Miami (21 de mayo de 2026) — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto con otras organizaciones internacionales y regionales defensoras de la libertad de prensa, enviaron una carta al nuevo fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, en la que le solicitan impulsar un cambio inmediato para poner fin a la persecución y criminalización de periodistas, archivar procesos arbitrarios, garantizar la libertad de prensa y restituir los derechos de los comunicadores afectados.
Las entidades firmantes también exhortan al Ministerio Público a garantizar condiciones para el regreso seguro de periodistas exiliados y recuperar la credibilidad institucional. Asimismo, subrayan que no puede haber libertad de prensa bajo amenazas y que el Estado debe garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, en línea con los estándares internacionales.
Señor Fiscal General:
Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por su nombramiento como Fiscal General de Guatemala. Le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión y en el cumplimiento de sus responsabilidades al frente del Ministerio Público.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa y el uso del Ministerio Público, durante los últimos ocho años, como una herramienta de criminalización para perseguir, intimidar y silenciar a periodistas, medios independientes y voces críticas que denunciaron corrupción y abusos de poder en Guatemala.
Diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y organizaciones enfocadas en la promoción de la libertad de prensa y de derechos humanos, han documentado un patrón sostenido de persecución judicial, hostigamiento, amenazas, vigilancia, campañas de difamación, exilio forzado y detenciones arbitrarias contra periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha advertido reiteradamente que el uso indebido del derecho penal y de las instituciones de justicia para castigar expresiones críticas constituye una grave violación a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor incompatible con una sociedad democrática. Asimismo, la CIDH ha señalado que el exilio forzado de periodistas es uno de los indicadores más alarmantes del deterioro democrático en las Américas y una consecuencia directa de la persecución estatal y la falta de garantías para ejercer el periodismo libremente.
El caso del periodista Jose Rubén Zamora se convirtió en el símbolo más visible de esta política de persecución. Su encarcelamiento arbitrario, las condiciones de su detención y los procesos espurios promovidos en su contra fueron ampliamente denunciados por organismos internacionales como represalias por su labor periodística y sus investigaciones sobre corrupción.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha documentado cientos de agresiones y restricciones contra periodistas durante los últimos años, incluyendo acoso judicial, intimidación, criminalización y ataques al ejercicio periodístico. De acuerdo con informes públicos citados por organizaciones internacionales, más de 20 periodistas guatemaltecos se vieron forzados al exilio entre 2022 y 2023 como consecuencia de amenazas, persecución judicial y temor fundado de represalias.
A ello se suma la persistencia de ataques y asesinatos contra periodistas en condiciones de alta impunidad. La falta de investigaciones diligentes y sanciones efectivas ha contribuido a consolidar un clima de miedo y autocensura incompatible con los estándares democráticos y las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala.
La continuidad de estas prácticas debilitó el Estado de Derecho, erosionó la confianza ciudadana en las instituciones y envió un mensaje de miedo a quienes ejercen el periodismo independiente.
Ante el inicio de una nueva etapa en el Ministerio Público, solicitamos respetuosamente que su gestión marque un cambio claro, verificable e inmediato mediante las siguientes acciones:
1. Poner fin de manera inmediata al uso del derecho penal y de las fiscalías como mecanismos de persecución política y criminalización contra periodistas y medios independientes.
2. Desestimar y archivar todos los procesos espurios, arbitrarios o sin sustento promovidos contra periodistas y comunicadores por motivos relacionados con su labor informativa.
3. Garantizar plenamente la libertad de prensa y de expresión consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.
4. Restituir plenamente los derechos y la libertad de los periodistas que fueron arbitrariamente detenidos o continúan sometidos a medidas judiciales desproporcionadas derivadas de procesos de criminalización.
5. Crear condiciones reales y garantías de seguridad para que periodistas y comunicadores forzados al exilio puedan regresar a Guatemala sin temor a represalias, detenciones arbitrarias o persecución judicial.
6. Fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para que el Ministerio Público Investigue de manera independiente, imparcial y efectiva las amenazas, agresiones y crímenes cometidos contra periodistas, garantizando justicia y sanción para los responsables materiales e intelectuales.
7. Reconstruir la independencia y credibilidad del Ministerio Público, asegurando que ninguna fiscalía vuelva a ser utilizada para proteger intereses políticos o redes de corrupción.
La libertad de prensa no puede existir bajo amenaza, miedo o persecución. Guatemala necesita instituciones que protejan el derecho ciudadano a informar y ser informado, y no estructuras utilizadas para castigar el periodismo independiente.
La CIDH y su Relatoría Especial han recordado que el Estado tiene la obligación no sólo de abstenerse de perseguir periodistas, sino también de generar condiciones reales para el ejercicio seguro e independiente del periodismo, prevenir la estigmatización desde el poder público y combatir la impunidad de los crímenes contra la prensa. El restablecimiento de estas garantías es indispensable para la reconstrucción democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
Confiamos en que esta nueva administración del Ministerio Público asumirá la responsabilidad histórica de poner fin a los años de criminalización y devolver garantías democráticas fundamentales para el ejercicio libre del periodismo. Asimismo, los abajo firmantes seguimos trabajando activamente en apoyo al estado de derecho en Guatemala y nos ponemos a su disposición para mantener un canal de comunicación abierto con su oficina a fin de colaborar en estas tareas.
Atentamente,
Committee to Protect Journalists
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Protección Internacional Mesoamérica
Red Centroamericana de Periodistas (RCP)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Free Press Unlimited (FPU)
Fundamedios
Reporteros Sin Fronteras (RSF)"
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
