16 agosto 2024

La embestida del régimen de Maduro contra la libertad de expresión

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Resumen semanal
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En el camino de represión y hostigamiento de países como Cuba y Nicaragua, la prensa venezolana está sufriendo una intensa ola de ataques tras las elecciones presidenciales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la imputación del delito de terrorismo e incitación al odio contra cuatro periodistas dispuesta por el régimen venezolano. A este hecho también se suma la anulación de pasaportes a al menos 16 periodistas y activistas de derechos humanos, según informó Espacio Público.
El 8 de agosto, Nicolás Maduro anunció el bloqueo por 10 días de la red social X y también llamó a los ciudadanos a dejar de utilizar el servicio de mensajería WhatsApp. Más de 400 medios de comunicación venezolanos han cerrado en los últimos años y las restricciones a las redes sociales y los bloqueos a portales digitales limitan aún más el libre acceso a la información.
Para enfrentar la censura, 12 medios venezolanos lanzaron en conjunto la “Operación Retuit”, un noticiero que será presentado por dos personajes creados con inteligencia artificial para informar a los ciudadanos y evitar represalias.
Por otra parte, el Parlamento venezolano aprobó en pocos días una ley reguladora de las organizaciones no gubernamentales ONG, profundizando su política de debilitamiento de la sociedad civil.
En Paraguay, avanza una controvertida ley que podría poner en riesgo el periodismo independiente ya que pretende regular a las organizaciones sin fines de lucro, exigiendo mayor control, transparencia y rendición de cuentas. Los críticos advierten que estas medidas podrían limitar la libertad de expresión.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) denunció que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha amenazado e insultado reiteradamente a periodistas, incluyendo a César Hildebrandt y Ricardo Velazco, tras reportes sobre presuntas irregularidades en su pasado.
Por otro lado, Santiváñez anunció la creación de un equipo de trabajo especial para capturar a Hialmar Enrique Laynes Sánchez, quien acosó a siete periodistas. Según informó Infobae, “Santiváñez culpó a la Fiscalía de no conseguir una sentencia de prisión efectiva contra el agresor”.
Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Colombia, un 36% de los periodistas encuestados aseguraron haber sido víctimas de amenazas contra su vida e integridad. El informe agregó que un 47.7% del total de las vulneraciones de derechos reportadas por los periodistas, tiene como responsables a las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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