Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
El ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica continuó desarrollándose en un clima de tensión, marcado por ataques verbales y físicos contra periodistas. Estas acciones han generado efectos intimidatorios y señales de autocensura en la prensa independiente, así como diversos conflictos legales que reflejan la creciente fricción entre autoridades y medios de comunicación.
Entre los ataques registrados, el 12 de noviembre la periodista Karen Dondi y el fotoperiodista Marco Monge fueron agredidos por oficiales de la Fuerza Pública mientras cubrían una manifestación de agricultores. Asimismo, el 4 de diciembre, un agente de la Policía de Control de Drogas (PCD) arrebató y destruyó el teléfono celular del colaborador del medio CR Hoy, Daniel González, mientras este documentaba un allanamiento. El oficial arrojó el dispositivo al suelo y lo golpeó con el pie, tras lo cual otro agente terminó de destruirlo utilizando su arma.
En el ámbito judicial, el 14 de noviembre la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la diputada oficialista Ada Acuña Castro, quien cuestionaba los abucheos recibidos por parte de estudiantes durante un acto cívico en la Universidad Nacional (UNA). El tribunal consideró que dichas manifestaciones constituyeron un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Posteriormente, el 27 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un recurso de amparo electoral interpuesto contra la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quien durante la campaña del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) había restringido el acceso a su cuenta pública de Instagram a Mia Fink, creadora de contenido político. El Tribunal determinó que dicha limitación vulneró el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado.
Ese mismo día, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de licitación de radiofrecuencias impulsado por el gobierno, al establecer como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta, sin considerar principios como el pluralismo informativo, la libertad de expresión y la continuidad del servicio. La iniciativa se promovió en un contexto de reiterados ataques del presidente Rodrigo Chaves y miembros de su gobierno contra emisoras y medios independientes, en particular contra Canal 7 y su empresario René Picado Cozza.
El 4 de marzo, el presidente Chaves calificó el fallo sobre la licitación como “desastroso” y “repudiable”. Durante una conferencia pública también interrumpió y reprendió a la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, cuando esta explicaba la intención del gobierno de acatar la decisión de la Sala Constitucional, afirmando que obedecer el fallo no equivalía a respetarlo. Estas declaraciones evidenciaron las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los órganos judiciales encargados de salvaguardar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
En contraste, se registró un avance significativo en materia de protección de la libertad de prensa. El 3 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, en segundo debate, la derogación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, que establecían penas de hasta 120 días de cárcel para periodistas por delitos de injuria, calumnia y por la publicación de contenidos considerados subversivos.
El proyecto, denominado “Ley para la libertad del ejercicio periodístico. Derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, Ley N.º 32”, fue adoptado por el Legislativo y quedó pendiente de la firma del presidente de la República y de su publicación oficial para su entrada en vigor.
Si bien la derogación de esta norma fue celebrada por organizaciones locales, la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, Giselle Boza, recordó que aún está pendiente la despenalización completa de los delitos contra el honor, los cuales continúan siendo sancionados en el Código Penal mediante multas.
