Nuestra tarea de monitoreo y denuncia sobre violaciones a la libertad de prensa en todos los países de las Américas, que se ha puesto nuevamente en evidencia en los informes país por país y a los que se alude en este cuerpo de Conclusiones, continuó a pesar de que no hemos podido celebrar nuestra reunión de medio año en Saltillo, México, debido a los tiempos excepcionales que vivimos por la pandemia del COVID-19.
Expresamos nuestra satisfacción porque en la mayoría de los países del continente y pese a los estados de emergencia nacional, cuarentenas, toque de queda y otras medidas para controlar el COVID-19, los gobiernos han respetado las garantías constitucionales y principios internacionales sobre libertad de prensa y expresión, para que los medios de comunicación y periodistas cumplan con su labor indispensable.
En Aruba, Chile, El Salvador y Trinidad y Tobago los gobiernos impusieron algún tipo de restricción al flujo de noticias, aunque, igualmente, la prensa se esforzó para mantener informadas a sus comunidades. Lamentablemente en Cuba, Nicaragua y Venezuela los gobiernos mantuvieron estados de excepción contra el periodismo independiente que obligan a seguirlos clasificando como regímenes autoritarios.
La cobertura de la pandemia ha estado marcada en el continente por una tensa relación entre los medios y el poder político, sin distinción de ideologías, ya sea por controversias en conferencias de prensa, escasa información oficial o señalamientos de funcionarios gubernamentales contra opiniones e informaciones críticas, como en el caso de los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; de Brasil, Jair Bolsonaro; de México, Andrés Manuel López Obrador; de El Salvador, Nayib Bukele, y de Venezuela, Nicolás Maduro.
En Venezuela el régimen encarceló a dos periodistas por cubrir casos relacionados al coronavirus, mientras que la periodista Ana Belén Tovar sigue encarcelada desde el 19 de noviembre sin que se le hayan formulado cargos. En Cuba, además de Roberto de Jesús Quiñones que cumple una condena de un año, 11 periodistas independientes fueron detenidos en forma arbitraria y a otros 24 se les prohíbe la salida del país por el solo hecho de informar sin la aprobación del Estado. En Nicaragua continúa vigente un estado de sitio, en el cual el gobierno de Daniel Ortega no permite reuniones en espacios públicos, incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales para que ataquen a medios y periodistas, a la vez que mantiene un duopolio de medios a manos de familiares de la pareja presidencial.
Durante el semestre entre nuestra pasada Asamblea no cesó la violencia contra periodistas. Nueve colegas fueron asesinados entre octubre y marzo pasados. Estos crímenes ocurrieron en Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Paraguay, mientras que una periodista continúa desaparecida en Perú. En Colombia, la impunidad sigue primando con la prescripción de siete casos de asesinatos y la posible prescripción de otros cinco durante 2020.
Las protestas sociales que en los últimos meses afectaron a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Haití generaron agresiones directas contra las instalaciones de medios de comunicación y sus equipos de trabajo. Los medios fueron atacados por grupos sociales que se describían como agraviados por las condiciones políticas, económicas o sociales en sus países.
Los periodistas y medios también fueron blanco de ciberataques por parte de autoridades. Casos claros de bloqueos, hackeos y robos de identidad fueron perpetrados en Cuba y Venezuela, siendo considerado este último gobierno como uno de los más activos del mundo en este tipo de agresiones tecnológicas. Muchos otros medios fueron atacados, particularmente en El Salvador y Brasil, donde ocurrió un ataque cada siete minutos durante 2019.
En el frente legal, todavía existen rezagos por parte de los legisladores sobre la descriminalización de los delitos de injurias y calumnias como en Honduras y Perú. Mientras tanto, en Paraguay, Panamá, Perú y México las demandas civiles no tienen límites, por lo que los medios se ven asediados por reparaciones millonarias que ponen en riesgo su estabilidad. A las demandas por difamación se sumó la que el equipo de campaña del presidente Trump interpuso contra The New York Times, el The Washington Post y a CNN, siendo la primera vez que este tipo de hechos se registra en la historia de ese país.
Finalmente, desde la SIP, queremos felicitar y agradecer a todos los medios de comunicación y periodistas de las Américas por el compromiso y la responsabilidad que están demostrando en esta crisis de salud pública que afecta al mundo. Más aún, inspira que lo están haciendo en una época difícil la que la crisis de salud pública ha profundizado la inestabilidad económica que los medios vienen experimentando en las últimas décadas. Por ello, hacemos votos en favor de la salud de nuestros asociados y sus familias, lo mismo que por la fortaleza de nuestra tarea profesional, quizá ahora más necesaria que nunca para seguir viviendo en democracia.
