Rosario es una ciudad impregnada por el terror generado por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. El fenómeno no es nuevo, pero se incrementó en los últimos meses, a partir de un cambio de gestión gubernamental que ha enfrentado el flagelo con decisión. La consecuencia fue una serie de asesinatos de ciudadanos al azar. El periodismo, nacional y local, sufrió amenazas tras la cobertura de los hechos de violencia.
Anteriormente se informó sobre las balaceras contra canales de televisión y sobre los carteles en lugares públicos que anunciaban que se mataría a periodistas. En marzo, un conductor de TN, Nelson Castro, recibió un mensaje en el celular de su productor en el que se le advertía que podía terminar como José Luis Cabezas, el único periodista argentino asesinado –aunque no por el narcotráfico– en los 40 años de democracia, un símbolo de un claro límite que nunca más fue traspasado desde 1997. Horas antes de la amenaza a Castro, el cronista Alejandro Puertas, de A24, recibió una amenaza similar en su celular, mientras transmitía en vivo desde Rosario.
Germán de los Santos, uno de los periodistas que más ha investigado a los grupos narco en Rosario y que mayor cantidad de amenazas ha sufrido, afirma que los periodistas se encuentran en un estado de indefensión en esa ciudad. Las complicidades e ineficiencias en la Justicia, la política y las fuerzas policiales derivaron en impunidad frente a las amenazas contra la prensa. No hay fiscalías especializadas ni agravamiento de penas por delitos ligados a la narco criminalidad. Tampoco existen protocolos efectivos de protección.
En este período sobresalieron los incidentes registrados el 31 de enero, durante la cobertura periodística de la manifestación pública que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se debatía un proyecto legislativo. Más de 30 periodistas fueron impactados por balas de goma, agredidos físicamente e insultados por manifestantes en medio de trifulcas entre estos y fuerzas policiales. El Ministerio de Seguridad nacional tomó contacto con organizaciones de prensa para diseñar un protocolo que en el futuro reduzca los riesgos físicos de quienes informan en medio de manifestaciones callejeras.
En noviembre, el gobernador de la provincia de La Rioja sostuvo que le agradaría bloquear a los medios nacionales en el distrito que gobierna porque "intoxican" a la población. Es una idea que ya había expresado en el marco de un proceso de reforma constitucional que incluía la posibilidad de regular la actividad de los medios "vinculando la tarea periodística con la gobernanza".
Existe una nueva gestión presidencial desde el 10 de diciembre. La cuenta en la red social X del presidente de la Nación, Javier Milei, ha sido el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas. Organizaciones como Adepa, Fopea y la Academia Nacional de Periodismo han criticado la actitud de Milei, señalando que la asimetría entre el funcionario y los periodistas afecta la libertad de prensa y no es propia de su investidura.
En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios. Estos ataques tienen como marco conceptual un discurso en el que, con injustas generalizaciones, lanza un manto de sospecha de corrupción sobre la prensa. Ese discurso, junto con la necesidad de reducir el déficit estatal, constituyó uno de los argumentos para la suspensión de los fondos destinados a la comunicación oficial.
Si bien es cierto que en el pasado esos fondos fueron asignados de manera arbitraria y constituyeron una herramienta para que las gestiones kirchneristas buscaran cooptar medios, la publicidad oficial –que tiene a los medios periodísticos como su canal más natural y eficaz– también es un requisito democrático.
