Por Julieta Long
En EE. UU., se observa un esfuerzo sistemático por controlar la narrativa mediante la concentración de medios en manos afines al poder y el uso de los tribunales para agobiar económicamente a las organizaciones de noticias.
Por Julieta Long
El periodismo independiente se enfrenta a un desafío que trasciende la censura tradicional: una asfixia operada a través de presiones administrativas, financieras y regulatorias. Esta estrategia sistemática busca limitar la independencia de los medios y socavar su sostenibilidad económica.
“Actualmente se plantean demandas desmesuradas, amañadas, promovidas o avaladas por quien ejerce la conducción política, o por otro tipo de poderes, con la intención de censurar, descalificar, acosar, perseguir y debilitar a medios o periodistas que molestar a esos poderes”, sostuvo Carlos Jornet, vicepresidente primero de la SIP.
En el derecho anglosajón, se conoce a estas acciones judiciales como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública). La expresión abarca no solo las causas promovidas contra la prensa, sino contra organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos o ciudadanos comunes que investigan o denuncian temas de interés público. “Su objetivo no es ganar, sino censurar mediante largos y costosos procesos”, comentó Jornet.
Casos críticos en Ecuador y México
En el marco de la Reunión de Medio Año de SIP, Armando Castilla, director general de Grupo Vanguardia (México) y Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Gráficos Nacionales S.A. (Ecuador) expusieron testimonios alarmantes sobre cómo se instrumentaliza la justicia para agotar a las empresas periodísticas.
Galo Martínez Leiser denunció un acoso judicial basado en documentos fabricados. Señaló que el gobierno de Daniel Noboa ha resultado ser un "perseguidor más obstinado" que el de Rafael Correa, utilizando a la Superintendencia de Compañías y unidades de lavado de activos para intervenir el medio y presionar a los anunciantes. Según Martínez, el verdadero interés del gobierno es quebrar a los medios de comunicación a través de un desgaste emocional, financiero y reputacional.
Por su parte, Armando Castilla denunció una estrategia de presión sostenida que se ha extendido durante más de diez años. Relató que fue detenido en un aeropuerto por un presunto fraude fabricado, en un proceso donde las autoridades actuaron sin siquiera ratificar la denuncia del supuesto afectado.
Según explicó el directivo, en ciertas regiones de México existe un "combo de servicios" donde despachos con influencia en el poder judicial arman juicios para encarcelar a periodistas y forzarlos a ceder ante intereses políticos.
Un fenómeno global de erosión democrática
Esta problemática no es exclusiva de América Latina. Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), señaló que el ataque a la prensa es un elemento central de las estrategias de poder en democracias "iliberales" como Hungría o Serbia, y ha cobrado fuerza en Estados Unidos.
En EE. UU., se observa un esfuerzo sistemático por controlar la narrativa mediante la concentración de medios en manos afines al poder y el uso de los tribunales para agobiar económicamente a las organizaciones de noticias. “Los tribunales están siendo fieles a la Primera Enmienda, pero eso no quita los esfuerzos que tienen que hacer los medios para enfrentar estos procesos”, sostuvo el experto.
Resiliencia y el "impulso vital" del periodismo
A pesar del panorama adverso, las organizaciones internacionales como la SIP y el CPJ mantienen un seguimiento estrecho de estos casos, buscando elevar las denuncias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Martínez de la Serna concluyó que existe un "impulso vital" irreprimible en los periodistas por buscar la transparencia y construir mejores sociedades, lo cual permite que la profesión perdure a pesar de las presiones económicas y judiciales.