El Salvador

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72ª Asamblea General de la SIP
13 - 17 de octubre de 2016
Ciudad de México, México
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En los últimos meses, la prensa celebró los avances de la justicia para sancionar graves atentados contra la libertad de expresión. Sin embargo, siguen existiendo desde el poder político control y ocultamiento de la información pública, lo que impide saber sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos y esclarecer casos criminales de tráfico de influencias.


Debido a ellos, la Sala de lo Constitucional y los medios informativos independientes se han convertido en blanco de ataques del oficialismo.


El 8 de octubre, el secretario general del partido de gobierno FMLN, Medardo González, arremetió contra los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en un acto público del oficialismo, en el cual llamó a sus militantes a no creer en estos medios, a los que acusó de difundir "mentiras".


Por su parte, hubo inéditas intervenciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para obligar a la gestión de Casa Presidencial a entregar documentación solicitada por diferentes medios y organizaciones civiles. Por tal motivo, se desató una franca campaña de desprestigio de parte del Ejecutivo contra el máximo tribunal, así como desde otras esferas del gobierno, incluso de sindicatos progubernamentales.


La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy han sido blanco de campañas y llamados a boicots comerciales por parte del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que ambos medios fueron víctimas de una serie de ciberataques perpetrados por individuos que ahora son procesados y que laboran para empresas directamente ligadas a la figura del alcalde. Estas personas tienen vínculos directos con el manejo de las campañas y estrategias digitales de la alcaldía.


Lo anterior se evidencia con el significativo espaldarazo que la justicia salvadoreña ha recibido para esclarecer y sancionar estos hechos. Por petición de la Fiscalía general, su contraparte en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, entregó a las autoridades judiciales un informe completo que deja al descubierto la estructura de fraudes cibernéticos que se había montado para atacar a ambos medios.


El documento confirma las acusaciones y peritajes realizados sobre varios técnicos informáticos contratados por la Alcaldía de San Salvador, quienes están formalmente procesados, al igual que la jefa de Comunicaciones de la comuna, Sofía Medina. Expone cómo dos de ellos compraron dominios en el exterior para producir páginas apócrifas de los sitios formales digitales de www.laprensagrafica.com y www.elsalvador.com. El informe de la Fiscalía de Estados Unidos incluye detalles hasta de con qué tarjetas de crédito pagaron los sitios apócrifos y otros datos incriminadores.


El Fiscal General Douglas Meléndez confirmó en febrero que también está bajo investigación el alcalde que respondió de inmediato montando una manifestación frente a la sede del Ministerio Público, con la participación del secretario general del partido oficial FMLN, Medardo González; el secretario de transparencia de casa presidencial, Marco Rodríguez, y otros representantes del oficialismo.


Coincidentemente, González atacó a ambos medios en la manifestación del 8 de octubre. En la misma concentración de febrero, el edil llamó públicamente a un boicot contra ambos medios y vistió ante todos una camiseta con leyendas que llaman a no adquirirlos.


Las implicaciones del caso son tan graves que evidencias, como los teléfonos y memorias decomisadas a los técnicos por las autoridades, fueron trasladados a una oficina menos segura de la Fiscalía, desde donde fueron robados. El robo sucedió a plena luz del día.


A finales de noviembre, el juzgado que tiene el caso decidirá si los acusados irán a juicio.


Sobre el mismo tema, el 12 de octubre el diario español ABC publicó en su edición digital una columna del periodista Emili Blasco en la que expresó que según los informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en El Salvador operan redes de la llamada "Guerrilla Digital", que constituyen hasta 300 mil cuentas falsas en Twitter.


Los informes destacan que personas con cercanía laboral al alcalde de San Salvador, a la jefa de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador y a Marcos Rodríguez, de Casa Presidencial, manejan cientos de miles de cuentas falsas mediante 12 células con equipos de trabajo cada una. El objetivo de estas células es inundar con mensajes alineados con las estrategias políticas del gobierno y de la Alcaldía, y atacar a medios independientes como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, así como a ciudadanos independientes y políticos opositores.


En los últimos meses, también se ha promovido un proceso penal en contra del periodista Héctor Silva Ávalos, co-director de la revista Factum, por supuesta calumnia y difamación en contra del empresario Enrique Rais.


Silva ha sido demandado en un tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Tecla por Rais, quien le exige una indemnización de medio millón de dólares.


El periodista enfrenta el proceso por una publicación en dicha revista digital, en la cual cita a Rais.


Silva Ávalos dijo que cuenta con todas las pruebas que demuestran que sí buscó a los abogados y al empresario antes de publicar el texto para incluir su versión, como también lo pide la legislación salvadoreña.


Los intentos de funcionarios de enviar mensajes intimidatorios no han faltado en los últimos meses.


Como informó en agosto pasado la Comisión de Libertad de Expresión y fue denunciado por la SIP, el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador ejerció un claro acto de intimidación y acoso contra el periódico La Prensa Gráfica.


En lugar de seguir el procedimiento que prescribe la ley por una información que se publicó sobre faltantes de armas, el ministro de la Defensa, general David Victoriano Munguía Payés, se hizo acompañar de 86 jefes militares más en una conferencia de prensa para exigir una aclaración y que fuera el titular principal o madera del periódico, lo cual está vedado por la misma legislación.


El ministro repitió los señalamientos contra el periódico en entrevistas en otros medios, lo que convirtió el caso en una demostración de fuerza militar contra el diario.


Otro hecho que marca precedentes por la justicia y el respeto a la libertad de expresión es el esclarecimiento del asesinato del periodista radial Nicolás Silvestre García, perpetrado el 10 de marzo en el caserío El Jícaro, en Tacuba, departamento de Ahuachapán.


Cuatro sospechosos del crimen fueron capturados y esperan ir a juicio, en tanto que otros tres están prófugos. Todos pertenecen a una misma pandilla.



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