Panamá

Aa
Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020
$.-

Los medios de comunicación, distribuidores y periodistas están exceptuados de las restricciones por el estado de emergencia impuesto por el gobierno nacional el 13 de marzo y la ampliación a un toque de queda de 24 horas para contrarrestar la pandemia del coronavirus.

En un marco general de reducción de las actividades económicas, los medios, en particular los impresos, han visto una drástica caída de su circulación e ingresos por publicidad.

En noviembre se produjo la filtración de conversaciones por WhatsApp del expresidente Juan Carlos Varela con funcionarios locales, de otros países, empresarios y periodistas, que dejó al desnudo el tráfico de influencias y la tensa relación entre poder político y medios de comunicación. El Consejo Nacional de Periodismo reclamó el valor del periodismo en una democracia y el derecho de los ciudadanos a expresarse a través de las redes sociales sin temor a ser perseguidos.

Treinta y siete (37) periodistas y directivos de los diarios La Prensa y Mi Diario han sido querellados por el expresidente Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor. Quince (15) demandas han sido presentadas y once (11) admitidas, cuyas reclamaciones alcanzan a 46,100,000 de dólares.

La legislación permite que el reclamante pueda intentar el congelamiento de activos, lo que podría paralizar la operación continua e ininterrumpida de los medios. Hace algunos años se prohibió que esa medida alcance a los medios radiales y televisivos, pero no así a los medios impresos y digitales y a los periodistas.

Sigue vigente el artículo 195 del Código Penal que tipifica la injuria y calumnia. Aunque la difamación ha quedado descriminalizada cuando la "supuesta víctima" es un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares y el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Los responsables podrán ser sancionados entre seis años y 18 meses de prisión o su equivalente en días multa.

Además, las reparaciones económicas no tienen límites y pueden servir para amedrentar a periodistas o provocar el cierre de un medio.

El Ministerio Público continúa las investigaciones denominadas "New Business", sobre la compra del grupo EPASA por sus actuales propietarios. EPASA considera que se trata de una represalia contra Panamá-América y Crítica, por las denuncias de corrupción que publican. Las investigaciones llevan más de dos años, desde junio de 2017, y sectores de la prensa reclaman que el Ministerio Público debería concluirlas para evitar que sigan afectando el normal funcionamiento de esos medios.

Permanece en trámite en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) un proyecto de Ley Marco de Comunicaciones que establece mecanismos de control en contra de los medios y periodistas por parte de los gobiernos.

Compartí

0