Bolivia

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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La violencia contra reporteros y camarógrafos durante la cobertura de los bloqueos de carreteras en la ruta La Paz - Oruro, protagonizados por mineros cooperativistas entre el 22 y el 25 de agosto de 2016, terminó con el asesinato de un alto funcionario de la seguridad interna y la muerte de cinco trabajadores. Esto generó un ambiente de temor, por el interés de la Fiscalía para obtener información, imágenes y videos de uso periodístico para fines de investigación policial.


Mineros de cooperativas dedicadas a explotar yacimientos estatales interrumpieron el tráfico vial en la ruta troncal de Bolivia en protesta por una nueva legislación para el sector y se enfrentaron con fuerzas policiales antimotines.


Durante las protestas, los equipos de prensa de canales de televisión, diarios y radioemisoras sufrieron el hostigamiento de los manifestantes, amenazas y agresiones físicas que dejaron un saldo de tres camarógrafos y fotógrafos heridos.


El 23 de agosto, el camarógrafo Roger Salazar, de la red privada Cadena A de la ciudad de Oruro, fue herido durante una golpiza a manos de los mineros. El hecho se registró en la localidad de Panduro, a 50 kilómetros de La Paz.


La Fiscalía abrió un proceso contra los presuntos responsables de la agresión.


El 25 de agosto, el fotógrafo José Lavayén, del diario La Razón y el camarógrafo Marcos Ayllón, del canal privado Red Uno, resultaron heridos durante los enfrentamientos entre mineros y policías de Panduro.


El mismo día, un equipo de prensa de la Red Uno, compuesto por el periodista Erick Salazar, el camarógrafo Marcos Ayllón y el chofer Félix Oscar Lira, fue interceptado por los mineros.


Salazar realizó un dramático relato del rescate de Ayllón, quien fue capturado por los bloqueadores y golpeado reiteradamente, fruto de lo cual sufrió la fractura del tabique nasal.


La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condenó los excesos de los mineros y reclamó el resarcimiento de daños materiales y el pago por la atención médica.


Tras el asesinato del viceministro de seguridad interna, Rodolfo Illanes, el 25 de agosto, un miembro de la Comisión de Fiscales convocó al director de radio Fencomin, Moisés Flores, a prestar declaración informativa porque fue el primer comunicador que vio el cuerpo del fallecido y reportó la noticia.

El equipo legal de la ANP acompañó a Flores hasta la Fiscalía con la finalidad de explicar que el periodista cumplió su labor informativa y no podía convertirse en testigo.


Durante la representación, un fiscal y policías intervinieron el edificio donde funciona radio Fencomin. El periodista Roger Condori fue detenido por cinco horas y luego liberado sin cargos.


La acción derivó en el precintado del edificio, el silenciamiento de radio Fencomin y el secuestro de la computadora principal de la emisora y de una grabadora portátil empleada para coberturas periodísticas. El director del medio explicó que su labor informativa, durante los días del conflicto, se cumplió en el marco de la pluralidad y el respeto a las fuentes periodísticas.


La ANP denunció la vulneración del artículo 296 del Código Penal que sanciona "con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso".


La Fiscalía anunció que pedirá a los reporteros que cubrieron los hechos de violencia fotografías y grabaciones de video, una medida que vulnera normas fundamentales en el ejercicio del periodismo, como el secreto de prensa, el equilibrio informativo y la neutralidad.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que "el secreto de fuente pasa a segundo plano cuando hay que esclarecer un asesinato", contrario a esta garantía que establece la Ley de Imprenta.


Continúa el ambiente hostil contra medios de comunicación y periodistas en el país. Después de los resultados adversos del referéndum del 21 de febrero para las aspiraciones del presidente Evo Morales a la reelección, el Gobierno desató una campaña de descrédito contra el trabajo periodístico.


Las amenazas del Gobierno están acompañadas de calificativos como el "cártel de la mentira", "mafia informática" y "armas de guerra", y con ello se pretende mostrar al conjunto de medios independientes como un aparato político de desestabilización.


En el caso de los medios impresos independientes, la cobertura de hechos de corrupción, y del caso Zapata en particular, derivó en la suspensión de la publicidad estatal, una política usual que desde hace varios años, la ANP denuncia y rechaza.


La ANP denunció la "peligrosa situación de vulnerabilidad" en la que se encuentra el trabajo periodístico y entregó una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot. De las torpes descalificaciones gubernamentales tampoco salió librado, tras su visita al país en agosto, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien tras reunirse con diversas organizaciones periodísticas, de Derechos Humanos y ONG, exhortó por la instauración de un clima de tolerancia y respeto en la relación Gobierno- Medios de Comunicación, en aras de la libertad de expresión y del derecho a la información.


Poco después, el presidente Morales incluía al relator Lanza en el "cártel de la mentira" y afirmaba que los medios se habían convertido en una "poderosa arma de guerra dirigida a la desinformación, a la ideologización imperial y a la desmovilización de la sociedad".


La periodista Marianela Montenegro enfrenta un proceso por el delito de difamación tras una demanda presentada por la ex fiscal Antinarcóticos de Cochabamba, Claudia Mancilla. Montenegro, propietaria de Canal 33 de Cochabamba, conduce el programa de debates Aló Marianela, en el que viene cubriendo la desaparición de 119.800 dólares incautados en 2011 a una persona sospechosa por narcotráfico. El dinero, que estaba bajo la custodia y en la caja fuerte de Mancilla, desapareció.


La periodista ha denunciado que desde hace varios años sufre "acoso, persecución, amenazas de muerte y procesos inventados". La SIP pidió al Consejo de la Magistratura de Cochabamba, transparencia, debido proceso y acceso a la justica en el caso penal.


En octubre, asociaciones de periodistas de seis departamentos del país se declararon en emergencia ante el anuncio de la filmación de un documental por encargo del Ministerio de la Presidencia utilizando recursos públicos y con el propósito de continuar impulsando la campaña de descrédito y de amedrentamiento contra medios de comunicación independientes, a los que esa cartera de Estado acusó de formar parte del "cártel de la mentira".


Por otra parte, los periodistas Humberto Vacaflor y Amalia Pando se vieron obligados a retractarse y a ofrecer satisfacciones al presidente Morales y a una ministra, respectivamente. En el primer caso, Vacaflor -acusado por los delitos de difamación, calumnia e injuria- afirmó que se retractaba en cumplimiento de una orden judicial y tras el rechazo a su pedido de acogerse a la Ley de Imprenta.


En el caso de Pando, el Tribunal Nacional de Ética emitió un fallo que instruyó a la periodista a rectificar información en la que había insinuado que la ministra de Salud, Ariana Campero, estaba embarazada.


La SIP expresó preocupación y condenó la vieja práctica de intimidar a los periodistas y descalificar a los medios con el objetivo de disuadir que se informe sobre asuntos de interés público, lo que los convierte en piedra en el zapato de regímenes autoritarios y antidemocráticos.

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