Miami (26 de agosto de 2026) — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) expresan su profunda preocupación ante un proyecto de ley a debatirse mañana en la Asamblea Legislativa para reformar Ley de Radio y Televisión de Costa Rica y advierten que una carga económica de carácter desproporcionado que pueda provocar la salida del aire de medios de comunicación constituye una seria amenaza para el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información.
La iniciativa legislativa, expediente número 24.461, a tratarse mañana en segundo debate, establece para la televisión abierta un canon progresivo que puede alcanzar el 7,73% de los ingresos brutos anuales, según el texto del proyecto de ley conocido por las organizaciones.
La SIP y el CPJ reconocen la potestad del Estado costarricense de regular el uso del espectro radioeléctrico y de establecer una contraprestación razonable por la utilización de un bien público. Sin embargo, consideran indispensable que cualquier carga de esa naturaleza responda a criterios objetivos, técnicos, proporcionales y transparentes, y que no produzca, directa o indirectamente, condiciones que hagan inviable la operación de medios de comunicación.
Teletica, uno de los medios que se vería afectado con la medida, advirtió que, de entrar en vigor la reforma en los términos planteados, el nuevo canon comprometería su viabilidad económica en la televisión abierta.
La preocupación adquiere especial relevancia por las consecuencias que la eventual salida del aire de estaciones de radio y televisión tendría para sectores de la población que dependen de señales gratuitas para acceder a noticias, contenidos de interés público e información durante situaciones de emergencia.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, afirmó: “Cuando una decisión regulatoria amenaza la viabilidad de emisoras de radio y televisión abiertas y priva a la población de una fuente gratuita de información, trasciende lo empresarial y afecta directamente la libertad de expresión. Una democracia necesita más voces, no condiciones desproporcionadas que puedan silenciarlas”.
Las organizaciones recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85, estableció uno de los principios fundamentales del sistema interamericano: la libertad de expresión posee simultáneamente una dimensión individual y una dimensión social. El artículo 13 de la Convención Americana protege no solamente el derecho de una persona o de un medio a expresar, recabar y difundir información, ideas y opiniones, sino también el derecho colectivo de la sociedad a buscarlas, recibirlas y conocerlas.
En los párrafos 30 a 34 de esa Opinión Consultiva, la Corte sostuvo que cuando se restringe ilegítimamente la libertad de expresión no se afecta únicamente a quien intenta expresarse, sino también a quienes tienen derecho a recibir esas informaciones e ideas. Asimismo, estableció que la expresión y su difusión son indivisibles y que una restricción a las posibilidades de divulgación representa, en igual medida, una limitación a la libertad de expresión.
Este principio resulta particularmente relevante cuando se analizan las condiciones jurídicas y económicas impuestas a los medios de comunicación. Como señaló la propia Corte, son los medios de comunicación los que permiten materializar el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que sus condiciones de funcionamiento deben ser compatibles con ese derecho. La Corte destacó además como condición indispensable la existencia de pluralidad de medios, junto con la protección de la libertad e independencia de los periodistas.
El director regional del CPJ para las Américas, José Zamora, expresó: “Una ley que ponga en riesgo la viabilidad de medios de radio y televisión amenaza directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa”.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló: “La libertad de expresión no se protege únicamente evitando la censura directa. También exige preservar condiciones que permitan a los medios existir, operar con independencia y llegar efectivamente a sus audiencias. Si una medida económica o regulatoria termina haciendo imposible la continuidad de un medio de televisión abierta, el perjudicado no es solamente ese medio: pierde la sociedad, porque disminuyen las fuentes de información disponibles y se debilita el pluralismo que toda democracia necesita”.
La televisión abierta y las estaciones de radio mantienen además una función social particular. Al no requerir una suscripción paga, continúa siendo una fuente de información accesible para hogares de menores ingresos, comunidades rurales y personas adultas mayores, y cumple una función relevante durante emergencias, desastres naturales, elecciones y acontecimientos de interés público.
Costa Rica cuenta con una extensa tradición democrática y de respeto a la libertad de expresión que debe preservarse. Sin embargo, en los últimos años la SIP y el CPJ han documentado un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
El CPJ es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo. Defiende el derecho de los periodistas a informar de manera segura y sin temor a represalias.
