Los episodios más graves no pueden diluirse en una simple lista de incidentes. En Maranhão, equipos incautados a un periodista permitieron identificar a una fuente que posteriormente fue objeto de un allanamiento e incautación. En Alagoas, la Justicia ordenó retirar una edición impresa que ya había sido distribuida.
Estos episodios coexistieron, sin embargo, con decisiones en sentido contrario. Durante el período analizado, el STF revocó algunas de las medidas más intrusivas dictadas por instancias inferiores, entre ellas las adoptadas en los casos de Rede Gazeta (ES) y Agência Aos Fatos (SP). El cuadro no permite, por tanto, hablar de una actuación uniforme del Poder Judicial contra la prensa, pero sí pone de manifiesto un problema igualmente preocupante: la aplicación dispar de garantías constitucionales ya consolidadas. En la práctica, decisiones provisionales de amplio alcance pueden restringir la actividad periodística y producir efectos inmediatos —en ocasiones difíciles de revertir— antes de que la intervención de instancias superiores restablezca esas garantías.
Fuera de los grandes centros urbanos, el panorama mostró otra dimensión de creciente vulnerabilidad. Se registraron casos graves en Maranhão, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Alagoas y Mato Grosso do Sul, además de ciudades del interior de otras regiones. Aunque los datos no permiten afirmar una incidencia proporcionalmente mayor de ataques en el Norte, Nordeste y Centro-Oeste, sí revelan episodios relevantes en lugares donde periodistas y redacciones suelen operar con recursos jurídicos, financieros y de seguridad más limitados, y en contacto directo con autoridades, empresarios y grupos políticos objeto de sus coberturas.
La inteligencia artificial añadió una nueva capa de complejidad. La tecnología pasó a integrarse legítimamente en la producción cotidiana de las campañas, pero también redujo el costo y el tiempo necesarios para fabricar imágenes, audios y videos falsos. El desafío para periodistas, plataformas y Justicia Electoral pasó a ser combatir la desinformación sin convertir esa necesidad en una restricción generalizada a la crítica, la sátira, la investigación y la circulación de información legítima.
Tres episodios exponen la gravedad de la interferencia sobre el periodismo.
En el primer caso, el del periodista Luís Pablo Conceição Almeida, se produjo uno de los episodios de mayor gravedad institucional del período, al afectarse directamente la garantía constitucional del secreto de las fuentes. El 10 de marzo, por orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF, la Policía Federal allanó su residencia e incautó equipos de trabajo en una investigación vinculada con reportajes sobre el supuesto uso de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão por familiares del ministro Flávio Dino.
La información obtenida de esos equipos permitió identificar al exsecretario de Asuntos Legislativos de Maranhão Raimundo Cutrim como una de las fuentes del periodista. En agosto, Moraes autorizó un allanamiento contra Cutrim, a pedido de la Policía Federal y con opinión favorable de la Procuraduría General de la República. El 11 de agosto, la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (ABERT), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER) advirtieron que utilizar material periodístico incautado para identificar una fuente carece de respaldo constitucional y puede sentar un precedente peligroso para el periodismo de investigación.
En el segundo caso, la Justicia Electoral de Alagoas ordenó retirar una edición de Tribuna do Sertão que ya había sido distribuida. La decisión dispuso eliminar del entorno digital la edición N.ª 1.430 y publicaciones relacionadas con el caso IPREV/Banco Master, recoger los ejemplares impresos en circulación, prohibir su reimpresión o republicación y fijar una multa diaria de R$ 10.000, hasta un máximo de R$ 100.000.
La medida generó especial preocupación porque no se limitó a contenidos digitales, sino que alcanzó físicamente ejemplares ya distribuidos y restringió el acceso a información que había entrado en circulación. Entidades de prensa advirtieron que, por sus efectos, la decisión se aproxima a una forma clásica de censura. El episodio se inscribe en un escenario más amplio de judicialización en Alagoas, pero destaca por su impacto directo sobre la circulación de una publicación impresa.
En el tercer caso, decisiones del TSE y del STF modificaron, pocas horas antes de su realización, las reglas del último debate presidencial de la primera vuelta en TV Globo, que habían sido previamente acordadas entre la emisora y las campañas. Ante los cambios, Globo alegó inseguridad jurídica y canceló el programa.
El TSE prohibió mostrar el atril vacío de Luiz Inácio Lula da Silva y dirigir preguntas al candidato ausente, pese a que esa posibilidad figuraba en las reglas aceptadas por los partidos participantes. Otras decisiones judiciales alteraron además los criterios de participación de candidatos y el formato previsto. ANJ, ANER y ABERT consideraron las medidas una intervención judicial que afectó la libertad de prensa
Otros episodios también tuvieron consecuencias en los tribunales. En Amapá, el periodista Heverson Castro comenzó a utilizar una tobillera electrónica en cumplimiento de una condena por difamación relacionada con la cobertura de un caso de violencia policial de 2021. En Minas Gerais, el periodista Amaury Ribeiro Jr. recibió una condena a régimen semiabierto en un proceso relacionado con las investigaciones que dieron origen al libro A Privataria Tucana.
En Minas Gerais, la Justicia Electoral también ordenó inicialmente retirar un reportaje de ICL Notícias sobre un mensaje de voz enviado por el diputado federal Nikolas Ferreira al exbanquero Daniel Vorcaro. La decisión fue objeto de recursos y modificaciones posteriores.
Alagoas concentró, durante el período, un conjunto excepcionalmente amplio de disputas judiciales que involucraron a periodistas, empresas de comunicación, comunicadores, productores de contenido, candidatos y perfiles en las redes sociales.
Un relevamiento independiente, organizado por periodistas y abogados y divulgado por 082 Notícias el 6 de septiembre, identificó 183 procesos, 138 demandados distintos y 370 menciones a demandados. De ese universo, 172 procesos se tramitaban ante el Tribunal Regional Electoral de Alagoas (TRE-AL) y 11 ante la Justicia ordinaria. La cantidad, la reiteración temática y el impacto de las medidas llevaron a periodistas y comunicadores a realizar, el 29 de septiembre, un acto público en el barrio de Jaraguá, en Maceió, en defensa de la libertad de prensa y contra lo que califican como acoso judicial. La movilización reunió a profesionales de diferentes medios y representantes de la sociedad civil.
A fines de septiembre se registró un nuevo episodio. Tribuna reprodujo información publicada por BNews Alagoas sobre declaraciones atribuidas al médico Jurandir Bóia respecto de su participación en una fórmula al Senado. Al día siguiente, también publicó la respuesta del vicegobernador Ronaldo Lessa, quien cuestionó la información y afirmó que Bóia permanecía en la fórmula.
Una decisión posterior ordenó la suspensión temporal de los perfiles de Tribuna en Instagram. En una nota del 29 de septiembre, la ANJ expresó su preocupación y afirmó que publicar información de interés público y las diferentes versiones presentadas por los involucrados forma parte del ejercicio de la actividad periodística.
Folha de Alagoas también fue objeto de medidas judiciales de fuerte impacto. En junio, una decisión afectó tanto la versión impresa como la difusión digital de una edición dedicada a las inversiones del IPREV de Maceió en el Banco Master. La Justicia ordenó retirar el contenido digital, suspender la distribución de la edición impresa y recoger ejemplares que ya habían sido distribuidos. Otra decisión alcanzó además videos que mostraban la portada de esa edición.
La periodista Bleine Oliveira fue objeto de diferentes denuncias. En septiembre, una decisión del TRE-AL ordenó retirar contenido, aumentar una multa, suspender su perfil de Instagram durante un día y solicitar datos a Meta. La periodista llevó el caso al STF. El 17 de septiembre, el ministro Alexandre de Moraes solicitó información al TRE-AL, sin pronunciarse sobre el fondo del caso en ese momento.
Otro caso relevante es el de la cooperativa periodística Mídia Caeté, que se originó en una controversia distinta de las acciones vinculadas con João Henrique Caldas, un influyente político, conocido como JHC. En la Representación N.º 0600488-32.2026.6.02.0000, la Justicia Electoral ordenó retirar un reportaje y una publicación en Instagram sobre mensajes filtrados en los que el director de una escuela estatal de Arapiraca ofrecía ayuda económica a estudiantes para asistir a un acto público con el diputado Rafael Brito (MDB). El episodio muestra que la judicialización de contenidos periodísticos en Alagoas no se concentra en controversias vinculadas a un único sector político.
Otros casos de judicialización exigen seguimiento.
Abraji informó haber localizado 15 interpelaciones penales presentadas por la Federación de Industrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) contra reporteros, editores y el socio fundador de Midiamax, debido a publicaciones sobre investigaciones y sospechas de irregularidades en contratos de la entidad. Antes de estas medidas contra personas físicas, Fiems había presentado dos acciones civiles contra el medio; las solicitudes cautelares de retiro de publicaciones fueron rechazadas.
Las interpelaciones son solicitudes formales de explicaciones y pueden preceder denuncias por delitos contra el honor. No equivalen a condenas ni demuestran, por sí mismas, acoso judicial. Abraji calificó la secuencia como una táctica de acoso judicial, mientras Fiems sostiene su derecho a cuestionar publicaciones que considera ofensivas o incorrectas.
En Pernambuco, el periodista y bloguero Ricardo Antunes tuvo su perfil de Instagram suspendido durante 48 horas el 22 de septiembre por orden del Tribunal Regional Electoral de Pernambuco (TRE-PE). La decisión también ordenó retirar un reportaje sobre la relación de parentesco entre un magistrado electoral y un político vinculado a la campaña de João Campos y prohibió republicar o promocionar el contenido, bajo una multa de R$ 30.000 por acto. El TRE-PE afirmó que la suspensión tomó en cuenta incumplimientos de órdenes anteriores y dificultades para notificar al periodista.
La presión sobre el periodismo no ocurrió únicamente en los tribunales. En Cruzeiro do Sul, Acre, el periodista Chico Melo sufrió la invasión de su vivienda por cuatro hombres armados el 22 de julio. Fue agredido y amenazado. Según declaró al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los invasores preguntaron si él era el profesional de radio que hablaba sobre política. La Policía Civil informó que todavía no había elementos suficientes para establecer de manera concluyente la relación entre el ataque y su actividad periodística.
En Porto Velho, Rondônia, dos periodistas sufrieron agresiones en días consecutivos. El 12 de mayo, Edval Sheik denunció agresiones físicas y verbales por parte del concejal Marcos Combate dentro de la Cámara Municipal. El periodista presentó una denuncia. El concejal publicó un video acusándolo de intentar extorsionarlo. El día anterior, Richard Nunes, de Rondônia ao Vivo, fue agredido mientras cubría un accidente de tránsito.
En Paraná, Jadir Zimmermann, director del portal Preto no Branco, denunció haber recibido una amenaza de muerte por audio de WhatsApp después de publicar un reportaje sobre una empresa. En Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Octávio Augusto, conocido como Tavinho, de Lagoa Agora, fue agredido por tres hombres. Atribuyó el ataque al alcalde Cassiano Maia, cuya administración negó cualquier participación. El caso comenzó a ser investigado.
Profesionales en ciudades pequeñas y fuera de los grandes centros enfrentaron episodios graves con menor disponibilidad de estructuras permanentes de seguridad y apoyo jurídico.
El caso más evidente de efecto inhibidor sobre la propia producción periodística ocurrió en Santarém, Pará. Tapajós de Fato pasó parte de 2026 planificando y buscando financiamiento para una cobertura electoral. Antes del primer reportaje, el equipo decidió abandonar el proyecto por considerar que no existían condiciones de seguridad.
Las amenazas acumulaban episodios de años anteriores. Durante la campaña de 2022, la cabeza decapitada de un gato fue dejada en el lugar donde el equipo estacionaba el vehículo de prensa, acompañada de una nota con el nombre del fundador Marcos Wesley Pedroso y la amenaza de que él sería la próxima víctima. Días antes, los neumáticos del vehículo habían sido cortados. En otro episodio, una comunicadora fue atacada con un cuchillo y logró escapar. Los autores no fueron identificados y no fue posible establecer una relación concluyente entre todos los acontecimientos y el trabajo periodístico.
En 2026, ante el historial de amenazas y persecuciones, el equipo redujo su exposición pública, cerró perfiles personales y dejó de publicar algunos contenidos.
El agravamiento judicial ocurrió paralelamente a una rápida escalada de la violencia digital con el inicio de la campaña electoral. Entre el 16 y el 29 de agosto, el primer informe de la Coalición en Defensa del Periodismo (CDJor), en una alianza de monitoreo con el Laboratorio de Internet y Ciencia de Datos de la Universidad Federal del Espírito Santo (Labic/Ufes), registró 2.630 ataques contra la prensa. Entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre, se registraron otros 4.400. El total llegó a 7.030 ataques durante las primeras cuatro semanas monitoreadas.
El crecimiento de la primera a la segunda etapa fue de 67,3% en términos absolutos.
Entre las expresiones utilizadas para desacreditar a profesionales y empresas estaban “periodista militante”, “medios golpistas”, “prensa vendida”, “encuesta comprada”, “cayó el PIX” y “fake news”. El monitoreo registró ataques originados desde diferentes posiciones del espectro político.
Las mujeres periodistas concentraron la mayor proporción de los ataques dirigidos nominalmente a periodistas en las plataformas monitoreadas por la CDJor. En la primera etapa, recibieron cerca de dos tercios de las agresiones individualizadas. En la segunda, representaron el 59% de los objetivos en Instagram y el 52,8% en X.
Además del intento de desacreditar reportajes y profesionales, varios ataques incorporaron misoginia, referencias sexuales, amenazas de violación, agresiones contra familiares e incitación a la violencia física.
Juliana Dal Piva se convirtió en uno de los casos más graves de la segunda quincena después de publicar reportajes relacionados con Nikolas Ferreira y Daniel Vorcaro. Recibió acusaciones de producir “fake news”, mensajes de carácter sexual y misógino y amenazas de violencia. Natália Viana, cofundadora y directora ejecutiva de Agência Pública, fue objeto de ataques después de contactar a Paulo Figueiredo durante una investigación. Según Abraji y CDJor, este comenzó a publicar mensajes ofensivos, exponer a la periodista y estimular la repercusión entre sus seguidores.
Malu Gaspar, de O Globo, apareció en otro frente de presión. Mensajes extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro indicaron que este solicitó información sobre familiares, cuentas bancarias y domicilio de la periodista mientras ella investigaba al Banco Master. La ANJ repudió el intento de intimidación y pidió investigar el acceso a los datos personales.
En Minas Gerais, Tatiana Lagôa, editora de Ciudades del diario O Tempo, fue hostigada por el gobernador Mateus Simões durante una entrevista organizada por el diario. En Bahía, Scheila Bernardes, de Rádio Cultura FM, denunció ataques en las redes y obtuvo una medida de protección después de denunciar que su vivienda había sido filmada por un funcionario público municipal.
También ocurrieron presiones contra el periodismo de investigación.
Intercept Brasil registró episodios de presión política e intentos de intimidación. En mayo, después de reportajes basados en documentos, audios y mensajes relacionados con Daniel Vorcaro y miembros de la familia Bolsonaro, Flávio Bolsonaro atacó públicamente al medio. Un aliado solicitó al STF y al TSE investigar las responsabilidades de periodistas involucrados en los reportajes. También en mayo, un reportero acudió a la residencia de Eduardo Bolsonaro, en Texas, en busca de una entrevista. El político llamó a la Policía y publicó un video sobre el episodio. Comentarios posteriores de Paulo Figueiredo hicieron referencia a la posibilidad de utilizar la fuerza.
El caso de la revista Piauí requiere una distinción temporal. Los ataques descritos ocurrieron antes del período comprendido en este informe, pero información que los vincula con posibles responsables se hizo pública a fines de septiembre de 2026.
Un reportaje basado en mensajes extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro informó que integrantes de su grupo habrían discutido el acceso al correo electrónico corporativo de la periodista Consuelo Dieguez y a sistemas de la revista, además de una ofensiva para intentar derribar el sitio web después de reportajes sobre el Banco Master.
Abraji informó el 30 de septiembre que los ataques documentados ocurrieron entre 2023 y 2025. En 2025, la cuenta del reportero Allan de Abreu en Instagram fue suspendida después de denuncias masivas y solo fue recuperada unos 20 días después, tras la intervención jurídica de la revista. Arthur Guimarães también recibió una gran cantidad de comentarios ofensivos de cuentas con características similares.
El hecho de este período es la revelación de los mensajes, que aporta información adicional sobre métodos de intimidación y ataques coordinados contra una redacción que investigaba a un grupo económico relevante.
Las elecciones de 2026 consolidaron la inteligencia artificial como herramienta cotidiana de comunicación política. Las campañas comenzaron a utilizar la tecnología para crear imágenes, videos, textos, voces y animaciones a costos y plazos mucho menores que los de las producciones tradicionales. El uso de IA no constituye por sí mismo una irregularidad. El riesgo aparece cuando contenidos artificiales se presentan como auténticos, atribuyen palabras o actos inexistentes o alteran hechos de manera capaz de engañar al elector.
Para 2026, el TSE exigió identificar determinados contenidos sintéticos, limitar los deepfakes, establecer restricciones especiales en torno a la jornada electoral y prohibir sistemas de IA que recomienden candidatos o el voto. Estas nuevas formas de manipulación ampliaron el desafío para el periodismo: además de verificar datos, documentos y declaraciones, las redacciones deben comprobar la autenticidad de voces, imágenes y videos. Existe también el riesgo inverso de que contenidos verdaderos sean desacreditados como “generados por IA”, lo que vuelve cada vez más importante preservar su origen y autenticidad.
En septiembre, la relación entre la prensa y el Poder Judicial también involucró las condiciones de cobertura presencial. El 14 de septiembre, el STF informó inicialmente que los profesionales de prensa acreditados no podrían seguir desde dentro del pleno la sesión extraordinaria prevista para el juicio de la Petición 16.662. La prensa tendría acceso a la marquesina del edificio y los periodistas especializados podrían permanecer en el Comité de Prensa. Entidades de prensa protestaron y argumentaron que la transmisión oficial no sustituye la presencia independiente de periodistas. Al día siguiente, el Supremo revisó parcialmente las reglas y permitió el ingreso de un grupo limitado de profesionales. Los fotoperiodistas permanecieron impedidos de acceder al pleno.
Transmitir un juicio amplía el acceso público, pero no sustituye la observación presencial, la producción autónoma de imágenes ni la posibilidad de seguir el ambiente de la sesión.
La actuación del Poder Judicial no ocurrió únicamente en el sentido de restringir a la prensa sino que se registraron decisiones que reafirmaron los derechos de periodistas y medios.
El 28 de abril, la Primera Sala del STF decidió por unanimidad que el estado de São Paulo debe indemnizar al fotoperiodista Sergio Andrade da Silva, alcanzado por una bala de goma durante la cobertura de las manifestaciones de junio de 2013, mientras trabajaba para una agencia de noticias. Sergio perdió la visión del ojo izquierdo. La Corte fijó una indemnización de R$ 100.000 por daños morales y una pensión vitalicia.
En São Paulo, la Octava Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia mantuvo una decisión que permitió a Luís Nassif y al Jornal GGN conservar un reportaje sobre el expresidente del Banco Central Roberto Campos Neto y rechazó una solicitud de indemnización. La decisión de primera instancia ya había desestimado las solicitudes.
Frente al aumento de las restricciones, ataques y presiones, Brasil también registró una importante movilización en defensa del periodismo y la libertad de prensa. Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, la ANJ coordinó la campaña del Día Mundial del Periodismo (World News Day), que reunió a unos 150 medios, organizaciones, instituciones académicas y profesionales de distintas regiones del país, un 60% más que el año anterior.
