Miami (13 de julio de 2026) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su más enérgico rechazo a la citación judicial de cuatro periodistas de The New York Times por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de una investigación relacionada con la publicación de informaciones sobre posibles vulnerabilidades de seguridad en el nuevo avión presidencial.
De acuerdo con información pública, los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron convocados a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan en los próximos días tras la difusión de un reportaje que reveló preocupaciones del Servicio Secreto sobre el uso de un avión donado por Qatar y adaptado para funciones presidenciales. Las citaciones que, según el diario, fueron entregadas en los domicilios de los reporteros, se producen en un contexto en el que autoridades federales buscan identificar a las fuentes de la filtración.
El periódico informó que apelará la orden judicial que considera un riesgo para la labor de los medios de reunir información de interés público. En septiembre pasado la SIP también denunció como un ataque contra la libertad de prensa una demanda del presidente de Donald Trump contra The New York Times y cuatro de sus periodistas por presunta difamación.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó: “Este tipo de medidas son altamente preocupantes, al involucrar directamente a periodistas en posibles procesos judiciales que pueden derivar en la revelación forzada de sus fuentes confidenciales. Advertimos que estas acciones no solo vulneran principios fundamentales del ejercicio periodístico, sino que también tiene un efecto inhibidor sobre futuras investigaciones de interés público”.
Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agregó: “La citación de periodistas por el contenido de su trabajo informativo representa una señal alarmante de intimidación institucional. Cuando el poder público recurre a mecanismos judiciales para presionar a la prensa, se debilita gravemente el sistema de controles democráticos y se pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente”.
El reportaje en cuestión abordaba preocupaciones legítimas sobre la seguridad del avión presidencial, un asunto de interés público que justifica plenamente el escrutinio periodístico.
“En lugar de garantizar transparencia, las autoridades han optado por avanzar en una investigación que, en la práctica, expone a los periodistas a presiones legales para revelar sus fuentes”, señaló la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.
Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), sostuvo: “Obligar a periodistas a comparecer ante un gran jurado en casos vinculados a la difusión de información de relevancia pública constituye una forma de coerción incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión. La protección de las fuentes no es un privilegio del periodista, sino una garantía esencial para la sociedad”.
La SIP recuerda que tanto la jurisprudencia internacional como los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec establecen que los periodistas no deben ser objeto de represalias por investigar y publicar información relevante. Asimismo, subraya que el secreto profesional es un pilar indispensable para asegurar el flujo de información sobre asuntos de interés público, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la seguridad del Estado.
Si bien las autoridades han señalado que los periodistas no son el objetivo de la investigación, la SIP advierte que la sola citación judicial ya constituye una forma de presión que puede desalentar el trabajo periodístico y afectar la disposición de las fuentes a denunciar irregularidades.
En el primer semestre de 2026, el Departamento de Justicia ya había citado a reporteros de The Washington Post y The Wall Street Journal a testificar ante un gran jurado sobre sus fuentes de información confidencial. Tras una batalla legal, los medios lograron frenar las órdenes y en ambos casos el Departamento de Justicia retiró las citaciones, de acuerdo con informes de prensa.
La SIP ha documentado en sus informes semestrales los crecientes desafíos que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Estados Unidos para informar con libertad a la ciudadanía sobre las políticas y acciones del gobierno.
La organización también observa con preocupación que este caso se inscribe en una tendencia más amplia de intentos por investigar filtraciones mediante acciones que involucran directamente a periodistas, lo que incrementa los riesgos para la libertad de prensa y el derecho del público a saber.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
