GUATEMALA

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Informe ante la Reunión de Medio Año

Ciudad de Panamá, Panamá

Del 6 al 9 de marzo del 2015


El uso de la publicidad oficial para presionar a los medios, la falta de acceso a la información y la inseguridad para los periodistas en el interior del país, son algunos de los temas que afectaron la libertad de prensa en este país.

La existencia de un monopolio radial y televisivo, en manos de Ángel Remigio González, que detenta el control de seis canales de televisión abierta y 66 radioemisoras, sigue generando efectos negativos debido a: acaparamiento de la publicidad, con el consiguiente veto para que las empresas puedan publicitarse en otros medios ajenos a ese monopolio; publicación de propaganda política disfrazada de noticias; utilización de esos medios para montar o difundir campañas de desprestigio; privilegios como las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para exonerar a estas frecuencias televisivas, cambios sobre el usufructo a la ley del espectro radiofónico, que pasó de 15 a 20 años sobre las frecuencias de televisión abierta, radioemisoras y telefonía celular, y que no haya nuevos procesos de licitación, lo que hace imposible que otras personas puedan acceder a la explotación de frecuencias.

Se mantiene el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión sobre la línea editorial de los medios, en particular de los diarios escritos. elPeriódico, que mantiene una abierta oposición y crítica al gobierno de Otto Pérez Molina, ha sido el principal afectado por el veto de publicidad gubernamental y por la coacción ejercida para que el sector privado no paute en ese medio.

Funcionarios del Gobierno han emprendido acciones en contra de periodistas y accionistas de elPeriódico, utilizando la vía penal en lugar de la Ley de Emisión del Pensamiento.

El gobierno ha mantenido una política sistemática de bloquear a reporteros de medios críticos el acceso a funcionarios de alto nivel. Esta disposición afecta a periodistas de elPeriódico que incluso han sido víctimas de agresiones físicas por parte de los escoltas del Presidente y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Cada vez se extiende más la práctica de exigir acreditación a medios y periodistas para las coberturas. Esta tendencia se está extendiendo, lamentablemente, a eventos o actividades privadas.

Aunque la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento y convenios internacionales protegen el ejercicio periodístico y la confidencialidad de las fuentes, fiscales y jueces exigen el aporte o la entrega de testimonios personales o archivos de audio y video de los periodistas para utilizarlos como pruebas en procesos judiciales.

Surgieron dos iniciativas -de una diputada de oposición y una alta dignataria del Estado- para regular las opiniones en las plataformas digitales, que luego se apagaron por el malestar y las protestas que originaron.

Se conoció también una iniciativa de una comisión del Congreso para regular las encuestas de preferencia electoral que publican los diarios, que todavía no prosperó.

Los corresponsales de medios destacados en las provincias han adoptado la autocensura como medida de protección tras sufrir constantes amenazas, directas o veladas, de parte de gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos, por sus denuncias en casos de corrupción u opacidad en la administración.

El crimen organizado o delincuentes que operan de manera individual dificultan el libre ejercicio del periodismo en las provincias. También hay autocensura cuando se trata de casos vinculados a acciones violentas de grupos opositores a proyectos de exploración o explotación de recursos naturales.

Por último, en un año de contienda electoral la libertad de prensa se está viendo afectada por varios factores. Entre ellos, el uso de la pauta publicitaria para premiar y castigar; la incursión del aspirante presidencial Manuel Baldizón como empresario de medios de comunicación social (un periódico, revistas, señal de televisión por cable, canal de TV por cable); agresiones a periodistas y comentaristas independientes, como Juan Luis Font o Pedro Trujillo, en represalia por trabajos periodísticos y el uso de medios ligados al actual ministro de Energía y Minas, Erick Archila, para atacar a rivales políticos.

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