Preocupación de la SIP por intentos de criminalizar el trabajo periodístico en Argentina

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Las decisiones judiciales que contravienen principios de libertad de expresión "suelen inhibir a las fuentes del periodismo, justamente el elemento más importante que debe incentivar un gobierno para luchar contra la corrupción y que haya transparencia".
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Miami (10 de diciembre de 2020).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por varios casos de criminalización a la labor de los periodistas argentinos que investigan sonados casos de corrupción pública. Las presiones se producen en franca contradicción con principios constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa y transparencia que deben regir en un estado democrático.

La semana pasada, en un arrebato anti constitucional, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apuntó contra las fuentes del periodista investigativo Diego Cabot, del diario La Nación. El juez ordenó que le entregaran los registros de las cámaras de seguridad de la zona donde el periodista se reunió con una persona, que fue una de sus fuentes en el caso denominado "causa de los cuadernos", con el que destapó una de las mayores tramas de corrupción de las últimas décadas en el país.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, coincidió con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y el Foro de Periodismo Argentino en que la medida judicial "ignora la protección de las fuentes periodísticas amparada en la Constitución". Lamentó que el Poder Judicial argentino tenga "este tipo de tropiezos" en consideración de que siempre ha dado muestras de respetar "principios constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa y transparencia".

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que "estos casos, así como la persecución judicial que hemos denunciado en numerosas ocasiones contra el periodista del diario Clarín Daniel Santoro, acusado por presuntos delitos de coacción, extorsión y por formar parte de un grupo dedicado al espionaje con algunas de sus fuentes, muestran un patrón de acoso judicial que aparenta tener la intención de impedir que el periodismo investigativo continúe con su labor".

Canahuati, presidente de Grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, expresaron que las decisiones judiciales que contravienen principios de libertad de expresión "suelen inhibir a las fuentes del periodismo, justamente el elemento más importante que debe incentivar un gobierno para luchar contra la corrupción y que haya transparencia".

Las autoridades de la SIP también expresaron preocupación por el caso de la periodista Irene Benito, del diario La Gaceta de Tucumán, que enfrenta una denuncia penal por los delitos de administración fraudulenta, atentado a la autoridad y coacción, a raíz de sus publicaciones sobre el funcionamiento de la justicia penal y la relación entre los poderes político y judicial. Sus investigaciones sirvieron para destapar uno de los mayores escándalos que involucran a la justicia y la política en la provincia de Tucumán.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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