Guatemala

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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En este período, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa se vio condicionado por factores coyunturales e intemporales que incluyen el asesinato de un periodista, agresiones, intimidaciones, censura y ataques cibernéticos.


La situación de seguridad de los medios de comunicación y periodistas continúa siendo crítica. Hasta el 22 de septiembre, el Observatorio de los Periodistas, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), registraba 47 agravios contra la prensa. Para la misma fecha, la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas había recibido 76 denuncias.


El 25 de junio fue ultimado Álvaro Alfredo Aceituno López, periodista y director de la emisora Estéreo Ilusión, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El periodista de 65 años falleció horas después de haber sufrido un ataque armado a pocos metros de su residencia. Conducía el programa de noticias Acontecer Coatepecano y el segmento titulado "Si usted no lo dice, quién lo dirá", en el que abordaba temas de salud, seguridad, educación y sobre la administración local, entre otros temas de interés para la comunidad.


Otros periodistas asesinados en el período y cuyos casos aún se investiga si están vinculados con la actividad profesional son: Winston Leonardo Túnchez Cano (8 de abril), Diego Salomón Esteban Gaspar (30 de abril), Víctor Hugo Valdés Cardona (7 de junio), Felipe David Munguía Jiménez (4 de septiembre) y Ana Leonor Guerra Olmedo (9 de septiembre).


El 24 de marzo, en el Centro Histórico de la capital, la reportera Gabriela López, de Prensa Libre, fue intimidada durante un altercado con otras personas y con agentes de la Policía Nacional Civil. En por lo menos dos ocasiones más, periodistas de ese medio fueron amenazados por supuestos familiares que acuden a auxiliar o reconocer a víctimas de ataques armados.


El 7 de julio en la aldea El Tablón, Sololá, unos 30 líderes comunitarios de Sololá intimidaron a periodistas que cubrían un allanamiento policial en un taller de mecánica.


El 17 de abril, desconocidos intentaron matar al periodista William Omar Cabrera Monterroso, de Cable Gardenias y del radio periódico Despertar Occidental de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. El reportero sufrió una herida de bala en la mano izquierda, que le provocó la amputación de un dedo. El ataque ocurrió cuando el periodista se encontraba en la puerta de su residencia.

El 27 de abril, periodistas del "Grupo A", consorcio de medios conformado por Canal Antigua, ContraPoder y Diario Digital, denunciaron amenazas de muerte y hostigamientos en su contra luego de publicar una investigación sobre un negocio millonario en el que estaría involucrado Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia de la República por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder). Las intimidaciones se hicieron a través de redes sociales e inclusive se crearon perfiles falsos de los periodistas y sus familiares para el mismo objetivo. En uno de los mensajes compartidos en Twitter, Asier Andrés, encargado de la investigación, fue amenazado directamente. Estas amenazas tendrían relación con el reportaje "El penúltimo negocio de Manuel Baldizón", publicado por el semanario ContraPoder en su edición del 22 de abril.


El 23 de junio, los corresponsales destacados en el departamento de Quiché, Óscar Figueroa, de Prensa Libre; Héctor Cordero, de Guatevisión, y Jorge Chávez, de TCN, todos ellos denunciaron en el Ministerio Público un acto de intimidación mientras viajaban a una cobertura. Les hicieron un disparo desde un vehículo agrícola. Nadie resultó lesionado.


El 12 de julio, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, el alcalde intimidó a periodistas que lo cuestionaron sobre un problema de agua en la comunidad. El jefe edil les preguntó quién iba a mantener a sus hijos "si les pasaba algo" y les djo que se cuidaran mucho.


El 10 de agosto, el periodista Marvin Túnchez, del departamento de Suchitepéquez, denunció que está amenazado de muerte. Túnchez resultó herido de bala en el ataque ocurrido el 10 de marzo de 2015 en el parque central de la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento citado, en el que murieron los corresponsales Danilo López, de Prensa Libre y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo.


También se registraron dos casos de censura y ataques cibernéticos a la página web de un canal de televisión. El 1 de marzo, Guatevisión denunció que su sitio en Internet fue blanco de cerca de 1,663 ataques cibernéticos. Esto provocó que los usuarios tuvieran dificultades para acceder a las noticias. Según el medio, los ataques eran locales, pero a través de redes asiáticas.


Aunque la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento protegen el ejercicio periodístico y la confidencialidad de las fuentes, fiscales y jueces incurren en exigencias constantes de exigir el aporte o la entrega de testimonios personales o archivos de audio y video para utilizarlos como pruebas en procesos en los que, por la autoría, pretenden que termine involucrado el reportero. Estas exigencias fueron comunes sobre todo en el ejercicio de la Fiscal General anterior, Claudia Paz y Paz, y siguen siendo prácticas permitidas por la gestión de la actual Fiscal General, Thelma Aldana.

Prensa Libre denunció esta tendencia el 30 de mayo de 2016 por las constantes presiones que reciben sus reporteros y editores por parte de fiscales del Ministerio Público para que revelen fuentes, lo que se ha convertido en un procedimiento que amedrenta a los periodistas y genera autocensura.


El Ministerio Público presentó disculpas a Prensa Libre, aduciendo que se determinó que esas diligencias se realizaron sin consulta.


Existe intolerancia a la crítica por parte del presidente de la República, Jimmy Morales, y del vicepresidente, Jafeth Cabrera, quienes en diversas actividades han objetado y descalificado a los medios.


El 19 de septiembre, el mandatario afirmó que las críticas a su gobierno se debían a que no estaba pagando publicidad a determinados medios. "¡Se acabó la fafa, se acabó la publicidad... Perdónenme si ese es el dolor de los medios de comunicación, perdónenme!", gritó en un acto público, irritado por publicaciones sobre un acto de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están involucrados su hijo José Manuel Morales y su hermano Samuel Morales.


El 20 de septiembre, el gobierno dispuso serias restricciones a la prensa mediante un decreto para regular la atención sobre inundaciones. El acuerdo buscaba "exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público". El acuerdo fue luego derogado.


El 13 de octubre, la gobernadora del departamento de Quetzaltenango, Claudia Ávila, compró por medio de personas desconocidas la mayoría de ejemplares de la edición del periódico elQuetzalteco. La compra masiva de la edición habría tenido la intención de evitar la difusión de información publicada en el medio sobre presiones que habría ejercido la gobernadora para evitar la destitución de su padre de un cargo público. La acción fue denunciada ante el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, quien la calificó como atentado contra la libertad de expresión y contra la transparencia que debe tener un funcionario público.


Continúa sin resolverse la existencia de un monopolio radial y televisivo en manos del empresario mexicano Ángel Remigio González, que tiene seis canales de televisión abierta y 66 radioemisoras. Se sigue denunciando que estos medios acaparan la publicidad oficial y vetan para que las empresas contratantes puedan publicitarse en otros medios, así como que se beneficia del Gobierno y de políticos con lazos familiares con González y sus principales ejecutivos, y los utiliza para montar o difundir campañas o estrategias de desprestigio en contra de personas o instituciones que no gozan del favor o las simpatías de González o sus representantes. Uno de estos ataques fue contra accionistas del diario Prensa Libre y del canal Guatevisión, contra quienes se emprendió una campaña de desprestigio que duró más de una semana.


Se denuncia también el uso de esos medios como instrumentos de presión para el logro de privilegios como las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para exonerar a estas frecuencias televisivas del pago del referido tributo, y después, en diciembre de 2012, los cambios a la ley del espectro radiofónico, que aumentaron de 15 a 20 años el usufructo sobre las frecuencias de televisión abierta, radioemisoras y telefonía celular.


El crimen organizado o delincuentes que operan de manera individual también dificultan el libre ejercicio del periodismo en las provincias. El temor a represalias orilla a los corresponsales a solicitar constantemente que se suprima su firma en reportes o material audiovisual relacionado con sucesos o acciones policiales en contra del narcotráfico.


En algunas regiones, los periodistas se autocensuran y no dan cobertura a hechos de violencia, en aparente vinculación al narcotráfico u otras actividades ilícitas.

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