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En una reunión de trabajo con el Estado de Brasil se pidieron reparaciones materiales e inmateriales; el fortalecimiento del sistema de protección y la federalización de los asesinatos contra periodistas.

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Durante reunión de la CIDH en Bogotá

1 de marzo de 2018

El caso impune del periodista brasileño Aristeu Guida da Silva, asesinado en São Fidélis, Rio de Janeiro el 12 de marzo de 1995, fue abordado por la SIP con representantes del Estado de Brasil en una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH citó a la SIP y al Estado brasileño a una reunión el 26 de febrero en Bogotá, donde celebra su período de sesiones número 167, con el propósito de conocer el cumplimiento de una serie de recomendaciones requeridas a Brasil. En 1999 la SIP presentó ante la CIDH su investigación periodística por el caso.

La SIP fue representada por la abogada Angelita Baeyens, del Robert F. Kennedy con sede en Washington. Se pidió al Estado compensar a los familiares de Guida da Silva y la celebración de actividades destinadas a dignificar su figura periodística. Además, en consulta con organizaciones brasileñas que vigilan el comportamiento de la libertad de prensa, se urgió al Estado a fortalecer el Consejo Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; a brindar recursos para el funcionamiento del Observatorio de Violencia Contra Comunicador e impulsar la federalización de los crímenes contra periodistas.

Periodistas andinos

La CIDH también realizó una audiencia el 28 de febrero sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina. Representantes del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Perú, Fundamedios de Ecuador y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, coincidieron en pedir a la CIDH a que inste a los Estados de la región a establecer un cronograma que permita hacer un informe sobre la libertad de expresión en sus países.

Marianela Balbi, de IPYS Venezuela, pidió que se exija a los Estados garantías de cumplimiento a "los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales para evitar órdenes de bloqueo y censura".

Denunció que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza las instituciones del Estado para presionar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión. "El acceso a los insumos de la industria editorial está restringido. No hay dólares para importar papel y el Estado ha concentrado la importación y decide de manera discrecional a qué medio darle papel, tinta o planchas", dijo.

Por el caso de Bolivia se instó a la CIDH a solicitar información acerca de la "violación, vigencia y ampliación de normas que sirva para presionar y asfixiar a medios independientes", denunciada por el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marcelo Miralles Iporre. Alertó sobre la asfixia financiera y las políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes.

Para Ecuador se requirió a la CIDH que "acompañe el proceso positivo de reforma" observado en la Presidencia de Lenín Moreno. El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, puso a disposición de los países andinos la "asistencia técnica" del organismo de cara al "trascendente proceso" que atraviesa el país. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios destacó que existe una mejora en el clima para la prensa y una mayor apertura para el trabajo de la sociedad civil y que se está trabajando en un foro democrático solicitándole al Poder Ejecutivo la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación todavía en vigencia.

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