La SIP rechaza iniciativa legal en Costa Rica que contradice la libertad de prensa
La SIP rechaza iniciativa legal en Costa Rica que contradice la libertad de prensa
Miami (6 de junio del 2006).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el retroceso de la libertad de expresión en Costa Rica, al considerar la reciente ratificación de una ley que inflige a los periodistas castigo de cárcel por faltas contra el honor y por un nuevo proyecto de ley mordaza que contempla la información veraz.
El pasado 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sala Constitucional costarricense confirmó la vigencia del artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902, que penaliza con prisión las faltas contra el honor cometidas por medios impresos. La decisión dejó vigente las condenas de cárcel impuestas contra tres periodistas del Diario Extra, sentenciados por el delito de injurias.
Justo cuando en las Américas se impulsa la despenalización de los delitos contra el honor, la decisión de la Sala Constitucional representa una contradicción al ejemplo democrático al cual nos tenía acostumbrado este país, expresó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Marroquín, director del diario Prensa Libre, Guatemala, agregó que este tipo de fallo trastoca el papel fiscalizador y de vehículo informativo que le compete a la prensa, por lo que esperamos que los periodistas no acudan a la autocensura como método de protección en aras de evitar la penalización con prisión.
La preocupación por la reciente decisión se acrecienta con la presentación a la legislatura nacional de un proyecto de ley mordaza que apunta a un retroceso en materia de libertad de prensa.
La iniciativa, sometida bajo el expediente 15860 por los diputados Federico Tinoco y Alberto Salom, contempla el debate sobre la información veraz, un tema sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió en forma negativa; nuevas penas de prisión, confiscación de espacios en los medios e imposición de contenidos, entre otras limitaciones.
Instamos a las autoridades costarricenses a emprender una reforma legislativa seria, orientada a armonizar las leyes del país con la mejor doctrina y jurisprudencia internacional. Asimismo, llamamos a los legisladores a rechazar los intentos de promover leyes, cuyo único efecto sería la erosión de la libertad de expresión, fundamento democrático, dijo Marroquín.
En agosto del 2004 Costa Rica fue sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado la revocación de una condena por difamación criminal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa, de La Nación, por considerar que fueron violados sus derechos a la libertad de expresión e información.
FUENTE: nota.texto7
