En el período que corresponde a este informe (1 de abril al 3 de octubre de 2016), hubo una reducción de los casos más violentos de ataques a la libertad de expresión. Después de varios años, esta es la principal constatación, ya el número de muertes se redujo de siete (7) en el 2015 un (1) caso confirmado (el periodista João Miranda do Carmo, propietario del sitio de noticias 'Sad sem Censura' en Santo Antônio do Descubierto (GO), el 24 de julio de 2016, y dos casos en los que las investigaciones no son concluyentes (el bloguero Manoel Messias Pereira, muerto a tiros en Grajaú, Maranhão, el 9 de abril, y Maurício Campos Rosa, propietario del periódico O Grito, el 17 de agosto). Los datos, sin embargo, deben tomarse con reservas, pues hubo un aumento en otras modalidades de ataques contra profesionales de los medios.
En lo que se refiere a ataques en el contexto de manifestaciones públicas, hubo un resurgimiento de los episodios de agresión y hostilidad contra los profesionales de la prensa por parte de la policía, los manifestantes y los actores políticos, en comparación con los últimos informes. Según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), tales agresiones sumaron unos 40 casos en los últimos seis meses (más de 300 desde que se inició el brote de manifestaciones en 2013).
Cómo es predecible en períodos electorales —sobre todo este año, cuando la situación política se hizo especialmente tensa—, hubo un aumento en los casos de censura y solicitudes de eliminación de contenidos periodísticos en plataformas digitales por la vía judicial. ABRAJI sostiene que partidos, políticos y fiscalía realizaron al menos 105 acciones contra 99 medios de comunicación con el fin de eliminar de la Internet ciertas informaciones o impedir la divulgación de hechos considerados perjudiciales para sus pretensiones electorales. Esas cifras son más altas que todas las de elecciones anteriores.
Incluso en los tribunales, resulta alarmante que los miembros del poder judicial, inconformes con el contenido de las noticias, articulan una serie de acciones en tribunales especiales (creados originalmente para procesar causas pequeñas y, por tanto, celebrada en el foro de la parte actora) con la clara intención de castigar y disuadir la práctica de un periodismo de calidad.
Esto es lo que ocurrió en la primera mitad de 2016, con el diario Gazeta do Povo (Curitiba / PR) y un equipo de cinco profesionales que realizó un informe sobre la remuneración de los jueces y miembros de la Fiscalía del Estado de Paraná, quienes, a través de subterfugios legales, terminaron por conseguir "supersalários" en promedio más altos que los previstos por la ley.
Es importante destacar que el tema fue tratado con el rigor, objetividad y sobriedad, lo que se evidencia en el hecho de que no existió ninguna acción dirigida a ejercer el derecho de réplica o impugnar el contenido fáctico del reportaje. Utilizando el derecho de todo ciudadano a recurrir a los tribunales especiales para castigar e intimidar a los periódicos y periodistas, los responsables de semejantes acciones ya obligaron a los profesionales y representantes legales de Gazeta do Povo a concurrir a 25 audiencias y recorrer 9,046 kilómetros, lo que supuso 18 días completos y 9 parciales, alejados de sus actividades normales.
Lo absurdo del caso llevó a que varias organizaciones, entre ellas la SIP, manifestarse. Además, la ANJ solicitó al Tribunal Supremo participar en la reclamación del diario en condición de Amicus Curiae; y a otorgar a la publicación y a los periodistas el Premio ANJ de Libertad de Prensa 2016. El hecho aún no ha sido juzgado en cuanto a mérito, pero está vigente una medida cautelar, otorgada por la ministro Rosa Weber, suspendiendo las sentencias del poder judicial del Estado de Paraná.
Por último, cabe señalar que el gobierno de Brasil ha estado pasando por un período muy turbulento que culminó con la destitución del presidente, la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, y la detención de los miembros del Parlamento, ex ministros y ejecutivos involucrados en los contratos de obras públicas.
El proceso se encuentra en curso. Las agencias que manejan estos asuntos se presentan cada semana con nuevas funciones e investigaciones, dando lugar a nuevas condenas en los tribunales.
En medio de estas circunstancias tensas y complejas, el ejecutivo, legislativo y judicial están operando de forma independiente, las personas siguen ejerciendo el derecho a votar de acuerdo con el calendario electoral (en octubre se han realizado elecciones en 5.500 ciudades), y la prensa está funcionando libremente y publica cualquier cosa que considera importante para revelar al público.
Cronología
17 de agosto - El periodista y propietario del periódico O Grito, Maurício Campos Rosa, fue asesinado en Santa Luzia, Belo Horizonte, Minas Gerais.
24 de julio- El periodista João Miranda do Carmo, de 43 años, propietario del sitio de noticias 'Sad sem Censura', fue asesinado en Santo Antônio do Descoberto (GO. El periodista se encontraba en su casa cuando cuatro hombres llamaron a la puerta. Al abrir, dos de ellos dispararon 22 tiros y al menos siete impactaron al periodista. Según amigos de Miranda, este había recibido amenazas de muerte supuestamente debido a lo que publicaba en el sitio web. El periodista estaba preocupado luego de haber publicado historias sobre el tráfico de drogas y acusaciones contra el alcalde Itamar Lemes Prado (PDT).
27 de julio, 2016 - La Policía Civil de Goiás arrestó al funcionario público Douglas Ferreira de Morais, sospechoso de participar en el asesinato de Miranda. El funcionario de la prefectura de Santo Antônio do Descoberto negó su participación en el crimen. El delegado regional Fernando Augusto Luiz da Gama, de Águas Lindas de Goiás (GO), afirmó que consideraba como posible motivación la actividad profesional de Miranda.
9 de abril- El propietario del portal noticias www.sediverte.com.br, Manoel Messias Pereira, fue asesinado en Grajaú, Maranhão.