Paraguay

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020

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La libertad de prensa atraviesa un periodo complejo debido a la proximidad de elecciones, la crisis sanitaria por las epidemias de dengue y coronavirus, y la violencia contra periodistas.

El 12 de febrero fue asesinado el periodista brasileño Leo Veras en el patio de su casa en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero a manos de sicarios armados. El crimen remarcó la evidencia de los lazos entre política y narcotráfico y las consecuencias sobre ataques contra los periodistas.

Vera dirigía el portal web Porá News y se desempeñaba como reportero gráfico y corresponsal de varios medios brasileños. Fue por un tiempo miembro de la redacción regional de ABC Color, época en la cual tuvo guardia policial debido a una serie de amenazas.

En el marco de la investigación del crimen, se realizaron allanamientos en Pedro Juan Caballero y la policía capturó a varios sospechosos, todos ellos ligados a la red criminal liderada por los narcotraficantes Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, ambos presos en el Brasil, y Marcio Sánchez, alias Aguacate.

En marzo, comunicadores de Pedro Juan Caballero reclamaron garantías para poder ejercer su profesión ante los miembros de la Mesa Interinstitucional de Seguridad para Periodistas.

El titular de la corresponsalía de ABC Color en Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo, vive bajo amenaza de narcotraficantes desde hace 24 años y ocho meses por su labor y ha sufrido cuatro atentados, dos contra su casa, rociada a disparos, y dos contra su vehículo.

La fiscal Reinalda Palacio solicitó a la Policía Nacional desplegar mecanismos de protección para el corresponsal de ABC Color Gilberto Ruiz Díaz y su familia debido a las amenazas recibidas.

En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) firmó un contrato para la adquisición de 2.760 notebooks y 138 proyectores con Data Lab, empresa que presentó el presupuesto más alto durante la licitación. Consultado sobre los motivos de tal decisión, en apariencia contraproducente, el ministro de Educación, Eduardo Petta, no brindó las explicaciones solicitadas, sino que trató de mentirosos a los periodistas.

En octubre, una querella planteada por la exviceministra de Tributación, Marta González Ayala, contra la directora del diario ABC Color y uno de sus periodistas, fue elevada a juicio oral luego de que la defensa rechazara cualquier conciliación. La exfuncionaria solicitó una reparación de más de US$ 1.400.000 por publicaciones periodísticas sobre irregularidades cometidas durante su gestión. El juicio está aún pendiente de realización.

En noviembre, pobladores de la ciudad de Capiibary, departamento de San Pedro, se movilizaron en apoyo al comunicador Bruno César Benítez (49), imputado por tentativa de robo agravado y coacción. El periodista tiene un programa en una radioemisora local. Habitantes de la localidad sospechan que la denuncia busca impedir su labor periodística, ya que en ese espacio da participación a líderes campesinos y critica a funcionarios de la Fiscalía.

En febrero comenzó el juicio oral y público del periodista Édgar Chilavert, privado de libertad desde octubre de 2018 por una denuncia de abuso sexual de un menor, pese a que la pericia forense no encontró elementos que lo involucren en el delito que se le imputa. Los testigos presentados por la fiscala terminaron acusándola de obligarles a mentir. La médica forense del Ministerio Público confirmó ante el tribunal que no existió abuso.

Antes de ser presentada la denuncia en su contra, Chilavert, periodista de Radio Aquidabán FM, de Concepción, había expuesto públicamente hechos de corrupción en la venta del puerto de Concepción, capital del Departamento del mismo nombre, realizada por el intendente Alejandro Urbieta con permiso de la Junta Municipal.

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