Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
Aunque no se han registrado agresiones físicas graves contra periodistas, persisten presiones en los ámbitos judicial, político y económico, así como intentos legislativos recientes que buscan restringir el ejercicio del periodismo, lo que genera preocupación sobre el respeto a este derecho fundamental.
Uno de los principales desafíos es el uso de demandas civiles y penales contra periodistas y medios, en un marco legal que permite el secuestro de bienes desde etapas iniciales del proceso, incluso sin la presentación de pruebas. La falta de reformas en esta materia fomenta la autocensura, debilita la sostenibilidad de los medios y puede derivar en su cierre, afectando directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información. Paralelamente, continúan impulsándose iniciativas que podrían ampliar los mecanismos de presión sobre la labor informativa.
El diario La Prensa (Corporación La Prensa, Corprensa) enfrenta costos legales significativos y múltiples procesos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mantiene 13 demandas civiles: siete en primera instancia por USD 5.4 millones; cuatro con fallos a su favor por USD 33.5 millones, que resultaron en pagos de USD 817.000; y dos fallos en contra, con pagos ordenados de USD 520.000. Además, enfrenta una demanda del diputado Benicio Robinson por USD 1.5 millones por supuestas injurias. Los fondos secuestrados en el proceso interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (USD 1.2 millones) continúan restringidos, a la espera de un fallo de la CSJ.
Tras diferencias con el presidente José Raúl Mulino por una publicación que vinculaba a sus hijas con la restauración de un edificio estatal, la publicidad oficial permanece restringida para los medios propiedad de Corprensa. Asimismo, diversos medios y el periodista Álvaro Alvarado han denunciado el uso de la publicidad estatal como mecanismo de presión para desalentar líneas editoriales críticas al gobierno.
El 6 de noviembre, la periodista Sabrina Bacal recibió una orden de protección dictada por la fiscal Isela Mela Peralta, en el marco de una querella por calumnia e injuria presentada por los empresarios Ramón y Roberto Carretero Napolitano. La medida le prohibió informar sobre ambos durante cuatro meses, afectando la cobertura de un asunto de interés público, dado que los querellantes han sido contratistas del Estado y han sido sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Diversas organizaciones de libertad de prensa calificaron la medida como una restricción grave al derecho a informar.
El 6 de marzo, la jueza de garantías América Vergara revocó la orden en audiencia de control por afectación de derechos fundamentales. Sin embargo, el caso evidencia la vulnerabilidad del ejercicio periodístico frente a mecanismos judiciales, ya que la restricción se mantuvo durante meses y la querella penal continúa en trámite, estableciendo un precedente preocupante sobre el uso de herramientas legales para limitar la cobertura de asuntos de interés público.
En el caso del diario La Estrella de Panamá, se observa un entorno de presión sostenida sobre la labor periodística. Exfuncionarias de la Senniaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) han amenazado con demandas por supuestos daños a la honra si no se eliminan contenidos en los que se les menciona. A ello se suma un fenómeno más complejo: personas vinculadas a investigaciones por delitos graves, incluido el narcotráfico, han intentado forzar la eliminación de publicaciones invocando un supuesto “derecho al olvido” inexistente en la legislación panameña. En algunos casos se han ofrecido pagos para retirar contenidos, evidenciando prácticas que combinan presión, desinformación jurídica y posibles intentos de censura encubierta.
El expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia tras ser condenado por blanqueo de capitales, ha interpuesto demandas millonarias contra cinco medios y plataformas digitales por supuesta calumnia e injuria. A pesar de la condena en el caso New Business por la compra de Editora Panamá América, S.A. (EPASA) con fondos públicos, los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día continúan operando con libertad editorial.
Las demandas penales contra el periodista Félix Tijerino, de InformatPanamá, continúan en curso, a las que se han sumado acciones civiles.
La aprobación en primer debate por la Asamblea Nacional de una reforma al derecho a réplica genera gran preocupación. La propuesta obliga a difundir la réplica con igual prominencia y alcance que la información original —incluidos los medios digitales—, establece plazos más estrictos y limita la discrecionalidad editorial para evaluar su procedencia.
Esta iniciativa tiene implicaciones directas para propietarios y directores de medios, quienes asumirían mayores responsabilidades legales y podrían enfrentar sanciones, cargas administrativas adicionales y una mayor exposición jurídica para garantizar la publicación de réplicas en los términos exigidos. Gremios periodísticos advierten que estos cambios podrían incentivar el uso del derecho a réplica como mecanismo de presión, afectando la autonomía editorial y empresarial de los medios, así como el ejercicio del periodismo en temas de interés público.
El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, ya que algunos funcionarios evitan responder a los cuestionamientos de la prensa o se amparan en la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública. En la Asamblea Nacional no se han registrado avances en iniciativas de transparencia.
El acoso digital ha disminuido en términos generales; sin embargo, persisten campañas de desprestigio en redes sociales y plataformas digitales contra periodistas y medios tradicionales, que en muchos casos parecen coordinadas. Asimismo, se observa la proliferación de plataformas digitales de origen incierto, cuyos propietarios y fuentes de financiamiento carecen de transparencia, dificultando la trazabilidad de los ataques y amplificando contenidos destinados a desacreditar la labor periodística.
A pesar de estas presiones y limitaciones, el Estado mantiene garantías para el ejercicio del periodismo. No se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales ni vigilancia contra periodistas. Tampoco se han reportado atentados ni agresiones físicas graves.
