El mayor problema para la libertad de prensa sigue siendo el acoso judicial a través de demandas por difamación que presentan servidores públicos contra medios y periodistas para silenciar investigaciones por presunta corrupción. Los procesos permiten que sin que haya sentencia, los jueces puedan demandar el secuestro de bienes a los demandados, a modo de garantía.
Por ejemplo, Corprensa, casa editorial que publica La Prensa, enfrenta 15 demandas civiles: siete en primera instancia, que pretenden hasta 4,2 millones de dólares; cuatro con fallos a su favor en primera o segunda instancia, que pretendían US$33,5 millones pero que resultaron en el pago de US$817 mil a favor del medio; y cuatro fallos en contra, que buscaban US$12 millones, pero en los que se ha ordenado al medio pagar US$566.476. Estas sentencias, en su conjunto o de manera individual, amenazan la sostenibilidad y viabilidad financiera de Corprensa.
El proceso administrativo impuesto por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra Corprensa por publicar una fotografía de un diputado sin su autorización fue archivado, pero se mantiene la demanda civil interpuesta por el legislador.
En este periodo legislativo del nuevo gobierno se presentó un proyecto de ley que busca impedir que los bienes y activos pertenecientes a medios de comunicación y generadores de opinión puedan ser secuestrados judicialmente en procesos civiles por calumnia e injuria.
Previamente, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, varios medios denunciaron la distribución discrecional de la publicidad oficial. El actual gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el 1 de julio, aún no ha distribuido publicidad estatal. Sin embargo, debido a un agresivo programa de contención del gasto público, anunció que esta será menor que en el gobierno anterior, aunque equitativa.
El presidente Mulino organiza semanalmente conferencias de prensa en las que se toman preguntas de las redes sociales y de medios de comunicación presentes en el auditorio, por lo general medios tradicionales.
En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa se encuentran dos anteproyectos de ley que afectan en forma positiva las libertades de prensa y de expresión.
Uno de los impulsos positivos busca regular el gasto estatal en publicidad para hacerlo "más transparente, eficiente y equitativo". Otro pretende establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal. Ambos fueron presentados por el exdiputado independiente Gabriel Silva durante el quinquenio pasado.
Asuntos judiciales relevantes:
Un tribunal confirmó, en segunda instancia, la sentencia contra el comentarista Eduardo Narváez a cinco años de prisión por el delito de violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general Kenia Porcell, por presuntas lesiones psicológicas. Porcell querelló a Narváez tras publicaciones de enero de 2019 en Instagram, donde aparecían imágenes de una modelo rusa parecida físicamente a la exprocuradora. Las partes podrán apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un tribunal revocó en segunda instancia el fallo a favor de Corporación La Prensa (Corprensa) en la demanda civil por presuntos daños y perjuicios por US$5,5 millones, interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012. El tribunal condenó a Corprensa a pagar US$5.000 por daño moral. El fallo de primera instancia había sido considerado un precedente importante por el uso del principio de "real malicia" para exonerar al medio. El caso está en apelación ante la Corte Suprema.
Están pendientes un recurso de nulidad y otro de recusación en un caso de supuesta violación del derecho de imagen por la publicación de un álbum coleccionable con contenido biográfico del boxeador Roberto "Mano de Piedra" Durán. La Prensa había sido condenada al pago de US$505 mil, cifra que ha sido considerada desproporcionada, dado que el proyecto editorial generó ingresos por US$20 mil y costos por US$70 mil. La interpretación del juzgado podría permitir que personalidades públicas demanden a medios y periodistas por el uso de su imagen.
Corprensa tiene otros tres procesos judiciales en etapa de casación, lo que implica que un cuerpo colegiado de magistrados revisará los casos para emitir un fallo definitivo. En uno de estos casos, si bien la sentencia es a favor de Corprensa, en las dos primeras instancias el monto demandado es de US$25 millones.
Por otro lado, la Corte Suprema no admitió un recurso de casación para apelar la condena contra Corprensa, que ordena el pago de US$3.000 en concepto de daño moral, tras una demanda civil por un millón de dólares presentada por la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) presentó una denuncia penal contra el periódico La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas por presuntos daños contra el honor y la seguridad económica. La denuncia fue motivada por la publicación de una noticia sobre el cierre de cuentas bancarias del sindicato por parte del banco estatal Caja de Ahorros.
La Corte Suprema ratificó una condena civil contra Geo Media, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, para pagar US$24.735 en una demanda por US$400 mil presentada por Nelson Carreyó por presuntos daños y perjuicios tras la publicación de dos glosas en 2012, cuando Carreyó aspiraba a un cargo público.
También se mantiene la condena confirmada en 2019 por la Corte Suprema contra la periodista Linett Lynch por US$32 mil debido a una publicación sobre presuntos actos de corrupción en un tribunal.
El medio digital Foco enfrenta dos causas penales y dos demandas civiles por un total de US$746 mil. En el proceso interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, se mantiene un secuestro por US$4.500.
Sigue vigente una orden de secuestro judicial por US$121 mil contra el periodista radial Ronald Acosta, quien fue demandado por el diputado oficialista Benicio Robinson.
El Colegio Nacional de Abogados y el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), con apoyo del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas, presentaron en octubre de 2022 una propuesta de reforma para atender los vacíos en la ley vigente y que haya protecciones para el ejercicio del periodismo y el uso de documentos o datos públicos de interés público.
La condena del caso New Business, sobre la adquisición de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), antigua editora de los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día, fue confirmada por la Corte Suprema el 22 de febrero. La sentencia quedó ejecutada el 4 de marzo. En este caso, el expresidente Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de US$19,2 millones. La condena incluye el decomiso de las acciones de EPASA a favor del Estado. Las marcas de los diarios fueron transferidas en febrero de 2020 a otra sociedad controlada por Martinelli. Hasta el momento, los medios continúan publicando con libertad editorial. Martinelli permanece asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, por lo que la condena no ha podido ser ejecutada.
Se mantiene vigente la sanción impuesta al medio digital Foco por la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), del Tribunal Electoral, a raíz de una denuncia presentada por Martinelli, quien alegó que el medio publicó propaganda electoral. A finales del año pasado, se modificó el proceso de la DNOE, lo que permitió que el denunciado pudiera declarar bajo juramento si había recibido pagos para realizar la publicación antes de ordenar la suspensión del contenido. No obstante, Foco no declaró. Pese a que la sanción sigue vigente, aún no se ha hecho efectiva.
