (Willy Retto, Jorge Luis Mendivil, Félix Gavilán, Octavio Infante, Pedro Sánchez, Jorge Sedano, Eduardo de la Piniella, Amador García y Juan Argumendo), a manos de pobladores de Uchuraccay, departamento de Ayacucho, en 1983. Asimismo, lamentó que 32 años después de dicho asesinato, sus familiares sigan sin acceder a la justicia.

Mohme Seminario señaló que "los mártires de Uchuraccay aún no logran ese reconocimiento. Sabemos que después de todo este tiempo es difícil determinar la responsabilidad legal, pero hay que decirlo: el Estado fue cómplice por acción o inacción".

El 2 de febrero, el director del diario Exitosa, Juan Carlos Tafur y el periodista Roberto More, fueron absueltos por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú de la querella iniciada por el general PNP (r), Antonio Ketín Vidal. La denuncia se inició a raíz de una publicación periodística publicada en el Diario 16, en 2011 que denunciaba un supuesto vínculo entre Vidal y la familia Sánchez Paredes, investigada por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El 12 de febrero, la periodista Claudia Cisneros Méndez, columnista del diario La República, denunció que fue golpeada y tirada al suelo por un miembro de la Unidad Antimotines de la PNP en Lima en circunstancias en que cubría una marcha de protesta por los sucesos de violencia ocurridos en el distrito de Pichanaki, departamento de Junín, donde la policía reprimió con violencia a los pobladores que protestaban contra la empresa argentina Pluspetrol lo que ocasionó la muerte de un poblador y dejó, aproximadamente, 144 heridos, 32 de ellos con impactos de bala.

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