Managua (15 de agosto de 2018).- Nuestra delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se destacó estos días en Nicaragua para expresar in situ su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación independientes que mantienen su misión a favor del derecho del público a la información, pese al clima de persecución y represión general.
La delegación, luego de más de 30 reuniones con representantes de medios de comunicación y periodistas independientes de varios departamentos del país, así como con agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el ex presidente Enrique Bolaños, con miembros de la Iglesia católica y con diplomáticos destacados en Nicaragua, concluye que las libertades de prensa y expresión están en retroceso, como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La SIP y RSF coinciden que la libertad de prensa, de la que se nutre toda otra libertad social, se halla en este país bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales. Señalan que la responsabilidad política y jurídica de esta regresión en el ejercicio de las libertades corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno que encabezan el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La visita de esta misión internacional a Nicaragua ha confirmado que los ciudadanos de este país expresan en forma intensa, vibrante, plural y clara, el reclamo por mayores libertades y una democracia sólida.
La delegación recalca que la política represiva del Gobierno contra la prensa independiente no es novedosa desde que el gobierno asumió en 2007, pero que se ha incrementado y agravado a través de los años, en especial desde mediados de abril pasado cuando las autoridades han optado por dirigir una represión violenta y letal contra movimientos populares auto convocados para protestar por las políticas autoritarias oficiales.
La SIP señala con preocupación que la situación de libertad de prensa no condice con las promesas hechas por Ortega a la SIP en 2001 cuando como candidato a la Presidencia firmó la Declaración de Chapultepec. Expresó entonces que "para avanzar la paz hay que rectificar esos errores y con ese convencimiento de que la rectificación es una necesidad, venimos a firmar esta Declaración". Así como tampoco condice con su promesa de 2006 al ser elegido Presidente cuando prometió "un respeto irrestricto a la libertad de expresión" tras excusarse de sus períodos presidenciales anteriores por "la censura que obligaba una situación de enfrentamiento y que llevó a excesos, a extremos que tenemos que reconocer".
La misión se expresa con alarma ante las denuncias recibidas por periodistas y medios de comunicación sobre los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a estas protestas. Ello incluye agresiones por parte de grupos paramilitares que emplean contra la población armas de alto calibre, lo que ha atraído un escalamiento constante de víctimas mortales.
Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes representadas por amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas en el interior del país, derivaron en la explosión contra las instalaciones y trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León, y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahaona en la localidad de Bluefields, entre otros graves casos.
La SIP y RSF subrayan y denuncian las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través de políticas de discriminación de publicidad oficial y de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; restricciones a la importación de insumos y equipos periodísticos; periódicas investigaciones impositivas, previsionales y laborales; así como la práctica de presión a anunciantes privados para que no pauten en medios independientes.
Una política de comunicación de discurso único y de propaganda que incluye campañas masivas de desinformación a través de medios de comunicación, la creación de un aparato duopólico de órganos de prensa del gobierno, entre propios, cooptados y alineados al criterio oficial; una cultura de secreto permanente sobre información oficial, violatoria de la Ley de Acceso a la información Pública, mediante la cual el Presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa; y, además, la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento del terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a ciudadanos disidentes que no concuerden con el relato único oficial.
La SIP y RSF aprendieron con preocupación cómo la política autoritaria que ha provocado la desinstitucionalización del país ha generado gran desconfianza en las instituciones. Los periodistas, así como los ciudadanos agredidos, carecen de espacios donde hacer sus denuncias y reclamos ante organismos policiales y judiciales que no tienen la debida autonomía e independencia del poder político.
Ante este clima de violencia contra los medios y periodistas que suele generar autocensura, la SIP y RSF consideran estimulante la creciente presencia de redes sociales en el ámbito digital, que permite a la población una dinámica intensa de participación en sociedad, demostrándose que la tecnología móvil puede tornar irrelevantes los esfuerzos de cualquier ente de poder político o económico, para imponer censura sobre la población.
La delegación saluda que, en este momento difícil para la democracia nicaragüense, un segmento relevante de medios de comunicación y de periodistas estén desarrollando modelos de solidaridad y autoprotección. Asimismo, los insta a que esta red de apoyo se extienda hacia sus colegas del interior del país.
Ante este panorama de claras violaciones a las libertades de expresión y de prensa, la SIP y RSF demandan al gobierno de Daniel Ortega:
El cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales.
La investigación profunda de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.
El respeto y cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas y sus familiares que fueron agredidos y amenazados, proveyéndoles con mecanismos oficiales de seguridad, además de crear fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas como existe en otros países latinoamericanos.
Reclamar – bajo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que cita que la libertad de prensa y la democracia constituyen un binomio indisoluble, así como de la Carta Democrática Interamericana - la necesidad de que el Gobierno y las institucionales nacionales e internacionales busquen el marco adecuado y definitivo para mantener un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país.
La SIP y RSF han ofrecido a organizaciones de periodistas y de medios de comunicación manuales y talleres para capacitarlos en la cobertura de temas de alto riesgo, así como difundir y mantener latente en la agenda internacional, a través de los socios de la SIP y de los organismos multilaterales, la grave situación de la libertad de prensa en Nicaragua.
La delegación internacional está integrada por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del periódico La República, Lima, Perú; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal de noticias La Silla Rota, Ciudad de México, México; el director del Despacho para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, Río de Janeiro, Brasil y el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, Miami, Florida, Estados Unidos.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
