CONFERENCIA HEMISFERICA ABOGA POR REFORMAS LEGALES PARA COMBATIR IMPUNIDAD/ HEMISPHERE CONFRENCE URGES LEGAL REFORMS TO COMBAT IMPUNITY

Con asistencia de 20 magistrados de los más altos tribunales de Justicia de las naciones del continente y cerca de 200 delegados entre operadores de Justicia, editores de medios de comunicación, legisladores, expertos de organismos internacionales, abogados y periodistas, se desarrolló del 18 al 20 de julio la Conferencia Hemisférica convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

El presidente de la SIP, Rafael Molina, director del diario El Dia de Santo Domingo, al inaugurar la cita hizo hincapié que “cuando se busca eliminar a un juez así como a un periodista, no se trata de acabar con una vida sino que se busca por la vía del terror obstaculizar un proceso judicial y evitar la publicidad de los actos que muchos quisieran que permanezcan ocultos”.

Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, al recibir en el Palacio Nacional a los delegados a la Conferencia, precisó que “en la sociedad que todos aspiramos, la prensa y la justicia tienen un rol  de primer orden, pues ambas contribuyen al mantenimiento del orden y la paz, como elemento básico de la convivencia civilizada”.

Por su parte, Jorge Subero, presidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana aseveró que “el enemigo más importante que tienen la prensa y los jueces es la intolerancia porque conlleva, en el caso del periodista, la autocensura, y para el juez la pérdida del equilibrio al momento de decidir”. Sobero agregó que “la intolerancia provoca actos de violencia, los que si no se sancionan producen una inaceptable impunidad que sirve de caldo de cultivo para que los mismos se repitan”.

Declaración de Principios

Al término de la Conferencia Hemisférica “Poder Judicial, Prensa, Impunidad”, los participantes emitieron una Declaración de Principios cuyo texto completo es el siguiente:   

Que los asesinatos, amenazas y presiones contra los periodistas y contra quienes ejercen la función de impartir justicia representan un ataque directo a la sociedad y a la democracia;

Que los Artículos 3, 5, 8, 10 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagran los derechos a la vida, a la integridad personal, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, y a la libertad de expresión y de prensa;

Que dicha Declaración, en lo particular, indica que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”;

Que la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos son ampliamente consistentes con los predicados anteriores;

Que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptada en 2000, establece en su numeral 9 que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, y que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”;

Que la Declaración de Chapultepec de 1994 expresa en su numeral 4 que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, y que esos actos “deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”;

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la tutela judicial efectiva “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención” (Caso Claude Reyes v. Chile, 2006, párr.131), y que la libertad de expresión y de prensa “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” (Opinión Consultiva OC-5/85 sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 70);

Que la Declaración Principal de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Cancún, en 2002, indica que “el moderno Estado de Derecho se caracteriza por la seguridad jurídica, certeza, confianza y posibilidad real de que se otorgue a toda persona lo que en derecho le corresponde”;

Que la Declaración de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, celebrada en Copán/San Salvador, en 2004, constata que “un sistema judicial y una prensa que sean independientes e imparciales, y rijan su actuación con niveles de profesionalidad y ética aceptables son imprescindibles para el fortalecimiento de una sociedad democrática”.

Que una de las funciones esenciales del Poder Judicial, establecidas en las Constituciones Latinoamericanas, es asegurar la garantía de los derechos de toda persona contra los excesos y omisiones de los otros poderes establecidos, y frente a las personas que quebrantan la ley, tutelando las garantías de aquellas durante el proceso;

Coinciden

1.-En repudiar enérgicamente la violencia cuando es perpetrada para impedir el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, y para obstruir la administración de justicia.

2.-En la importancia de profundizar las medidas necesarias para que se investiguen y sancionen los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y los crímenes contra periodistas, y operadores del sistema de justicia, para así romper con el círculo perverso de la impunidad.

3.-En la necesidad de alentar entre los poderes del Estado de los diferentes países y en sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin perjuicio de la independencia de los jueces.

4.-En generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión. En lo particular, cuando corresponda, recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal.

5.-En promover foros y seminarios nacionales y regionales para integrantes de los medios de comunicación y de los poderes judiciales, con la intención de generar espacios de conocimiento recíproco, de entendimiento mutuo, y de diálogo sobre la cultura de la legalidad y el valor de la libertad de expresión, e impulsar campañas de educación pública sobre estos temas”.

HEMISPHERE CONFRENCE URGES

LEGAL REFORMS TO COMBAT IMPUNITY

MIAMI, Florida (July 23)—The need to enact legal reforms so as to punish attacks on freedom of expression more effectively and prevent the guilty from literally getting away with murder in crimes against journalists, as well as to encourage the holding of forums and seminars among judges and journalists to bring about greater mutual awareness were among the conclusions of the Hemisphere Conference on The Judiciary, The Press and Impunity held recently in Santo Domingo, Dominican Republic.

Attended by 20 justices from the highest courts in the Americas and more than 200 other delegates, including jurists, news media executives, legislators, experts with international organizations, lawyers and journalist, the July 18-20 conference was organized by the Inter American Press Association (IAPA) with the sponsorship of the Supreme Court of the Dominican Republic.

IAPA President Rafael Molina, editor of the Santo Domingo newspaper El Día, in opening remarks declared, “When action is taken to eliminate a judge or a journalist it is not just a matter of doing away with a life but an attempt by the use of terror to obstruct legal process and prevent bringing to light actions that many would prefer remain hidden from view.”

Leonel Fernández, president of the Dominican Republic, at a welcoming reception for conference delegates at the National Palace, said, “In the society to which we all aspire the press and the legal system play a leading role, as both contribute to the maintenance of order and peace as the basic element of civilized co-existence.”

Dominican Republic Supreme Court Chief Justice Jorge Subero declared, “The major enemy that the press and judges have is intolerance, because it brings with it, in the case of a journalist, self-censorship and for a judge the loss of balance at the time of making a ruling.” He added, “Intolerance provokes acts of violence, those that if not punished give rise to an unacceptable impunity which serves as a favorable environment for them to be repeated.”

Declaration of Principles

At the conclusion of the Hemisphere Conference on The Judiciary, The Press and Impunity the participants issued a Declaration of Principles, whose full text is the following:

That the killings, threats, and pressures on journalists and those who administer justice constitute a direct attack on society and democracy;

That Articles 3, 5, 8, 10, and 19 of the Universal Declaration of Human Rights establish the right to life, to personal integrity, to effective judicial protection, to due process, to freedom of expression, and to freedom of the press;

That the aforementioned declaration specifically states, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”;

That the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights are highly consistent with the aforementioned statements;

That the Declaration of Principles on Freedom of Expression, adopted by the Inter-American Commission on Human Rights in 2000, states in Principle 9, “The murder, kidnapping, intimidation of and/or threats to social communicators, as well as the material destruction of communications media violate the fundamental rights of individuals and strongly restrict freedom of expression. It is the duty of the state to prevent and investigate such occurrences, to punish their perpetrators and to ensure that victims receive due compensation”;

That Principle 4 of the 1994 Declaration of Chapultepec states, “Freedom of expression and of the press are severely limited by murder, terrorism, kidnapping, intimidation, the unjust imprisonment of journalists, the destruction of facilities, violence of any kind and impunity for perpetrators. Such acts must be investigated promptly and punished harshly”;

That the Inter-American Court of Human Rights has stated that effective judicial protection “constitutes one of the basic pillars not only of the American Convention on Human Rights, but also of the rule of law itself in a democratic society, according to the Convention” (Claude Reyes v. Chile, 2006, paragraph 131), and that freedom of expression and of the press is “a cornerstone upon which the very existence of a democratic society rests” (Advisory Opinion OC‑5/85, “Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism,” paragraph 70);

That the Main Declaration of the Ibero-American Summit of Supreme Court Chief Justices, held in Cancún, Mexico, in 2002, states, “The rule of law in modern times is characterized by the legal assurance, certainty, confidence, and genuine possibility that each individual is granted that to which he or she is entitled by law”;

That the Declaration of the Ibero-American Summit of Supreme Court Chief Justices and the Declaration of Judiciary Councils, held in Copán/San Salvador, in 2004, states: “A judicial system and a press that are independent and impartial, and whose actions are governed by acceptable levels of professionalism and ethics, are essential to strengthening a democratic society”;

That one of the essential duties of the judicial branch, as established in the constitutions of Latin America, is to protect each individual’s rights from the excesses and omissions of the other branches of government, as well as from those who violate the law, and to uphold their constitutional rights in the process;

Agree

1.-To emphatically repudiate violence when perpetrated in an attempt to prevent the practice of freedom of the press and freedom of speech and to obstruct justice.

2.-On the importance of taking  the measures necessary to investigate and punish attacks on freedom of speech and crimes against journalists and officials of the justice system in order to break the vicious cycle of impunity.

3.-On the importance of encouraging  all branches of governments,  of each country and at every level, to apply  the international and inter-American instruments that provide conceptual and normative tools to hand down sanctions with greater effectiveness against those who attack freedom of speech and obstruct justice, without jeopardizing judicial  independence.

4.-To create opportunities to join with specialists and members of society to discuss the possibility of pursuing legal reforms so that those guilty of attacking freedom of speech may be duly prosecuted, convicted, and sentenced; specifically, when applicable, to recommend the implementation of new model of criminal procedure.

5.-To promote national and regional forums and seminars for members of the media and the judiciary in order to create opportunities for them to find common grounds, seek mutual understanding, and engage in a dialogue on a culture of lawfulness and the value of freedom of speech, and that public education campaigns on these issues be pursued. 

FUENTE: nota.texto7