PARAGUAY

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


Un asesinato enlutó a la prensa en el último semestre en medio de las investigaciones sobre los homicidios del año pasado del periodista del diario ABC Color Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, las que pusieron en evidencia que la gobernabilidad democrática está amenazada por las mafias del narcotráfico que han ido permeando las estructuras de los partidos políticos y las de los tres Poderes del Estado.

El 5 de marzo fue asesinado el periodista radial Gerardo Servián (45) en la localidad brasileña de Ponta Porá, separada de la paraguaya Pedro Juan Caballero por la avenida Internacional. Servián trabajaba en una radio de Zanja Pyta, a 10 km. de Pedro Juan Caballero, y venía de regreso a esta ciudad en su motocicleta cuando fue acribillado a balazos por dos sicarios que se desplazaban en otro motocicleta. Se desconocen hasta el momento los motivos de este crimen.

En tanto, el crimen contra Medina (53) y Almada (19) el 16 de octubre de 2014 en la ciudad de Curuguaty, provocó masivas manifestaciones de protesta de la prensa y de diversas instituciones civiles. Para la Fiscalía estaría comprobado que el entonces intendente de la ciudad de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques (39), sería el autor intelectual del crimen. El fenómeno de la narcopolítica puede explicar que Acosta pudiera esconder los vehículos (una ambulancia del Ministerio de Salud, entre ellos) en los que se transportaba droga, datos que parecen indicar evidentes complicidades entre políticos, funcionarios y miembros del aparato de seguridad con el narcotráfico.

En octubre, Acosta Marques, su hermano Wilson Acosta y su sobrino Flavio Acosta, fueron imputados por homicidio doloso y asociación criminal. El ex intendente fue detenido el 4 de marzo en la localidad brasileña de Naviraí, a unos 300 km. de la frontera con Paraguay. Los otros dos están prófugos.

También se encuentra detenido el chofer de Acosta, Arnaldo Javier Cabrera López (37), señalado como uno de los cómplices, ahora testigo protegido de la justicia tras declarar que Vilmar Acosta ordenó el asesinato.

Tras el doble homicidio, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional se comprometieron a esclarecer el crimen. El Congreso nombró una comisión encabezada por el senador Arnoldo Wiens de la Alianza Nacional Republicana (ANR) para dar seguimiento de las investigaciones judiciales y policiales. La investigación policial y fiscal concluyó que el entonces intendente de Ypejhú fue el autor intelectual, secundado por su hermano y su sobrino, como autores materiales. El motivo habrían sido las publicaciones de Pablo Medina sobre los vínculos del «clan Acosta» con el narcotráfico y la mafia en la zona fronteriza. En el allanamiento a las propiedades de Acosta se hallaron toneladas de marihuana, listas para su comercialización.

Una marcha convocada por periodistas, reporteros gráficos y empleados del diario ABC Color, en repudio al retiro del resguardo policial a Medina antes el crimen, por parte de los organismos de seguridad del Estado, intentó llegar hasta el palacio presidencial pero se les impidió el paso.

Desde 2010, Wilson Acosta Márquez tenía orden de captura por homicidio doloso y posesión ilegal de armas en el estado brasileño de Mato Groso. Además, la fiscal Ninfa Mercedes Aguilar lo había imputado en 2011 también por homicidio doloso. Según una descripción de la Policía, se trataría de un matón que opera al servicio de su hermano, el ex intendente de Ypejhú.

El ex intendente fue imputado por homicidio doloso en el 2011 tras encontrarse cabellos y huesos en una fosa en el patio de la casa de su padre, Vidal Acosta. Tras su detención, fue beneficiado con una revocatoria de prisión dispuesta por el tribunal de alzada con sede en Salto del Guairá, compuesto por los magistrados Venancio López (presidente), Rosalinda Guens y Justo Pastor Benítez (miembros). La fiscal había denunciado entonces la injerencia del ministro de la Corte y superintendente del Alto Paraná y Canindeyú, Víctor Núñez, y del camarista Venancio López, quienes se habían reunido unos días antes con el juez de Garantía local, José Benítez.

En diciembre, el diputado de la ANR por el departamento de San Pedro, Freddy D'Ecclesiis, presentó una solicitud de amparo constitucional ante el juez José Delmás para que la Justicia prohibiera a los medios publicar información relacionada con los supuestos vínculos de su familia con el narcotráfico. El amparo contra los medios de prensa fue solicitado por D'Ecclesiis como una reacción a las numerosas investigaciones periodísticas realizadas desde el asesinato de Pablo Medina en torno al tema de la narcopolítica. El juez penal de garantías, José Delmás, rechazó in límine la solicitud de amparo indicando que no quedó establecido qué derecho o qué garantía constitucional habría sido vulnerada por los medios y que, además, si bien es cierto que pueden existir publicaciones que afecten a una persona, si está de por medio la libertad de prensa, ante la colisión de estos dos derechos de rango constitucional, debe tener preeminencia el que más compete al interés general. La abogada de D'Ecclesiis no apeló la acción de amparo. La medida quedó firme.

En enero, el periodista Higinio Ruiz Díaz, corresponsal de ABC Color en la ciudad de San Antonio, fue citado en la fiscalía local por amenazas telefónicas recibidas por su familia. Las llamadas se realizaron tanto a la casa del comunicador como a la de su suegra. Se considera posible que tengan relación con publicaciones sobre casos de contrabando de combustible.

En enero, la vivienda de Osvaldo Luis Aveiro Riberos (52) y el local de su radio comunitaria en Santa Rosa del Mbutuy, departamento de Caaguazú, fue consumida por un incendio. La Policía detuvo a un sospechoso que fue visto por algunos vecinos cuando escapaba del lugar. En su programa radial, Aveiro había criticado a algunas autoridades de la zona.

En enero, el comunicador Gilberto Luis Ruffinelli Maidana (52), oriundo de Paraguarí, conductor del programa «Sin Censuras» de la Radio 94.9, Yvyty Roke FM, de Sapucai, denunció amenazas. Señaló que durante varios días recibió amenazas en represalia por sus denuncias sobre tráfico de estupefacientes.

En febrero, el suboficial mayor Eusebio Ávalos fue amenazado de muerte por tener informaciones sobre actividades de un grupo dedicado al tráfico de ganado. Ávalos estaba prestando servicio en la comisaría 6ª de Ypejhú y era uno de los efectivos clave en la investigación del doble asesinato del corresponsal de ABC Color y su asistente.

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