Miami (2 de diciembre de 2025) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su preocupación por el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el Gobierno de Costa Rica, al considerar que el mecanismo propuesto representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país.
Con el supuesto propósito de “democratizar” el uso de los recursos estatales y hacer que las empresas paguen “lo justo” por su negocio, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves anunció semanas atrás una subasta de frecuencias de radio y televisión, según informes de prensa.
Luego del cierre del plazo ordenado por las autoridades para el proceso de licitación el 21 de noviembre, decenas de emisoras anunciaron que no pudieron presentar una oferta, cuyos efectos supondrán un golpe a la libertad de expresión y pluralidad democrática, según denunciaron afectados, gremios, especialistas, partidos opositores y organizaciones, incluida la Iglesia Católica, según los informes.
La semana pasada, no obstante, Sala Constitucional ordenó, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), mientras se resuelve un recurso de amparo planteado contra el proceso, según informó CRHoy.
Los estándares internacionales y la jurisprudencia del sistema interamericano establecen que los procedimientos de asignación del espectro radioeléctrico no pueden basarse únicamente en criterios técnicos, económicos o fiscales, ya que ello resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Al mismo tiempo, el artículo 7 de la Declaración de Chapultepec de la SIP establece que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
La experiencia comparada en el sistema interamericano ha demostrado que los modelos de concesión que excluyen a sectores por razones económicas o que favorecen escenarios de concentración pueden afectar gravemente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, diversa y de calidad.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, quien preside el grupo Evening Post Publishing Inc., de Charleston, Carolina del Sur, manifestó que “el espectro radioeléctrico no es un bien comercial sujeto a la lógica de la puja más alta; es un recurso público esencial para la democracia. Un mecanismo que excluye a medios por razones económicas atenta contra la pluralidad y debilita el ecosistema informativo”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “los estándares interamericanos son claros: las concesiones deben promover diversidad, no excluirla. Cuando el costo de participar en una subasta deja fuera a emisoras la libertad de expresión se ve comprometida. La democracia necesita todas las voces”.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) advirtió que el proceso carece de una visión integral centrada en el interés público y que el énfasis fiscalista adoptado por el Ejecutivo no garantiza la tutela de los derechos de la ciudadanía a recibir contenidos diversos, educativos, culturales y regionales.
A estas preocupaciones se suma la alerta del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), cuyo presidente, Raúl Silesky, señaló que los altos costos definidos por el Gobierno están provocando que numerosas emisoras AM, FM y canales de televisión, algunas con más de 60 años de trayectoria, anuncien que quedarán fuera del aire porque no pueden asumir las condiciones de la subasta.
Silesky afirmó que “las características con las que fue lanzada la subasta son prohibitivas para muchos de ellos; muchas emisoras ya han dicho que no van a participar porque no tienen recursos, y lo más lamentable es que esto va disminuyendo las voces en Costa Rica”.
Si bien Costa Rica ha sido históricamente un referente en materia de respeto a la libertad de expresión una misión internacional de la SIP en enero pasado verificó un ambiente de creciente deterioro de la libertad de prensa. Las restricciones son provocadas por la actitud del Poder Ejecutivo de estigmatizar e intentar amedrentar al periodismo crítico, situación que genera un clima de tensión que afecta el trabajo de los medios de comunicación y fomenta temor y autocensura.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.