CONCLUSIONES

Aa
$.-

de la Reunión de Medio Año

Panamá, Panamá

6 al 9 de marzo de 2015

En atención a una solicitud de esta Reunión de Medio Año, el presidente de la República de Panamá Juan Carlos Varela se comprometió a ser portavoz de los reclamos de la prensa independiente para que la VII Cumbre de las Américas, a celebrarse en esta ciudad en abril, contribuya a establecer un clima sin restricciones, acosos, agresiones y medidas legales coercitivas que afectan la libertad de prensa y expresión en nuestro continente.

El compromiso fue asumido públicamente por el mandatario panameño, luego que el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, le solicitó en nombre de la organización que transmita a los jefes de Estado que toda discusión y acuerdo que emerja de la VII Cumbre de las Américas se dé en un marco de respeto y garantías para esas libertades, tal como está estipulado en tratados internacionales.

El Presidente Varela también adhirió la Declaración de Chapultepec. Estos hechos alentadores ocurren en medio de la difícil situación en la que la prensa libre de las Américas desempeña su papel. En el último semestre se registraron ocho asesinatos en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú; centenares de casos de agresión física y varios sometimientos judiciales que afectan a reporteros y empresas de comunicación, y que han ensombrecido el estado de la libertad de prensa.

Dos periodistas, uno en México y otro en Argentina, tuvieron que marcharse al exilio por amenazas a su integridad, engrosando así una larga lista que encabezan los periodistas venezolanos con más de 400 de ellos diseminados en 34 países.

Al compás de este estado de inseguridad se ha observado, por igual, cómo se fortalece y se generaliza la tendencia a aprobar medidas legales regulatorias y normas "éticas" que limitan la libertad de expresión mediante la discriminación en la distribución de la publicidad oficial y un incremento de las distintas modalidades de censura.

También la censura es el arma que utilizan los gobiernos, a través de diversas acciones, para evitar que la prensa dé a conocer noticias que les desagradan, como es el caso de Ecuador donde, por vía del órgano de vigilancia creado por la ley de comunicación, ya se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas. Además se han cerrado dos estaciones de radio.

Con el mismo espíritu regulatorio que predomina en Venezuela y Ecuador, en varios países de nuestro continente se han replicado partes de las medidas de censura o limitación que representan cortapisas a la libre difusión de los contenidos noticiosos de medios impresos y televisivos, así como en las redes sociales, observándose un incremento en el cierre de cuentas de Twitter y en el procesamiento o acoso de blogueros y usuarios de sitios de internet.

En Venezuela han sido procesados ocho tuiteros y en Ecuador cerraron las cuentas a cinco usuarios de esta red social. En Uruguay ha sido sancionada una ley de servicios de comunicación que crea definiciones vagas y peligrosas sobre los contenidos de medios audiovisuales.

Paralelo con estas medidas restrictivas también se observa con preocupación cómo en distintos países se incrementa el acoso tributario y la imposición de fuertes multas a medios de comunicación por sus críticas a la actividad gubernamental o por sus denuncias sobre corrupción administrativa.

En el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, sigue adelante la estrategia que utilizan algunos gobiernos como el argentino, el ecuatoriano y el venezolano, para adquirir empresas periodísticas a través de testaferros o de acaparar espacios de radio y televisión, desde los cuales se atacan a sus críticos, poniendo en entredicho la reputación de comunicadores y propiciando acoso y persecuciones. El caso de Nicaragua es notorio, pues allí el gobierno sigue incrementando su poder monopólico con medios propios y solo queda un canal de televisión independiente.

El acceso libre a las fuentes de información pública continúa siendo interferido en los países donde existen leyes que lo consagran, mientras que en otros es sencillamente nulo. En Puerto Rico prevalecen restricciones a periodistas y medios para acceder con normalidad a esas fuentes y en Barbados persiste la duda de si una ley de acceso, largamente esperada, podrá entrar en vigencia. En El Salvador, esto se ha convertido en práctica común en los tres poderes del Estado. En el caso de Costa Rica, se ha llegado al colmo de negar la información sobre la identidad de las personas que visitan la sede del Poder Ejecutivo alegándose que demasiada transparencia pone en riesgo la seguridad y la soberanía del país.

Compartí

0