Miami (3 de julio de 2024) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Estado mexicano a reactivar la causa por el asesinato del columnista Víctor Manuel Oropeza Contreras, para evitar que el hecho caiga en la impunidad y se logre determinar la responsabilidad penal de todos los autores del crimen, según las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A 33 años del atentado, ocurrido el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez, México, la entidad continental exigió una vez más una investigación completa, imparcial y efectiva de lo ocurrido en aquella trágica jornada.
Oropeza, un columnista crítico y médico homeópata, fue apuñalado en su consultorio. Dos hombres ingresaron en la sala de consulta, forcejearon con él y le asestaron 14 puñaladas en el torso, según el informe forense. Al fallecer, tenía 60 años y 28 de experiencia periodística, según los registros de la SIP.
Entre los posibles móviles del homicidio, se consideraron las duras críticas y denuncias en su columna "A mi manera", que publicaba desde 1984 en el Diario de Juárez, sobre la presunta relación entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes. En varias ocasiones, Oropeza identificó con nombre y apellido a policías responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos.
Como parte de su campaña "Voces que reclaman justicia", la SIP busca perseverar en el reclamo de justicia y rescatar la memoria del periodista, cuyo crimen también derivó en amenazas anónimas contra el padre de Patricia Martínez Téllez, viuda de Oropeza, para que su hija dejara de presionar por investigaciones más activas.
En 1997, la SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que las deficiencias en el proceso de investigación del asesinato violaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, las garantías del debido proceso y la protección judicial.
El 19 de noviembre de 1999 la CIDH aprobó recomendaciones al Estado mexicano que aún hoy siguen sin cumplirse. Estas comprenden la realización de una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato; otra investigación sobe posibles hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia, incluyendo la posible participación de funcionarios judiciales, y en su caso, la aplicación de las sanciones penales, administrativas y/o disciplinarias que correspondan y la reparación adecuada a los familiares de Oropeza.
"Observamos, y así se ha comunicado en reiteradas ocasiones a la CIDH, que se siguen sumando más eslabones a la cadena de impunidad del asesinato ocurrido hace 33 años, debido a la inacción y desidia del Estado para dar respuestas en tiempo y forma", subrayó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Si bien en 2003 la SIP y el gobierno de México firmaron un compromiso de seguimiento para revisar el expediente del caso –lo que llevó a que entre 2005 y 2010 se realizaran numerosas reuniones con representantes del gobierno nacional y del estado de Chihuahua–, la organización suspendió las conversaciones por falta de avances.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, instó a las autoridades a dar cumplimiento a las recomendaciones y a quebrar "el ciclo de impunidad que rodea a este y a decenas de otros crímenes contra periodistas mexicanos".
En marzo de 2022, la viuda entregó una carta al entonces subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, en ocasión de un viaje del alto funcionario a Ciudad Juárez. En ella se reclamó por la impunidad, los desaciertos y las irregularidades en la investigación del caso. Hasta el momento, no hubo respuesta.
Para su viuda, "recordar que el caso permanece impune y no se busca ni siquiera la verdad histórica, es por sí solo indicativo de que hay gente importante y poderosa que tiene mucha preocupación de que se vuelva a abrir [la investigación] y se llegue a un esclarecimiento que pondría a todos los cómplices entre la espada y la pared".
Martínez agregó que "los adversarios no pudieron impedir que la lucha de Víctor Manuel Oropeza Contreras abriera la puerta para la democracia en México, como tampoco pudieron borrar su contribución, tal como lo trataron de hacer desde un principio. Callaron su pluma, pero no su legado".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
