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El caso del periodista colombiano asesinado hace 19 años estuvo representado ante el tribunal por el Robert F. Kennedy Human Rights y la SIP.
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Por Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP

23 de agosto de 2017

Por fin llegó el día en que se vieron los frutos de un trabajo arduo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene desarrollando en las últimas dos décadas en contra de la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas.

Junto al grupo Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) que desde 2015 acompaña a la SIP como representante de los familiares de la víctima de Nelson Carvajal Carvajal, periodista colombiano asesinado hace 19 años en Pitalito, Colombia, nos presentamos en los dos días de audiencia pública, 22 y 23 de agosto, convocados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sede de San José, Costa Rica.

El día previo la Corte IDH llamó a una reunión de logística a las tres partes involucradas, nosotros, los representantes de los familiares: la abogada Angelita Baeyens del equipo legal del RFK Human Rights y Ricardo Trotti; los representantes del Estado: las agentes Juanita López Patrón y Ángela María Ramírez Rincón, y los de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza y la asesora Tatiana Guati Teubne.

La Corte IDH estaba presidida por su vicepresidente el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), e integrada por los jueces Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Eduardo Vio Grossi (Chile). También estuvieron presentes el secretario de la Corte IDH Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la secretaria adjunta Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica).

El primer día, 22 de agosto de 2017, se inició con una presentación de la CIDH a cargo del relator especial Lanza. Presentó el caso, indicó que no fue un delito común, sino la de un periodista por ejercer su profesión, que fue un crimen selectivo y que la Corte IDH tendría la oportunidad de crear jurisprudencia.

Señaló que hubo fallos en el proceso penal y que los funcionarios públicos supuestamente involucrados no fueron interrogados. Subrayó el peligro de que, si no se hace nada, la acción penal puede prescribir y que este caso manda un mensaje peligroso de que no hay consecuencias por matar periodistas.

El testigo aportado por los representantes, Judith Carvajal Carvajal, hermana del periodista asesinado, fue primero interrogada por la abogada Baeyens y luego por los por los representantes del Estado, López Patrón y Ramírez Rincón.

Judith relató sobre la vida de Nelson, cómo estaba conformada su familia, cómo vivía, cómo experimentó la muerte de su hermano y las amenazas recibidas que la determinaron a salir del país con su hijo menor de edad a su hijo Cristhian Camilo Motta Carvajal, en abril de 1999. También declaró sobre cuando salieron los otros integrantes de su familia, 10, y en qué condiciones y cómo ella había colaborado con la justicia investigando por su propia cuenta. Cuando los jueces la interrogaron sobre que pretendía con relación al caso de su hermano, ella respondió: "justicia".

Dijo que a su hermano lo mataron, pero que a la familia "nos han hecho agonizar desde siempre".

A su turno, fue interrogada por los representantes del Estado, quienes enfocaron sus preguntas en cómo ella había aportado nuevos y diferentes elementos cuando amplió su declaración en 2008, involucrando a integrantes de la guerrilla de las Farc y que sus declaraciones habían variado a través de los años. Se le cuestionó si se había reunido con guerrilleros. Ella declaró que sí, pero que la guerrilla como organización no estaba involucrada y que podría haber pasado que algunos guerrilleros fueron contratados como sicarios, a través de un funcionario y un empresario de Pitalito que habían sido implicados, pero luego exonerados.

Luego el Estado presentó como testigo a la fiscal Lilia Yaneth Hernández Ramírez.

El interrogatorio de los representantes del Estado trató de llevar a la testigo a que declarara que se hicieron todas las diligencias e investigaciones en forma correcta y en diferentes etapas, lo que demostraba que el Estado había actuado siempre en forma consecuente, por lo tanto, no se le podía adjudicar responsabilidad alguna. La testigo declaró que actualmente se estaba investigando una hipótesis que era igual a la primera, después de haber descartado otras en el camino. Esta hipótesis vincula de nuevo a un funcionario y a un empresario de Pitalito que habría contratado a guerrilleros para silenciar al periodista.

Los jueces fueron duros al entrevistarla, especialmente al no poder entender cómo las hipótesis de investigación fueron lineales en vez de ser paralelas, y como ahora, a punto de prescribir el crimen, se estaba de nuevo como al principio hace 19 años atrás.

Los representantes de las víctimas interrogaron luego a la fiscal, preguntándole si los dos presuntos acusados actualmente estaban presos, a lo que respondió que estaban ausentes. Se le preguntó si los dos desmovilizados de la guerrilla, que están aportando datos sobre la hipótesis del empresario y el funcionario, están protegidos, dijo que no. También se le cuestionó si no tenían miedo de que ocurriría lo mismo que con Pablo Bonilla Betancourt, testigo que fue asesinado después de declarar en la causa, quien no había sido protegido y que el caso fue archivado siete meses después de su muerte.

La fiscal insistió en que por largo tiempo se siguió la hipótesis de que el empresario y el político habían engañado a las Farc diciéndole que Nelson Carvajal Carvajal era la conexión con los paramilitares y que por eso las Farc lo había enviado a matar. Añadió que esa hipótesis fue descartada con el testimonio de los desmovilizados y que ahora están tras la hipótesis original.

El juez Pazmiño Freire expresó que no podía creer cómo se había seguido esa hipótesis para declarar la inocencia a los acusados originales, toda vez que las Farc cuenta con una estructura de inteligencia y fácilmente hubieran podido saber si los engañaban o si era verdad el presunto nexo del periodista con los paramilitares. Los presentes en la sala se rieron.

Antes de que terminara la sesión, que se extendió desde las 3 de la tarde a las 7, se llamó a declarar al perito presentado por la CIDH, Carlos Lauría, ex coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas. Su peritaje abordó el contexto de la violencia en Colombia en esa época, la cantidad de asesinatos y los niveles de impunidad.

El relator especial, Lanza, le preguntó sobre la impunidad parcial y los representantes de la víctima sobre la necesidad de que haya voluntad política para luchar contra la impunidad y sobre cuáles eran las deficiencias del sistema de protección del Estado colombiano. Los representantes del Estado trataron de que Lauría expresara que el Estado sí había tomado medidas, como el sistema de protección, el plazo mayor de prescripción y el agravamiento de penas, así como que ahora había más protección y menos crímenes contra periodistas.

El día 23 de agosto se procedió a los alegatos finales por parte de las tres delegaciones.

La SIP y el RFK Human Rights tuvieron el primer turno, con una duración de 30 minutos. Se le solicitó a la Corte IDH que declare al Estado de Colombia responsable por la violación de sus obligaciones contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También que en aras de la inminencia de la prescripción penal por el homicidio -abril de 2018-, ordene al Estado tomar las medidas necesarias para que el término de prescripción no sea un obstáculo para que la investigación penal conduzca a la individualización, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Nelson Carvajal Carvajal.

Luego los representantes del Estado trataron de demostrar en 30 minutos que no había responsabilidad directa de funcionarios del Estado en el crimen del periodista y que sí hubo diligencias periciales e investigativas, tales como que se había pedido declaraciones en 134 veces, entre ellas 19 a familiares. Agregaron que en la actualidad había una línea fuerte de investigación que llevaba a la hipótesis original y que existen mecanismos que permiten sortear el tema de la prescripción.

Cerró el relator especial los alegatos finales indicando que el Estado no puede tener doble estándar, por un lado, hacer poco en la investigación y por el otro, firmar una resolución reciente de la Organización de los Estados Americanos que lo compromete a cumplir con los preceptos de la Convención.

La fiscal agregó que se volvió a la hipótesis original, después de 19 años, la cual fue aportada por la familia.

Al final algunos jueces tomaron la palabra. El presidente de mesa, el juez Mac-Gregor Poisot, indicó que las tres partes tienen hasta el 25 de setiembre para presentar sus alegatos finales ampliados por escrito.

La jueza Odio Benito solicitó directamente al relator especial que explicara por qué la CIDH tardó tanto en presentar el caso, dado que se presentó ante ese organismo en 2002, fue admitido en 2004 y se pidió a la Corte IDH que se lo conozca en el 2015. Odio Benito explicó que es muy importante conocer las razones en este caso en particular, pero también por los próximos que podrían existir.

Respecto a la polémica, el juez Mac-Gregor Poisot expresó que si el Estado debe tener obligaciones reforzadas en crímenes contra periodistas, que las tres partes presenten y amplíen sus puntos de vista sobre el tema.

Luego de ese pedido dio por culminado los dos días de litigio sobre el caso de Nelson Carvajal Carvajal.

Director de la SIP: "La muerte de un periodista trae muchas consecuencias para la sociedad", La Nación - 23 de agosto de 2017

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