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Argentina

21 de octubre de 2026 - 08:00

Durante este periodo persistieron las tensiones entre el poder político y la prensa, con reiteradas descalificaciones contra periodistas y medios desde las más altas esferas del gobierno. A ello se sumaron restricciones al acceso a fuentes oficiales, decisiones judiciales que afectaron investigaciones periodísticas y episodios de amenazas.

También surgieron iniciativas que generaron preocupación por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incorporó figuras penales vinculadas con la “desinformación masiva” y la “manipulación de la opinión pública”.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la persistencia de los agravios contra periodistas por parte del presidente Javier Milei. En mayo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió ataques desde cuentas en redes sociales del presidente contra los periodistas Débora Plager y Marcelo Bonelli.

La intensidad de esas manifestaciones aumentó en agosto. Solamente entre el 17 y el 23 de ese mes la cuenta del presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. Fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas periodísticas.

También generaron preocupación expresiones del presidente durante una exposición sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, donde alentó manifestaciones de hostilidad hacia periodistas e incitó a que periodistas independientes fueran “abucheados” por los estudiantes. ADEPA consideró especialmente alarmante que el episodio se produjera ante adolescentes y dentro de un establecimiento educativo.

El 25 de agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo, ante una publicación periodística que consideró falsa, que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria una ley que castigara ese tipo de conductas. El planteo fue posteriormente respaldado por Milei. ADEPA advirtió que una legislación destinada a castigar informaciones consideradas falsas por las autoridades podría producir un efecto inhibitorio sobre la investigación y difusión de asuntos de interés público.

En septiembre, ADEPA expresó preocupación por disposiciones del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La iniciativa contempla penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. ADEPA consideró legítimo el objetivo de proteger la soberanía y la integridad democrática frente a injerencias extranjeras, pero advirtió sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública” y “campaña coordinada”. Señaló que la indeterminación de esas expresiones podría generar efectos inhibitorios sobre periodistas y medios y anunció que remitirá al Congreso un análisis jurídico del proyecto.

En materia de acceso a la información, continuaron las controversias por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y se informaron sobre restricciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía. En junio, ADEPA cuestionó además una resolución del Ministerio Público de San Juan que dispuso que funcionarios y agentes se abstuvieran de proporcionar información no autorizada y concentró las consultas periodísticas en una única autoridad. La entidad advirtió sobre el riesgo de generar un monopolio oficial de la información.

También se registraron decisiones judiciales que afectaron el trabajo periodístico. En mayo, el juez de Garantías Walter Federico Saettone, de Pilar, dictó medidas cautelares a partir de una denuncia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, contra varias personas, entre ellas periodistas que investigaban cuestiones relacionadas con esa institución.

Las medidas incluían prohibiciones de contacto y difusión de información. ADEPA sostuvo que impediría tareas básicas del periodismo, como buscar información, formular preguntas e investigar asuntos de interés público. Posteriormente, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó las restricciones que afectaban a los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa.

Otros pronunciamientos judiciales fueron considerados favorables para la libertad de prensa. La Justicia dispuso el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en la causa vinculada con Marcelo D'Alessio y rechazó un pedido de desindexación de publicaciones sobre denuncias contra un director teatral posteriormente absuelto. También se dispuso la restitución provisoria de las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.

En septiembre se produjo un episodio de especial gravedad en Formosa. El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas a cargo de Omar Padilla condenó a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, a Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, integrantes del equipo periodístico de “Hambre de Futuro”, de LN+, por entrevistas y filmaciones realizadas en la Comunidad San José.

La sentencia cuestionó que carecieran de una credencial habilitante para ejercer el periodismo. ADEPA rechazó la decisión y recordó que en la Argentina no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer esa actividad. La SIP señaló que tal exigencia contradice principios constitucionales y la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente se conoció que el juez Omar Padilla, había sido concejal y dirigente del Partido Justicialista en Las Lomitas y había expresado públicamente su respaldo al gobernador de Formosa Gildo Insfrán antes de ser designado juez de Paz en marzo de 2025.

Durante el período también se registraron amenazas contra periodistas. Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, denunció una amenaza recibida a través de Instagram. Tomás Méndez, de Crónica TV, denunció amenazas y seguimientos sospechosos contra él y su familia.

En materia de sustentabilidad, ADEPA advirtió sobre el uso de contenidos periodísticos protegidos para entrenar modelos de inteligencia artificial y alimentar sistemas de búsqueda sin autorización o compensación adecuada. La entidad vinculó la protección de la propiedad intelectual con la posibilidad de sostener redacciones profesionales y reclamó condiciones de competencia equilibradas entre medios y plataformas tecnológicas.

La descalificación de periodistas y medios continuó al cierre del período. El 30 de septiembre, Milei dirigió una serie de descalificaciones contra la periodista Maru Duffard, a quien calificó, entre otras expresiones, de “zurda inmunda”, “basura corrupta” y “basura inmunda”, a raíz de sus comentarios sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner. El 1 de octubre, Milei cuestionó un editorial del diario La Nación sobre las asignaciones vitalicias de los expresidentes y calificó a su director, Fernán Saguier, como “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”. El presidente sostuvo que el diario había omitido mencionar que él renunció a ese beneficio. El editorial, titulado “Privilegios que la República no necesita”, no se refería específicamente a Milei, sino que planteaba una discusión general sobre la continuidad de esas asignaciones y su compatibilidad con el principio republicano de igualdad ante la ley.

En la última semana, los agravios presidenciales a periodistas locales y del exterior llegaron a España, durante una visita del primer mandatario. Y fueron particularmente agresivos tras una sentencia judicial del 23 de octubre que lo sobreseyó en una causa que investigaba un supuesto tráfico de influencias con una criptomoneda. Algunos funcionarios de su gobierno han mostrado también actitudes reñidas con la tolerancia democrática al trabajo periodístico, como los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, que el último jueves ordenó impedir el ingreso de una periodista de Clarín a una conferencia de prensa con un alto funcionario estadounidense en la Cancillería.

El semestre cerró así con la persistencia de un clima de confrontación entre sectores del poder político y el periodismo. A las descalificaciones y señalamientos se agregaron planteos e iniciativas que introdujeron conceptos como noticias falsas, desinformación o manipulación de la opinión pública en el terreno de posibles sanciones legales.

Al mismo tiempo, se registraron restricciones al acceso a fuentes públicas e intervenciones judiciales que afectaron el ejercicio periodístico, aunque distintas decisiones de tribunales superiores corrigieron algunas de esas restricciones y reafirmaron garantías vinculadas con la libertad de expresión y de prensa.

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