Una veda absurda

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Una de las explicaciones que expertos y analistas señalaron para interpretar el desacierto fue que en los últimos 10 días de campaña, las tendencias empezaban a marcar un resultado distinto.
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Eduardo Antonio Quirós B. / opinion@laestrella.com.pa

Durante las elecciones de 2014 imperó una veda de 10 días calendario anteriores al día de las votaciones para la publicación de encuestas electorales. Todos recordamos que las principales encuestadoras desacertaron los resultados. El candidato —hoy presidente de la República— que aparecía en segundo o tercer lugar en las encuestas terminó ganando las elecciones.

Una de las explicaciones que expertos y analistas señalaron para interpretar el desacierto fue que en los últimos 10 días de campaña las tendencias empezaban a marcar un resultado distinto, pero ante el impedimento establecido en el Código Electoral de divulgar encuestas, no se pudo apreciar la variación que se dio en la recta final.

También es verdad que no acertaron en el referéndum del brexit en el Reino Unido, en la elección del presidente Trump en EE.UU. y en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia; países donde no hay veda o es menor que en Panamá.

Hay que tener claro que una encuesta no es un pronóstico, es una foto del momento en que se realiza la recolección de datos. La calidad científica de la muestra y la transparencia con que se ejecute dará mayor o menor confiabilidad.

Las encuestas son herramientas científicas importantes para la democracia, velar por el profesionalismo en su elaboración y que se conozca la ficha técnica es necesario, por ello están reguladas en el Código Electoral, tal vez hasta demasiado.

La novedad para las elecciones de mayo de 2019 es que la veda se amplió, poniendo a Panamá entre los países con la prohibición de publicación de encuestas electorales más largas del mundo. Estudios demuestran que las vedas son más comunes en los países en vías de desarrollo, que en los países desarrollados.

En este tema, Panamá puso la reversa y con ganas.

Aun cuando la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde estaban representados partidos políticos, sociedad civil, universidades y el Tribunal Electoral, no se pronunció sobre esto, a propuesta del diputado Luis Barría, la Asamblea Nacional aprobó y el Órgano Ejecutivo sancionó una reforma al Código Electoral que prohíbe publicar encuestas dentro de los 20 días calendario anteriores a las elecciones.

Como las normas de las elecciones generales se extrapolan a las internas de los partidos, con las modificaciones en los periodos de campaña, rige el absurdo en las primarias de los partidos que de los 45 días de campaña, 20 tienen veda para publicar encuestas.

En las elecciones nacionales de los 60 días que durará la campaña electoral, el último tercio regirá una prohibición de publicar encuestas.

Es lamentable que el Tribunal Electoral no se haya pronunciado públicamente sobre esta prohibición que flaco favor le hace a la democracia, cuando en otras ocasiones han sido beligerantes contra lo que pueda afectar el proceso electoral.

Recordemos que la prohibición es a publicar o divulgar las encuestas, a través de medios de comunicación social y, ahora, en las redes sociales. Así, partidos políticos, candidatos y hasta medios podrían ordenar la confección de encuestas obtener los resultados, pero no darlos a conocer públicamente, lo cual es discriminatorio con respecto al derecho de acceso a la información.

El sufragio es parte fundamental de la democracia, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información son elementos básicos para que el ciudadano pueda ejercer su voto, entonces las restricciones sin sentido que se le imponen al ciudadano en su capacidad de expresarse o informarse van en menoscabo del sistema democrático.

Otros países han debatido ampliamente sobre esto, de ahí el sinsabor del retroceso en que estamos. Cada vez que una Corte Suprema o un organismo supranacional se ha pronunciado sobre las vedas a las encuestas han dejado claro que son restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que normas que impidan la publicación de encuestas antes de las elecciones constituyen instancias de censura previa, incompatibles con lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 254 del Código Electoral panameño constituye una flagrante censura a la libertad de expresión, al derecho de los ciudadanos (votantes) a recibir información y, también, al derecho de los medios de comunicación a informar; todos preceptos garantizados por nuestra Constitución.

La Corte Suprema de Justicia es la guardiana de la constitucionalidad, ninguna norma inferior debe contradecir a la Constitución.

Desde hace ya algún tiempo, la Corte Suprema tiene para su decisión una Acción de inconstitucionalidad sobre este tema, interpuesta por Televisora Nacional (TVN), que sustenta con claridad las violaciones a la Constitución y a acuerdos internacionales de los que Panamá es signataria. Como está previsto, consultó la opinión de la Procuraduría General de la Nación que emitió una vista en la que aportó otras aristas sobre el porqué la disposición electoral es inconstitucional.

El proceso electoral ya está en marcha con elecciones internas en los partidos políticos, recolección de firmas para candidaturas de libre postulación y, en ocho meses, elecciones generales; urge que la Corte Suprema se pronuncie sobre esta materia.

ABOGADO, PRESIDENTE DEL GRUPO EDITORIAL EL SIGLO & LA ESTRELLA DE PANAMÁ, GESE.

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